Nuestro sistema tributario “histórico”, por oposición a “racional”, es decir que responda con criterio técnico a las necesidades de la economía y que no esté sólo dirigido a recaudar, vuelve a presentarse como una imperiosa necesidad. Su estructura en grandes líneas responde a enfoques dominantes hace unas ocho décadas sin las correcciones que ha ido demandando nuestra evolución productiva. Para peor, se han registrado parches ocasionales y agregado gravámenes poco recomendables desde que desaniman a los contribuyentes, entre otras cosas, porque dificultan su normal desempeño.
El denominado impuesto al cheque siempre fue desestimado. No sólo se lo impugna por sus intrínsecas debilidades, sino también porque según las provincias el Gobierno nacional se ha ido apropiando de la recaudación en desmedro de sus intereses. Como híbrido lo acompaña el Impuesto sobre los Bienes Personales, que como he señalado durante años discrimina contra la población de menores recursos, simplemente porque bienes como la vivienda o el automotor son registrables y de fácil localización. En cambio, los pudientes, cuya riqueza suele estar diversificada y territorialmente dispersa, pueden sustraerse a parte importante de la contribución.
Entonces, la siempre reclamada equidad sigue pendiente. Son los efectos económicos y sociales sus más severos inconvenientes. La discriminación mencionada apunta contra el principio de la capacidad contributiva que rige universalmente como criterio rector. En el frente económico, el mal denominado impuesto sobre la riqueza, en la medida en que no contempla los pasivos, como es en patrimonio neto, recae sobre los activos brutos y la tasa efectiva, en este caso, superaría la legal, paradójicamente, agudizando la regresividad. Por ello, el eminente Edwin Seligman descalificó la imposición patrimonial hace un siglo, afirmando que se trata de la peor contribución conocida en el mundo civilizado.
El Impuesto al Cheque, por su parte, ni siquiera configura una “reliquia bárbara” en términos keynesianos, porque nunca trascendió entre los recursos gubernamentales corrientes. Algo de verdad puede deducirse de esa observación, con respecto a la desaparición de la imposición patrimonial en la legislación comparada. En cambio, el impuesto sobre débitos y créditos bancarios (al cheque) configura una suerte de “rara avis” porque, entre otras cosas, puede estimular prácticas de pago al contado y sistemas financieros informales, además de favorecer la evasión vía ocultamiento de transacciones.
Por otro lado, este oneroso gravamen disminuye la bancarización en la economía, limita la liquidez y como consecuencia la base crediticia del sistema que, por definición, restringe la inversión, cuando no obliga a apelar al crédito externo, que frecuentemente crea distorsiones cambiarias y potenciales devaluaciones que no son ajenas a la tasa de inflación. Ahora bien, el hecho de que este impuesto sea una rareza podría persuadirnos de que la eventual derogación o pérdida de recaudaciones, coparticipadas o no, podría compensarse por dos razones, aunque con alguna demora. Primero por el cambio de humor social, nuevas expectativas reactivadoras y menores costos fiscales que, además, amortiguarían presiones inflacionarias, sobre todo si la economía crece. Segundo, si se reformularan los enfoques que deben regir en materia de gasto público, donde los controles de legalidad y de eficiencia deberían prevalecer en obsequio de gestiones transparentes.
No sólo se trata de gastar menos eliminando los gastos improductivos, sino de gastar mejor, o sea en erogaciones que respondan fielmente a satisfacer necesidades jerarquizadas por su contribución a la utilidad, productividad y rendimiento económico y social. Hace años reclamo, sin resultados, la formación de un panel de expertos para que se pronuncie sobre estos temas y para facilitar la tarea de funcionarios y legisladores, quienes tendrán la oportunidad de discutir y expedirse para salir del marasmo. No es una fantasía. Es una práctica casi global merecedora de atención.
*Economista.
