Antes que nada, no nos olvidemos de Jorge Julio López.
A casi un año y medio de su desaparición, nada se sabe sobre qué pasó con él. La presentación judicial que en los próximos días harán sus abogados y que a continuación adelantamos, no hace más que poner el alerta roja sobre un hecho que nos retrotrae a los años obscuros de la dictadura y su secuela de secuestros, torturas y desaparición de personas. He aquí los principales puntos del escrito que se presentará ante la Justicia:
Se está en una situación de cuasi archivo de la causa.
En el juzgado del Dr. Arnaldo Corazza no hay nadie que esté dedicado exclusivamente a la causa, ya que el juez se ha negado a que sea asignada a la Secretaría Especial que es la que entiende en delitos de lesa humanidad.La fiscalía del Dr. Franco aduce falta de personal para abocarse de lleno a la causa.
La Corte Suprema de Justicia tampoco asignó personal extra para esta tarea.
Pocas horas antes de este adelanto del contenido de la presentación judicial en cuestión se ha asignado al caso un poco más de personal. ¿Curioso, no?
De las medidas de prueba pedidas por los abogados que representan a López sólo se aceptó el 10%.
La Policía investiga lo que quiere tarde y mal.
Durante la gobernación de Felipe Solá se permitió que la investigación sobre policías y militares retirados estuviera a cargo de Oscar Farinelli, quien fuera miembro de la Dirección de Inteligencia de la Policía durante la dictadura.
Hay investigaciones totalmente formales. Ejemplo: supuestamente, hace un año y medio que tienen intervenidos los teléfonos de los policías mencionados por López en su declaración e informan sin novedad. Nunca se anoticiaron de que uno de ellos murió el año pasado y que el otro falleció en 1986.
Se le entregó en mano un petitorio al gobernador Daniel Scioli quien, hasta el momento, no lo contestó.
Se solicitó que la investigación quedara a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria bajo la jefatura de Marcelo Saín. El juez Corazza rechazó todas las pruebas propuestas por Saín y le realizó una notificación diligenciada a través de la Policía Bonaerense. A partir de ahí Saín ya no quiso saber nada de la causa.
Con relación a los allanamientos en la unidad carcelaria de Marcos Paz, se denuncia que “más allá de los resonantes allanamientos ni el juez Corazza ni el fiscal Francos se animaron, presionados por el Gobierno nacional, a pedir el procesamiento del entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, quien alegremente informó en una nota que nadie tenía privilegios, ni teléfonos ni visitas fuera de los horarios habituales para todos los detenidos”.
Los papeles incautados quedaron tirados en algún lugar del Ministerio de Seguridad y nunca llegaron a quienes realizan el programa de seguimiento de los entrecruzamientos telefónicos.
Todas estas denuncias revisten una enorme gravedad ya que, de seguir las cosas así, nunca se sabrá la verdad sobre lo que le pasó a Jorge Julio López. Esto es estremecedor, porque nos retrotrae a los oscuros años de la dictadura militar, con su saga terrible de secuestros, torturas y desaparición de personas.
Un poco de historia
Colombia. En el año 1958 un golpe de Estado encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla derrocó al gobierno del presidente Laureano Gómez. El gobierno de Rojas Pinilla ofreció una amnistía para los guerrilleros que habían protagonizado hechos subversivos –entre ellos el Bogotazo de 1948– durante el período conocido como “La Violencia”.
La mayoría de los guerrilleros aceptaron esa amnistía. No obstante, algunos grupos más duros, de extracción liberal y comunista, la rehusaron y continuaron con sus acciones, retirándose a lugares más aislados de Colombia en donde prosiguieron con sus actividades. En ese período jugó un rol muy importante Jacobo Arenas, quien escribió un libro, Diario de la guerra de Marquetalia, en el cual hay una crónica de los enfrentamientos entre los rebeldes y las Fuerzas Armadas de Colombia durante esos años.
La primera aparición de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) remite a ese período de “La Violencia” de principios de los años 50, y fue organizada por Dumar Aljure.
En 1964 se produjeron las primeras acciones represivas contra los territorios más o menos autónomos que habían logrado dominar las FARC alrededor del enclave de Sumapaz. Las fuerzas rebeldes se dispersaron para volver a reamarse en el así llamado Bloque Sur. En ese año, el Bloque Sur decidió hacer suya la denominación FARC y quedó bajo el mando de Jacobo Arenas y de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”.
Estas FARC dieron comienzo a su existencia real en el año 1966.
Jacobo Arenas fue un intelectual comunista con un buen nivel de educación. En cambio, Marulanda es una persona de origen campesino con escasa educación.
En 1982, durante la Séptima Conferencia, se estableció el plan de tareas de la organización. La idea fue la de cambiar el estatus de organización guerrillera a ejército rebelde, según lo establecido por la Convención de Ginebra del 12 agosto de 1949 y sus protocolo agregados. Así, entonces, se estatuyeron grados militares, se agregaron insignas a los uniformes, hubo nuevas reglas para el inventario de armas y municiones y se incorporó armamento con nuevas tecnologías.
Jacobo Arenas falleció en agosto de 1990. La causa oficial de su muerte fue un ataque cardíaco, aun cuando circularon versiones de diversas fuentes que aludieron a un asesinato por parte de un integrante de las FARC que vengó así la ejecución de su hermano ordenada por Arenas.
El 7 de noviembre de 1998, el entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, otorgó a las FARC un área de 42.000 kilómetros cuadrados en los alrededores de San Vicente de Caguán. Esta fue una de las concesiones pedidas por las FARC para comenzar negociaciones en busca de la paz.
El proceso que allí se inició duró unos tres años. Durante ese período hubo varios informes –entre ellos uno aportado por la BBC de Londres– que indicaron que las FARC aprovecharon la declaración de esa zona liberada para importar armas, exportar drogas, reclutar menores y consolidar su ejército. Finalmente, tras una serie de acciones guerrilleras de alto impacto sobre pequeñas poblaciones con una secuela de varias muertes, el secuestro de un avión y de varias figuras políticas, y el episodio de arresto por parte del gobierno colombiano de tres miembros del IRA (Irish Republic Army), acusados de dar entrenamiento a los guerrilleros y de circular por el país con pasaportes falsos, el presidente Pastrana decidió dar por finalizadas las negociaciones por la paz con las FARC. Al poco tiempo de esto, la organización guerrillera secuestró a la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Este es el contexto del grave episodio ocurrido el 1º de marzo pasado, cuando, en abierta violación a la soberanía territorial de Ecuador, efectivos de las Fuerzas Armadas de Colombia atacaron el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano dando muerte al número dos de la organización guerrillera, Raúl Reyes.
El final de saludos y abrazo de la cumbre de los países del Grupo Río –nunca más oportuna– ha traído la necesaria distensión y cuota de cordura que debería generar una aproximación más racional al terrible problema que significan las FARC y sus métodos violentos y atentatorios de los derechos humanos. En ese sentido, esa condena a las FARC está faltando. El análisis de la situación demuestra tal complejidad que todos los responsables políticos de la región deberían reencauzar su enfoque.
El presidente de Colombia es un presidente elegido democráticamente, y uno de los apoyos más importantes para su voto ha sido su lucha contra la guerrilla y también contra grupos paramilitares, focos también de ilegalidad en su país. Sin embargo, cometió aquí un grueso error no sólo por la violación territorial de Ecuador sino también por no haberle dicho la verdad al presidente de ese país, Rafael Correa, en la conversación radial del sábado, cuando lo informó de lo sucedido en la zona fronteriza. Al delito hay que combatirlo con la legalidad. Es un imperativo moral de los Estados, cuyas violaciones siempre generan males peores.
En este aspecto hay que decir que sería fatal para la región que la doctrina Bush se inmiscuyera en ella. El gobierno de Colombia debe ser consciente de esta realidad.
Dicho esto, también hay que expresar que todos los países limítrofes con Colombia tienen la obligación de no dar ningún tipo de protección a las FARC. Hacerlo significa, en los hechos, llevar adelante un acto que podría ser interpretado como una intromisión en los asuntos internos de Colombia, lo cual es, a su vez, condenable.
Un dato más: tiempo atrás, Raúl Reyes, el líder terrorista muerto, había hecho un viaje secreto a Bucarest. Allí se entrevistó con Semyon Yukovich Mogilevich, jefe máximo de la organización terrorista Sol Naciente, con el objetivo de adquirir uranio para la fabricación de una bomba “sucia”. Mogilevich está acusado de dedicarse al tráfico de drogas y de personas, y a financiar actos terroristas.
La actitud del presidente Hugo Chávez de militarizar la frontera con Colombia y de azuzar el enfrentamiento en vez de actuar como mediador inmediato fue de una imprudencia fenomenal. Chávez perdió la oportunidad de actuar como el estadista que pretende ser y que, evidentemente, no es. La realidad demuestra que tiene un rol importante en los acontecimientos políticos de esa región. De hecho, su actitud conciliadora fue importante para lograr el acuerdo en la cumbre de presidentes en Santo Domingo, la que tuvo ribetes de culebrón –pocas veces visto en este tipo de reuniones– que generaron niveles notables de audiencia televisiva.
En este contexto, no hay que olvidar a los rehenes y su dramática e inhumana situación.
¿Cuál fue el rol de “la presidenta Cristina”, como la llamó el presidente de Colombia?
Que estos hechos hubieran ocurrido justo en la semana en la que debía ir a Venezuela le generó inquietud. En algún momento se pensó en suspender el viaje a Caracas (esto será desmentido hasta el cansancio, pero fue así). Ahí jugó, una vez más, el tándem matrimonial. Néstor Kirchner insistió a su esposa que debía ir y marcarle la cancha a Chávez. El ex presidente juzgó como una verdadera torpeza la decisión del presidente venezolano de militarizar la frontera entre su país y Colombia. El viaje a Caracas tenía un objetivo esencial para el presente y el futuro inmediato de nuestro país: la energía que hace a la Argentina tan dependiente de Hugo Chávez, tal como reconoció la Presidenta en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
En el transcurso de la semana la Presidenta habló telefónicamente con los presidentes Uribe (dos veces), Lula, Bachelet y Correa, además de los encuentros personales que tuvo con Correa y Chávez en Caracas. “A la Presidenta le encanta este rol de mediadora”, expresan desde las entrañas de la Cancillería, en donde se esmeran por poner el acento en la confianza que Cristina Kirchner le tiene al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana.
En tal sentido hay que señalar que las primeras manifestaciones acerca del conflicto por parte del canciller Taiana fueron poco felices, ya que, más allá de la pertinente condena a la violación territorial sufrida por Ecuador, dejaron al gobierno argentino muy pegado a la imprudente primera reacción del presidente Chávez.
Finalmente, corresponde decir que el gran protagonismo en la región lo tuvo, una vez más, el presidente Lula, quien, sin fotos ni discursos, fue clave para poner a cada uno de los principales protagonistas –los presidentes de Colombia, Ecuador y Venezuela– en su lugar en este dramático episodio con aires del realismo mágico que tan magistralmente ha descrito Gabriel García Márquez a lo largo de su admirable obra.
Producción periodística : Laura Bartolomé.
