Veamos las tarifas de los servicios públicos (transporte, energía, agua, comunicaciones) en los años post crisis de esta década, los subsidios del Estado a las mismas, y los efectos políticos engendrados. Y anotemos algunas observaciones generales, que por supuesto pueden tener excepciones.
En el momento de la crisis, con independencia de la discusión sobre si esos servicios eran “caros” o “baratos” en relación con costos o comparaciones internacionales, los subsidios que recibían del Estado acompañaban la regresividad impositiva, beneficiando comparativamente más a los sectores medios y altos en detrimento del contingente pobre. La crisis que acompañó al default llevó a mantener tales subsidios sin que, en términos generales, se modificara su estructura social.
Cuando comienzan a soplar vientos de bonanza, y a pesar de las aspiraciones de centroizquierda del nuevo gobierno (2003), tal estructura se mantiene en lo esencial, sin permitir, además, aumentos significativos de las tarifas a lo largo de varios años. Naturalmente, nadie protesta, salvo los proveedores de los servicios, que claman que la inflación, aunque lerda, sigue viva, que no se puede invertir en modernizar y ampliar la cobertura, y que si se sigue así van a tener que volver a manos del Estado, que es la única empresa que puede trabajar a pérdida (porque el quebranto lo pagan los contribuyentes).
A tales diatribas por cierto impopulares se contesta desde la política, oficial o de ciertos opositores “progresistas”, que ya han lucrado en exceso los protestones en los años del reino del FMI, del Banco Mundial y (como cita literaria) el Consenso de Washington, y que ha llegado la hora de que ayuden a un pueblo castigado en la década de los 90 por un gobierno que equivocó el rumbo del tren de la historia. (En esta última alusión, por delicadeza política, se suele personificar en quien presidió la década y no en el partido al que pertenecía y gobernó.) La difuminada derecha política, cuidando la imagen (en la Argentina han sido erradicados los conservadores, son mal vistos), participa poco en el debate, aunque se sospeche que está del lado de los expoliadores.
En realidad, la postergación del ajuste tarifario no se origina en la búsqueda de aplauso –que no ocurre, para lograrlo habría que rebajar–, sino en evitar la protesta, teniendo a la vista las elecciones que tenemos cada dos años.
Claro que un gobierno en serio progresista podría haber efectuado ajustes estudiados en función de mantener la salud presente y futura de los servicios públicos y mejorar la estructura redistributiva de los subsidios, haciéndolos mayores en los grupos medio bajos y bajos de la escala social. Pero el Gobierno quería ganarse a la esquiva clase media urbana, irritable y consentida, y era más sencillo postergar.
El resultado electoral de 2007 estuvo condicionado a múltiples influencias como para una evaluación de cuánto pesó cada una, pero en razón de que la única verdad es la realidad, llegó la hora en que los costos y beneficios invirtieron su relación, y la economía impone algunas decisiones que la política cortoplacista –¿hay otra en el país?– preferiría evitar. En marcha ya el ajuste tarifario. Ahora sí se intenta hacerlo redistributivo: pagarán más los que están mejor y no se modificará en general la situación de los que están peor.
La consecuencia política visible de todo esto es que los ayer sobreprotegidos gritan su disgusto en la calle, y el resto permanece indiferente, sin conciencia cabal del beneficio. Los gobernantes que se ufanaban por la “sensibilidad social” (¿o electoral?) que inspiraba la prórroga sienten cortadas las alas de su vuelo facilista, pero difícilmente aprenden uno de los axiomas fundacionales de la buena política: gobernar implica siempre costos políticos por disgusto de sectores de la ciudadanía, pero cuando esa impopularidad surge de iniciativas que promueven el bien común, tarde o temprano se recuperan como reconocimiento.
*Ex ministro de Salud.
