La semana comenzó difícil para el oficialismo. El tiro en los pies que se dio con la inclusión del inadmisible artículo 44 en el proyecto de ley de reforma laboral generó un ida y vuelta de reproches de alto volumen no solo desde toda la sociedad, sino también desde el interior del Gobierno. Los reproches de unos hacia otros fueron y despiadados. ¿A quién se le ocurrió ese disparatado artículo? Esa era la pregunta que todos se hacían en el oficialismo. Los que presumían de saberlo todo respondían con total contundencia que solo una persona podría haberlo hecho: Javier Milei. Incomprobable, pero, a la vez, absolutamente posible.
Le costó varios días al Gobierno darse cuenta de que no había ninguna posibilidad de que el proyecto de ley fuera aprobado en la Cámara de Diputados si no se eliminaba de un plumazo ese artículo. Finalmente, eso ocurrió el miércoles. En el ínterin fue penoso ver a la senadora Patricia Bullrich fatigando los sets de televisión y los micrófonos de las radios tratando de defender lo que era claramente indefendible. El objetivo de esa defensa cerril era evitar que la modificación del proyecto de ley obligara a remitirlo nuevamente al Senado para su tratamiento definitivo. Esa meta fue imposible de alcanzar. Resignado y ya con la perspectiva de lo inevitable, el oficialismo enfrentó la sesión, con la perspectiva de una victoria parlamentaria segura y la certeza de que a la batalla en la Cámara baja le seguiría una nueva en la Cámara alta. El triunfo en la Cámara de Diputados fue contundente y holgado: 145 votos a favor y 115 votos en contra. Los gobernadores de Santa Cruz, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones –todos peronistas– más el de San Juan aportaron los votos de sus diputados, dándole así robustez política a la aprobación del proyecto.
Si la victoria del Gobierno fue contundente, también lo fue la derrota del peronismo en general y de la CGT en particular. El artículo 44 le dio vida a la dirigencia sindical para enarbolar la bandera de la protesta y abocarse a la concreción de un paro general nacional. Hay que subrayar que, en principio, la CGT permaneció silente ante la aprobación del proyecto de ley. Esa alerta la dimos varios periodistas, a partir de una declaración de Federico Sturzenegger, quien en un providencial “sincericidio” se refirió a este artículo queriendo justificarlo. Fue explicar lo inexplicable. Recién ahí el sindicalismo reaccionó. Recuérdese, por otra parte, que el triunvirato y la cúpula habían dado luz verde al proyecto de ley una vez que se habían garantizado los fondos y aportes patronales que les permiten seguir haciendo política. Nótese el detalle: seguir haciendo política.
Producida la eliminación del artículo, esa medida de fuerza carecía de sentido. Debió haber sido levantada. Hubiera sido una medida verdaderamente revolucionaria, porque hubiese sido una muestra de sensatez, de astucia y de reflejos políticos también. Pero nada de ello ocurrió. Por lo tanto, el paro fue absolutamente irrelevante desde el punto de vista político, social y económico. En lo político, porque, finalmente, el proyecto de ley se aprobó; en lo social, porque la mayoría de la población quiere y necesita trabajar, no parar; y en lo económico, porque se perdieron centenares de millones de pesos. Esa es plata que pierde la gente y, en especial, dentro de ese universo, los que menos tienen.
Para completar el cuadro de lo sucedido el jueves, hay que mencionar los episodios escandalosos protagonizados por la diputada kirchnerista Florencia Carignano, quien procedió a desconectar los micrófonos de los taquígrafos y se dirigió de manera vulgar a la diputada Lilia Lemoine que grababa todo y, cuyo léxico tampoco apela a las más refinadas y elegantes expresiones y palabras tan abundantes en la lengua española.
El peronismo sigue sin advertir que comete un grueso error si cree que con el patoterismo va a amedrentar a la militancia y/o la dirigencia de La Libertad Avanza. En verdad, es exactamente al revés. El oficialismo –empezando por el Presidente– se siente absolutamente cómodo navegando por las aguas siempre procelosas de la vulgaridad, la descalificación y la agresión verbal. ¡Ya deberían haberse dado cuenta!
En el medio de todo esto, surgió el cierre de FATE (Fábrica Argentina de Telas Engomadas). El momento elegido por la empresa productora de neumáticos generó una abundancia de hipótesis conspirativas que aún no ha cesado. Javier Madanes Quintanilla, el principal accionista de la firma, supo exponer hace unos años una curiosa afinidad con el kirchnerismo. En efecto, durante un acto sucedido en junio de 2012, Madanes Quintanilla le agradecía a Cristina Fernández de Kirchner por la colaboración de su gobierno por la posibilidad de reinvertir y generar una mayor cantidad de puestos de trabajo (sic).
Más allá de estos vericuetos, el caso es representativo de la crisis por la que atraviesan muchos rubros del sector industrial. La caída del consumo, la cantidad de productos importados que entran al país sin aranceles, la alta carga impositiva de la Argentina y la dificultad de obtener créditos a tasas accesibles constituyen un combo altamente dañino para el entramado productivo de la Argentina. De esto se habló en la reunión que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con los representantes de la UIA. Ambas partes se encargaron de señalar que la reunión había sido cordial. Dato: cuando de un encuentro de semejante importancia, el subrayado hace hincapié en “reunión cordial” es que, respecto del fondo de las cuestiones, nada trascendente pasó y que no se arribó a ninguna solución para un problema. Y eso fue lo que sucedió: mucho ruido y pocas –muy pocas– nueces.
