El proyecto de ley que busca llevar adelante una “reparación histórica” a los jubilados cuyos derechos fueron vulnerados, en el mismo sentido que el famoso Badaro, cobrando por años haberes más bajos de lo que deberían, incluye un programa de blanqueo de capitales, justificado como un medio para financiar dicho objetivo, ya que se propone que los recursos obtenidos en concepto de penalidades (a quienes adhieran al programa) “contribuyan” a financiar el pago de los gastos previstos para la “reparación” en concepto de “retroactivos”.
Pero de la lectura del propio proyecto, al argumentar las previsiones acerca de una exitosa adhesión al programa de blanqueo, se desprende el fuerte interés que éste supone para los evasores, casi desdibujando el valor de dicho programa para el interés público.
El blanqueo de capitales, al eximir a los adherentes del pago de retroactivos y estimular su declaración voluntaria con exenciones impositivas, supone para el fisco renunciar a parte de los ingresos que percibiría en caso de detectar por su cuenta el dinero evadido. No sólo implica condonar los montos retroactivos evadidos, sino que incluye exenciones impositivas para los evasores que adhieran, y hasta una reforma tributaria que elimina ciertos tributos (y aunque la eliminación se acompaña del anuncio referido a la creación de otros tributos que los sustituyan, este proyecto no se ocupa de crearlos).
Si bien podría justificarse que el Estado resigne tales ingresos (al menos alguna parte) frente a su incapacidad para detectar ese dinero sin la cooperación del evasor, el beneficio se torna dudoso teniendo en cuenta lo expresado en el texto del proyecto: apenas dentro de un par de años, se declara, será plausible para el fisco detectar dinero internacionalmente oculto, gracias a la próxima implementación de un sistema de intercambio de información internacional.
“En el año 2014 la OCDE sumó otro gran logro en materia de transparencia fiscal a partir de la adopción del mencionado Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera en Materia Impositiva, que invita a los gobiernos a obtener detallada información de las cuentas provenientes de las instituciones financieras e intercambiarla automáticamente con otras jurisdicciones año a año. A la fecha, un gran número de países se han comprometido a implementar este estándar, trabajando para ello en un cronograma ambicioso de tiempos para realizar el primer intercambio automático en el año 2017 o 2018, y Argentina se encuentra en el grupo de los early adopters, asumiendo el compromiso para realizar el primer intercambio en 2017. Frente a ello resulta evidente, para un gran número de personas que mantienen ocultos sus bienes en el exterior que la posibilidad de detección de sus maniobras de evasión por parte de las autoridades fiscales aumentará rápidamente”.
El texto argumenta que, frente al inminente riesgo de ser descubierto en delito fiscal, los evasores encontrarán motivación para aprovechar la oportunidad que el Gobierno les brinda.
“El escaso tiempo que resta antes que el estándar sobre intercambio automático de información sobre cuentas financieras comience a operar en numerosos países resultará, en muchos casos, la última oportunidad para aquellos contribuyentes incumplidos para que, voluntariamente, revelen sus bienes y cuentas ocultas en el exterior. Dado que, en los hechos, el intercambio automático de información a efectos tributarios implicará el fin de las cuentas bancarias no declaradas”.
En este marco, quedan desdibujadas las ventajas que el blanqueo reporta para el fisco, en la medida en que deberá renunciar a recursos que podría obtener en un par de años sin necesidad de contar con la cooperación de los evasores. Lo grave es que, a pesar de lo controvertido que el programa de blanqueo puede resultar en la coyuntura descripta por el texto oficial, el debate ha sido presentado en un segundo plano respecto del objetivo principal del proyecto en discusión. Así, al atar el proyecto de blanqueo a la ley de “reparación de los jubilados”, como uno de los medios para instrumentar ese objetivo, se minimiza la discusión sobre la pertinencia de realizar dicho programa, colocando un espinoso debate detrás de otro políticamente más conveniente, al estar cargado de consensos sociales respecto de su justicia y necesidad, como es reparar los derechos largamente vulnerados de los jubilados argentinos.
*Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora de Ciecs-Conicet.
