La solicitada que, días atrás, publicaron diversos medios de comunicación, mediante la cual diferentes personalidades reclamaron la remoción del juez Daniel Rafecas, puso de relieve una discusión de elevado contenido institucional, ya que muchos consideraron que, la misma, constituye una presión contra el Poder Judicial, y por lo tanto una actitud antirrepublicana perpetrada por quienes la suscribieron.
El debate es apasionante, pero de ninguna manera puede avalarse la hipótesis antes referida. En efecto, una de las principales características del sistema republicano de gobierno, es la independencia del Poder Judicial; pero ella no implica una restricción a la libertad de expresión y al derecho de peticionar a las autoridades (cuyas vigencias son, por su parte, indispensables para la existencia de un régimen democrático), sino una clara inhibición, para las autoridades políticas y para los grupos o factores de presión, de realizar actos que afecten el imparcial accionar de los magistrados judiciales.
Es inconcebible pensar que, una opinión vertida en el marco de la más franca libertad de expresión, explícitamente consagrada en el Art. 14 de la Ley Fundamental, puede implicar una lesión o afectación al sistema pensado por Montesquieu hacia fines del siglo XVIII.
Afirmar lo contrario es enfrentar a la “república” con la “democracia”; ya que tanto la independencia del órgano judicial como el derecho de expresarse en forma libre, constituyen, respectivamente, pilares esenciales de ambos regímenes políticos.
En esa línea de razonamiento, si una solicitada mediante la cual se reclama la remoción de un magistrado, fuera anti- rrepublicana, otra en la que eventualmente se exija la renuncia de, por ejemplo, el presidente de la Nación, debería calificarse de antidemocrática, ya que vulneraría la decisión popular de una sociedad, previamente manifestada en las urnas.
La “república” y la “democracia” son sistemas de gobierno que se necesitan mutuamente, y las características de ambos se retroalimentan en forma continua para lograr un fortalecimiento conjunto de los dos regímenes políticos.
Suscribir una publicación cuyo objetivo fue manifestar que un juez debe ser destituido, a raíz de la intervención que le cupo en un expediente determinado, forma parte de un ejercicio de libertad democrática, que está lejos de afectar al régimen republicano, en la medida que ello no tuvo por finalidad torcer una decisión del magistrado cuestionado, así como tampoco de evitar que tome una u otra decisión judicial.
Por lo tanto, calificar a la publicación de marras como inconstitucional (lo sería si fuera cierto que afectó la integridad de un pilar esencial del régimen republicano), es insostenible desde una óptica institucional y democrática.
“Democracia” y “república” son dos conceptos que, independientemente analizados, no ofrecen dificultades para su comprensión individual; lo difícil es, muchas veces, compatibilizar el funcionamiento y vigencia de sus características. Pues este tipo de debates son útiles, justamente, para que toda una sociedad profundice el conocimiento acerca de ellas.
*Abogado constitucionalista.
República y libertad de expresión
