Ante la evidente reticencia de algunas autoridades de someterse a las conductas que imponen vivir dentro de un estado de derecho, la Justicia tiene remedios efectivos para restablecer el orden jurídico.
El artículo 666 bis del Código Civil y el 37 del Código Procesal prevén multas conminatorias o “astreintes” que consisten en una suma diaria, cuyo pago se impone a la persona que se niega a cumplir un requerimiento judicial.
El de los distintos gobernadores de Santa Cruz que se negaron a cumplir las reiteradas sentencias de la Corte Suprema en reponer a un funcionario con diversos pretextos sería un caso de escuela para que, el tribunal imponga al gobernador y los demás cómplices una multa diaria hasta que se allanen a someterse a los dictados de la Justicia. La maniobra grosera y torpe, pero no por ello menos maliciosa, que conmueve al país de sustituir un decreto afectado por una medida precautoria firme por otro del mismo tenor y ejecutarlo en forma clandestina e inmediata es un evidente alzamiento contra el imperio de la Justicia.
Ello habilita a que el tribunal interviniente imponga una multa diaria a la Presidenta, a los ministros y a la totalidad del directorio del Banco Central para que la paguen, solidariamente, hasta que hagan cesar el ilegal cumplimiento del acto administrativo dictado para soslayar el acatamiento de la orden judicial.
El maestro Hugo Alsina, introdujo en la Argentina las bases del procedimiento civil científico, que la jurisdicción, es decir la facultad que tienen los jueces de declarar qué es lo ajustado a la ley o no ante una situación particular dada, se integraba con la potestad de efectivizar la señalada declaración. Sin ese atributo no hay justicia ni estado de derecho.
Sin recursos económicos, sin salud, sin educación se puede vivir, mal, pero vivir: sin justicia los seres humanos nos trabamos en una feroz lucha por la supervivencia.
No hay otra autoridad que el Poder Judicial para que se los encarrilen dentro de la Ley.
*Abogado.
