La sociedad argentina llega a 2023 en una situación complicada y preocupante. En lo económico crece menos que su población como consecuencia de insuficientes inversiones productivas capaces de crear empleos genuinos y aportes impositivos que permitan al Estado atender sus necesidades de financiamiento. Lo primero lleva al desempleo, informalidad, pobreza e indigencia de muchos; y lo segundo, a una recaudación insuficiente que se suple por emisiones que terminan en inflaciones, complicando al Estado, que pasa a no contar con los recursos para financiar planes sociales y otras formas de asistencia, que se incrementan por la falta de empleo y crecimiento de la pobreza. Todo esto influye, además, en un incremento del riesgo país, que desalienta nuevas inversiones.
Esta situación, insostenible en el tiempo, que no se condice con los muy buenos recursos que posee Argentina, tanto en lo estructural como en las aptitudes de su fuerza de trabajo, obliga a preguntarnos por las causas de ese desfasaje. Y como no sería atinado recurrir a brujerías ni a destinos inexorables, parece necesario revisar el desempeño de los poderes del Estado que la Constitución Nacional designa para atender al desarrollo económico y garantizar el bienestar material, social y cultural del conjunto de los ciudadanos.
Dejamos de lado la responsabilidad que podría caberle al Poder Judicial en este proceso de estancamiento y pobreza, dado que, excepto la influencia que pudo haber tenido un posible control insuficiente de los actos de corrupción, sus atribuciones, fijadas en el artículo 116 de la Constitución Nacional, nada tienen que ver con los procesos económicos y sociales de la nación. Y en cuanto al Poder Ejecutivo, las atribuciones que le fija el artículo 99 se limitan a ser “responsable político de la administración general del país”.
En cambio, la Constitución es muy clara en cuanto a asignar al Congreso la responsabilidad por el desarrollo económico y el bienestar material de la población, cuando en su artículo 75 establece que “Corresponde al Congreso… proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias… promoviendo… la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros…” (inciso 18) y “Proveer lo conducente… al progreso económico… a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo…” (inciso 19).
Si hay estancamiento económico y una enorme deuda social en Argentina, la responsabilidad es, según lo establecido por nuestra Carta Magna, del Congreso de la Nación. Responsabilidad principal que se ratifica cuando la misma Constitución le otorga la facultad de controlar al Poder Ejecutivo rechazando posibles iniciativas del Ejecutivo. Esto es, el Ejecutivo no solo no está obligado por la Constitución a tomar iniciativas, sino que si tomara alguna contraria al desarrollo económico, la misma debiera ser rechazada por el Congreso, dada las facultades que el mismo tiene al respecto.
Por eso no parecen pertinentes las evaluaciones que circulan en los medios en cuanto a culpar al Ejecutivo por nuestros problemas económicos y sociales. Esta distorsión se ve favorecida por el hecho de que, en la práctica, las fuerzas políticas que llegan al gobierno proponen como presidente de la nación al líder de esas fuerzas, lo que lleva a que los legisladores decidan acatar las decisiones del partido, liderado por quien ejerce el Poder Ejecutivo, transformado así al Congreso en “una mera escribanía”, distorsionando la voluntad de la Constitución Nacional.
*Sociólogo.
