Las elecciones primarias del pasado domingo dieron al oficialismo un resultado aun más ajustado del que se aguardaba originalmente. El kirchnerismo no logró alcanzar el umbral del 30% de votos a nivel nacional, y fue derrotado no sólo en la provincia de Buenos Aires (lo que se preveía, aunque por una diferencia menor) sino también en otras provincias donde se suponía que su desempeño sería bueno, como Catamarca, San Juan, Salta, Corrientes y La Rioja.
Dado que la palabra final será dicha en dos meses, de aquí hasta octubre no deberían esperarse grandes cambios en materia económica, pero sí algunas medidas con las que el oficialismo intentaría mejorar su performance electoral. En otras palabras, seguramente se intentará recuperar la agenda con anuncios de alto impacto político, como el reclamado incremento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o inversiones en obras públicas concentradas en los municipios donde se juega parte del poder territorial.
Pero más allá de lo que pueda suceder en los próximos dos meses, lo cierto es que tras los comicios de octubre el Gobierno deberá decidir cómo seguir en materia de política económica. En este sentido, la magnitud de las distorsiones acumuladas ha vuelto creciente la necesidad de un cambio de rumbo. En particular, el principal desbalance que existe actualmente a nivel macroeconómico se da en materia de precios relativos, que se agrava por la presencia de una tasa de inflación instalada bien por encima del 20% anual. Y en especial esto es cierto para uno de los precios más importantes de la economía, como lo es el tipo de cambio, que en los últimos diez años tuvo un crecimiento cuatro veces menor a la suba promedio de los precios domésticos.
Tampoco es posible continuar demorando la corrección de otros precios clave como el de las tarifas energéticas, cuya escasa actualización ha tenido un rol sustancial en la reaparición de las restricciones fiscal y externa.
En el primer caso, dado que generó la necesidad de otorgar cada vez más subsidios a este sector, hasta el punto en que actualmente este rubro del gasto concentra casi 20% del total de las erogaciones, lo que representa más de dos puntos y medio del producto. Mientras que la política energética también tuvo una importante incidencia en el resurgimiento de la restricción externa, al motivar crecientes necesidades de importación de combustibles, ocasionando la desaparición del superávit comercial energético.
Además, hay que tener en cuenta que el año próximo no se podrá confiar otra vez el rumbo económico a la suerte, dado que las condiciones exógenas no volverán a proveer holgura como este año. Es que, por un lado, a nivel internacional es probable que comience a evidenciarse un retiro de los estímulos monetarios de parte de la FED (lo que permite adelantar mercados más volátiles y menores precios de las commodities), mientras que la economía brasileña continuaría enfrentando dificultades para mostrar un crecimiento económico más importante.
A nivel local, por su parte, si bien el clima sería benigno, tampoco dará lugar a un crecimiento de la cosecha agrícola en relación a la campaña 2012-2013.
Por lo tanto, en este contexto es razonable asumir como escenario base que tras las elecciones el Gobierno llevará a cabo algunas correcciones a las que se verá “forzado”, dado que posee pleno conocimiento de los riesgos que implica mantener el sendero actual. Seguramente veremos un ajuste en las tarifas energéticas que permita al menos desacelerar el crecimiento de los subsidios, y de esta forma reduzca las presiones sobre la emisión monetaria. También es esperable que continúe el mayor deslizamiento del tipo de cambio que se observó en 2013. Y si bien la Presidenta ha descartado en su discurso del miércoles la posibilidad de recurrir a los mercados internacionales de deuda, el Gobierno podría intentar conseguir algún financiamiento externo para obra pública.
Aunque todas las medidas continuarán careciendo de una mirada integral de la cuestión, y manteniendo un esquema de elevada intervención, tanto sobre la macro como sobre la micro.
Ahora bien, corregir el rumbo económico no será tarea sencilla para las autoridades, por varias razones. Por un lado, dado que los desbalances se han ido acumulando en forma progresiva durante muchos años, e incluso han sido agravados por las medidas de política económica en el pasado reciente.
Claramente el ejemplo más visible en este sentido es el cepo cambiario instalado tras las elecciones de 2011, que no sólo no ha permitido aliviar la restricción externa sino que la ha agravado.
Pero además, los resultados del domingo dan la pauta de que los desafíos para las autoridades serán todavía mayores, puesto que las correcciones deberán llevarse a cabo en un contexto en que a la restricción externa (y al escaso margen fiscal) se ha sumado una nueva restricción, de carácter político.
Esto es, si se confirman los resultados de las PASO, la restricción política reaparecerá en escena, reduciendo los márgenes de maniobra de las autoridades para conducir la marcha económica durante los próximos dos años. Lo que podría poner en duda las condiciones necesarias en términos de gobernabilidad para que los cambios necesarios puedan adoptarse exitosamente.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta algo. La experiencia pasada permite adelantar un hecho, y es que, más tarde o más temprano, la corrección de precios relativos ocurrirá. Pero aparece un aspecto clave y es de qué manera se llevará a cabo.
Si esta corrección no la administra la política económica (en el futuro cercano), la terminará haciendo el mercado. El problema es que este último no suele ajustar en forma gradual y ordenada, ni evalúa la equidad en el reparto de pérdidas.
Mientras que la política económica sí puede reducir los costos del ajuste a nivel agregado, y también distribuirlos de manera de reducir inequidades.
*Ex secretario de Industria de la Nación y director de abeceb.com.
