Después de una campaña pobre en propuestas las PASO han definido quienes pasan a disputar los cargos legislativos en noviembre. Sería bueno para la democracia, y para “la prosperidad del país”, que esa ausencia de propuestas se vaya revirtiendo, en el marco de una toma de consciencia respecto de la importancia que tienen las funciones legislativas para influir sobre el bienestar de los ciudadanos. El problema no es menor ya que el pobre papel que el Congreso viene desempeñando en el manejo del Estado es uno de los factores por detrás del creciente deterioro de las condiciones de vida de las mayorías, reflejado en el nivel de desempleo e informalidad que llevan a los niveles de pobreza e inseguridad que padecemos.
Nuestros representantes no han sabido (o no se han propuesto) utilizar las posibilidades que ofrece un manejo eficiente y ético del Estado para impulsar un desarrollo económico cuyos frutos equitativamente distribuidos habrían evitado ese deterioro social. Deficiencias que se observan tanto en el funcionamiento del Poder Ejecutivo como en el Legislativo, pero que parecen más graves en este último por ser consecuencia de un incumplimiento de las importantes funciones que le fija nuestra Constitución Nacional.
El artículo 75 apartado 18 de la misma establece que “Corresponde al Congreso… Proveer lo conducente a la prosperidad del país… promoviendo la industria…la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros…por (medio de) leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”. Mientras que su artículo 99 establece que el Poder Ejecutivo sólo es el “responsable político de la administración general del país”, y quien “expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación”.
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Los dirigentes de las diferentes fuerzas políticas han elegido un camino diferente, que privilegia el papel del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones en general, y en la política referida a la creación de riquezas y empleos genuinos en particular. Convirtiendo al Congreso en un cuerpo que funciona como una mera escribanía del Ejecutivo que da forma de leyes a sus propuestas de políticas; o peor aún, delegando en el mismo funciones que le son propias. En esa estrategia de dominación la dirigencia privilegia como candidatos para ocupar funciones legislativas no siempre a aquellos que están mejor preparados, sino a quienes pueden aportar más votos por considerarlos como los más populares dado el conocimiento que de ellos tendrían los votantes por unas actividades que poco tienen que ver con la política. Como resultado se obtiene un cuerpo de legisladores que en una buena proporción no es capaz de discernir cuándo leyes particulares que pueden funcionar como un parche para la coyuntura, se convierten en obstáculos para los objetivos generales de una estrategia global de mediano plazo.
Se malogran así las posibilidades que la Constitución ofrece al Poder Legislativo en cuanto a promover la prosperidad del país; las que cuentan además con una posibilidad poco frecuente en nuestra práctica política: la de compartir un espacio institucional donde representantes de las diferentes fuerzas están obligados a interactuar, creando las posibilidades de un diálogo que permita discutir, evaluar y compatibilizar, las diferentes propuestas en aras de la prosperidad tan postergada.
Sin llegar al parlamentarismo, es mucho lo que se puede conseguir haciendo que los legisladores estén a la altura de las funciones que la Constitución les señala, como son las de fijar los derechos y deberes de todos los ciudadanos y promoviendo “la prosperidad del país” a través de las leyes que el Ejecutiva debe ejecutar, y al que hay que controlar antes que cederles funciones propias.
