Ante cierta morosidad de la gestión gubernamental, a tres meses de la asunción y a seis del contundente triunfo en las primarias, entre alguna intelectualidad progreperonista no talibán circula la idea de que a Alberto Fernández le vendría bien un despegue simbólico como el ejercido por Néstor Kirchner al inicio de su mandato en la Escuela de Mecánica de la Armada.
A poco de asumir en 2003 con poco más del 20% de los votos y la renuncia de Menem a competir en el ballottage, Kirchner armó en la ESMA un acto reivindicatorio de la defensa de los derechos humanos y una condena tajante al terrorismo de Estado, siendo él la cabeza de uno de los poderes del Estado. Luego, en el Colegio Militar, le hizo descolgar al jefe del Ejército el cuadro con la imagen del dictador Videla.
Para una parte importante de la sociedad política, aquel gesto (que contradecía el silencio que el mismo Kirchner mantuvo en la dictadura) tuvo una carga alegórica que logró cohesionar fuerzas desperdigadas tras el estallido de 2001. Y sectores del oficialismo –de aquel y del actual– creen que Alberto F debería hallar rápido algún gesto con más dosis de simbolismo que de realidad, que luce acuciante por la situación económica que no vislumbra aclararse para bien o para peor hasta que se defina la negociación de la deuda.
Por eso, integrantes del Gobierno piensan que la embestida contra jueces y fiscales podría significar para AF algo parecido a lo que fue la ESMA para NK. El Presidente ya había anticipado en su discurso de asunción su voluntad de atacar los nexos viscosos entre los servicios de inteligencia y los servicios judiciales federales, así como criticó la politización de la Justicia y el lawfare. Sí, sí, eso mismo salió de la boca de la misma persona que fue jefe de Gabinete de Néstor y Cristina.
Abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la UBA, Fernández sabe como ningún otro mandatario en la historia argentina cómo es ese mundillo judicial. De ahí que intervino la AFI (con alguien casualmente afín a CFK), encaró un proyecto de reforma judicial y atacó con el recorte jubilatorio al Poder Judicial donde más le duele a cualquiera: el bolsillo.
Con la pírrica media sanción en Diputados del proyecto de ajuste en los privilegiados haberes judiciales, el Gobierno consigue vacantes para ocupar por renuncias pre-ley, perspectivas de ahorros en las cuentas públicas y poner a la Justicia como adversario político a la hora necesaria de confrontar, un ADN peronista que podría exacerbarse ante la ausencia de plata para gestionar.
Desde los tribunales admiten esos “beneficios” para el oficialismo, potenciados por una autoasumida mala imagen ante la opinión pública, en especial en los juzgados federales de Comodoro Py.
Pero enseguida muestran los dientes. “Con esto cerraron la grieta en la Justicia: todos estamos puteando”, sostiene, por ejemplo, un magistrado influyente. Otras voces similares dicen vislumbrar el futuro: se frenará en los juzgados el cambio en los haberes de los retirados judiciales, se fallará en contra del ajuste que el Gobierno ejecutó en la movilidad jubilatoria general y se denegará cualquier recurso que pueda favorecer a los presos emblemáticos del kirchnerismo que ya tienen condena en alguna instancia (Boudou, Sala, De Vido…), son algunos de los platos del menú de opciones.
Cuando Kirchner habló en la ESMA e hizo descolgar los cuadros, los militares no tenían poder de fuego ni peso político. Alberto F corre el riesgo de iniciar un conflicto con gente que tiene la fuerza de las sentencias. Unos y otros juegan con fuego.
