En las últimas dos semanas hemos visto la acelerada caída de un importante candidato a diputado de la oposición salpicado por una denuncia de corrupción. La celeridad del caso y su desenlace nos llevan a una pregunta inexorable: ¿por qué una denuncia de corrupción puede provocar rápidamente la renuncia de un candidato en la oposición, y otras denuncias, que podrían juzgarse como más graves, no provocan daño aparente alguno en el oficialismo? Para una respuesta profunda hay que indagar más en algunos problemas persistentes de la política argentina que en la gravedad de la denuncia, en su verosimilitud o en el perfil particular del denunciado.
Muchos de los temas que están presentes en la actual campaña electoral son viejos conocidos en nuestro país: la inflación, la falta de dólares, la pobreza, la corrupción, la educación, el fantasma del ajuste, etc. En este sentido, las discusiones políticas de fondo y las alternativas que recibe el elector no son demasiado atractivas, y para nada novedosas. Y entre esos temas nunca resueltos, el peligro de la ingobernabilidad sigue siendo el más temido. La permanencia por décadas (salvo períodos excepcionales) de las tradiciones decisionistas, y sobre todo la recurrencia de crisis de todo tipo han hecho a la opinión pública de nuestro país particularmente sensible al fantasma de la ingobernabilidad. Por supuesto, esto lo sabe bien el Gobierno, que lo ha explotado a su favor, y lo sabe la oposición, que en la última década ha tenido serias dificultades para conjurar ese estigma en su contra. Pero, ¿qué es exactamente la ingobernabilidad?
La ingobernabilidad es la imposibilidad de los gobiernos de mantenerse estables en su función de implementar políticas públicas eficaz y legítimamente. Desde ya, ocupar los cargos gubernamentales hasta el fin de los mandatos es condición necesaria para ello. Pero no se trata solamente de una cuestión de tiempo. La ingobernabilidad es, a su vez, una combinación, en distintos grados según el caso, de tres diferentes tipos de falencias.
En primer lugar se encuentran las falencias de tipo estructural. Estas se presentan cuando el sistema en su conjunto se ve imposibilitado de poder proveer bienes públicos (orden, desarrollo económico, equidad), debido, por ejemplo, a las deficiencias de un Estado débil e ineficaz para distribuir esos bienes en todo el territorio, o a una pobre legitimidad política en escenarios de fuertes crisis de representación.
En segundo lugar, la ingobernabilidad puede deberse a factores de tipo personal. Puede aparecer, por ejemplo, con la mediocridad del elenco gobernante para entender cuáles son los problemas más acuciantes de un país y, a causa de ello, no identificarlos o no poder resolverlos, o con la falta de liderazgo para orientar cambios sociales o imprimir una determinada dirección en el proceso político.
Finalmente, en tercer lugar, están las falencias de tipo organizacional. Es probable que aun personas lúcidas y técnicamente capaces no puedan mantenerse en el poder si no disponen de cierta organización política (en el mejor de los casos, un partido) con cierta disciplina y/o cadena de lealtades que les permitan tener la fuerza política suficiente para llevar adelante su agenda o para controlar o negociar con diferentes grupos políticos que estarán intentando permanentemente maximizar sus beneficios particulares o sus cuotas de poder (movimientos sociales, sindicales, juveniles, empresariales, mediáticos, de desocupados, ligas de intendentes o de gobernadores, etc.).
Consecuencias. Independientemente de cómo sea la combinación de estos tipos de falencias en cada caso, el resultado de la ingobernabilidad es la caída del gobierno (o su parálisis), y un estado de incertidumbre que provoca la suspensión de muchas funciones estatales y otras acciones necesarias para perseguir el bienestar social y económico de la población: confianza política, inversiones, contratación de mano de obra, consumo, respeto de los contratos y, en el extremo, la suspensión de otras pautas de la vida social (consenso sobre el valor del dinero, la propiedad privada, la libre circulación, etc.). La consecuencia tan temida es entonces el surgimiento o la agudización de las crisis políticas y económicas que tanto afectan a la vida y el bolsillo de las personas individuales y a la calidad de las democracias.
Ahora bien, de cara a la próxima elección presidencial, Gobierno y oposición parecen compartir o estar expuestos, en grados más o menos similares, a las falencias estructurales y a las falencias personales. Pero muchos argentinos se preguntan qué riesgo existe de que las falencias organizacionales cobren importancia según quién sea el próximo presidente. Así, el problema de la gobernabilidad se expresa simultáneamente en dos planos. Desde el lado de la política, ello se advierte en que los candidatos se vienen esforzando desde hace tiempo en convencer a la ciudadanía de que ellos son capaces de gobernar el país. Hasta ahora no concentran demasiado sus mensajes en qué van a hacer, sino en que, sea lo que fuere, podrán hacerlo. En otras palabras, lo más importante en su agenda es transmitir que garantizan la gobernabilidad. Lo demás, el contenido de las políticas, vendrá supuestamente después.
Desde el lado de la opinión pública, siempre preocupada por esta amenaza, la ciudadanía minimiza algunas otras. El ejemplo clásico es la corrupción. Ante la temible sombra de la ingobernabilidad, la corrupción de los gobernantes aparece como un mal menor, tolerable, y hasta deseable si contribuye a la gobernabilidad. De allí que al oficialismo, que ya ha demostrado capacidad organizacional para gobernar y disciplinar, las denuncias de corrupción le afecten en menor medida, mientras que la oposición, que abre una incógnita sobre sus capacidades organizacionales, no puede blindarse frente a una denuncia hecha desde el ejercicio fáctico del poder.
*Politólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP).
