Conozco un poco a Roberto Carlés, nominado por el kirchnerismo para la Corte (hecho que ya de por sí tiene una carga de significado enorme, y que en buena medida promete decidir la cuestión). Discutí ocasionalmente con él, en torno a la propuesta de reforma para el Código Penal en la que estuvo protagónicamente involucrado. Le manifesté sobre todo dos grandes desacuerdos, respecto de los que quisiera extenderme, dejando antes en claro que las críticas que voy a hacer las presento a partir de una base de acuerdos relevante, en lo que hace estrictamente a la cuestión penal –acuerdos relacionados, para decirlo con los grandes términos, con el respeto de las garantías individuales.
Los dos desacuerdos que le manifesté ya fueron los siguientes: primero, la propuesta de reforma me pareció –contra lo que dijo buena parte de la oposición, y contra la práctica K en la materia– “poco” garantista, y no “demasiado” garantista. El lenguaje con el que habla la propuesta de reforma del Código sigue siendo el del castigo, la pena bruta, los años de prisión; dentro de un esquema aún marcado por el clasismo oficial. Segundo –y nos peleamos bastante por esto– critiqué la reforma por la manera elitista en la que fue gestada y pensada. Acá, sus respuestas fueron significativas y –para mi gusto– revelaron problemas importantes en su acercamiento al tema (sustantivo y personal). Decir(me) que “no es así,” que en verdad mandaron “muchas cartas”, que la realidad es que fueron a “debatir en muchas universidades”, es poner excusas y escapar al problema de fondo. La cuestión es que, lamentablemente, el derecho penal sigue siendo pensado, escrito, aplicado e interpretado por una elite, que ni siquiera concibe la posibilidad de abrirse a una discusión “con el pueblo” (con todas las precisiones que esta idea requiera).
Su mentor, Zaffaroni, por caso (y mal que les pese a tantos de sus enceguecidos seguidores), dejó en claro que de ningún modo abriría la discusión del tema penal a la ciudadanía, del mismo modo en que repudió toda forma de control judicial “abierta al pueblo” y rechazó de cuajo cualquier experimento de juicio por jurados. En definitiva, creo yo, ése es el punto: quien más, quien menos, con una retórica u otra, con mejores o peores excusas, nuestra elite penal no concibe el derecho penal sino como un producto de una elite. La derecha tanto como la izquierda.
La “derecha penal” defiende su aproximación salvaje a la cuestión con argumentos normalmente horrendos, y bajo una retórica también de espanto (los ciudadanos como incapaces, la democracia como amenaza, las garantías como afrentas). Contra ellos militamos. Lamentablemente, sin embargo, algo no muy diferente ocurre con nuestra “izquierda penal”. Bajo una retórica “de avanzada” y argumentaciones “rojas”, defiende un mundo de garantías también montado sobre un principio de rechazo y desconfianza hacia la democracia: cacarean valores compartidos, pero en los hechos le temen a la democracia (la democracia, otra vez, como amenaza; la incomprobada e injustificada certeza de que “abrir las puertas a la democracia es correr hacia el populismo penal” –una bobada sólo dependiente de una concepción paupérrima de la democracia).
Entiendo que en ese punto aparecen los dos principales problemas que tengo con el propio Carlés. Primero, una cuestión sustantiva, sobre cómo nos acercamos –más allá de los importantes acuerdos– al derecho penal. Y segundo, cómo nos situamos frente a tales diferencias: el rosario –valga el término, frente al papista– de excusas y rebusques presentados para sostener el carácter “democrático” de la reforma decía algo –y no era bueno– sobre el valor de sus respuestas y el modo en que (es mi opinión) RC tiende a “jugar el juego”. Ello, otra vez, más allá de que lo considere, en principio (dado que lo conozco poco), como una persona decente y bien formada (compáreselo, por caso, con el ministro que lo nomina). Por otro lado, su juventud (disculpas por mencionar siquiera el tema, lamentablemente recurrente en estos días en que se discute sobre su nominación) me parece un dato a favor de su candidatura, y no un dato en contra, y ni siquiera un dato insignificante o “neutral”, como han dicho otros (de modo similar, otras cuestiones –género, clase social, proveniencia– le juegan en contra).
Finalmente, hay otro tema crucial, que creo que es el más lapidario en su contra. Más allá de su (entiendo yo lamentable) adicción a los tuits (finalmente, un mal de época, que afecta a demasiados amigos), lo importante es lo que aprendemos a través de los mismos: ellos lo revelan como alguien demasiado parcial –con riesgos de oportunismo– en su defensa del poder de turno (dos ejemplos: siendo un jurista, bregar por la re-reelección presidencial; o acercarse al Papa cuando resultó conveniente, luego de haberlo criticado con dureza). El seguidismo al poder de turno en temas cruciales (que no es, por suerte, un seguidismo ciego), lo coloca en un lugar –para mí– muy poco atractivo, teniendo en cuenta que el Poder Judicial es el encargado –ante todo, nos guste o no– de servir de “contrapeso” y control frente al poder gobernante. Es así, le disguste a quien le disguste: ahí reside una misión esencialísima de la función judicial. Ello, muy en particular, cuando contextualizamos, historicizamos y latinoamericanizamos nuestro enfoque: uno de los grandes dramas de la vida pública latinoamericana reside hoy (no sólo pero decisivamente) en los abusos de quienes controlan el poder político (lo que no implica desconocer las violaciones de quienes controlan el poder económico, dos elites normalmente muy cercanas) –abusos vinculados tristemente con masivas violaciones de derechos. ¿Qué podríamos esperar de RC frente a tales abusos? (Un sólo ejemplo, frente al cual su primera respuesta ya dejó que desear: ¿cómo pensar los servicios de inteligencia de los que este gobierno ha abusado de modo criminal?).Así está la cosa.
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