El fantasma de José Ignacio Rucci sigue presente en la campaña electoral, tal vez para recordarnos que él y tantas otras víctimas de nuestro violento pasado reciente no nos dejarán en paz mientras no sepamos toda la verdad sobre sus muertes. Ese es el punto central del debate sobre Rucci, más allá de los tonos, los énfasis, las palabras utilizadas, los rostros encrespados y los intereses particulares de cada uno de los protagonistas.
Ocurre que el peronismo disidente de la estratégica provincia de Buenos Aires, liderado por el empresario Francisco de Narváez, lleva como cuarta candidata a diputada a Claudia Rucci, la hija del ex líder gremial que al momento del asesinato de su papá, el 25 de septiembre de 1973, tenía 9 años y era una carita muy conocida porque actuaba en la novela Me llaman Gorrión.
La intención de De Narváez y sus aliados fue penetrar en los bastiones peronistas del Gran Buenos Aires con la candidatura de la heredera de Rucci, un apellido que conserva una muy buena imagen entre los discípulos de Juan Perón.
El kirchnerismo reaccionó con la nominación como tercera candidata a diputada de Nacha Guevara, que también es actriz y muy famosa: está interpretando a Evita con éxito e impacto popular. Además, posee una imagen progresista, aunque independiente, que le viene muy bien a los Kirchner.
La elección en Buenos Aires se ha vuelto tan importante para los Kirchner y para la oposición que en los últimos días hubo varios cruces mediáticos entre Claudia Rucci y el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández.
En uno de esos cruces, Fernández criticó a Claudia Rucci porque, aunque ahora afirma que su padre fue muerto por Montoneros, en 1999 cobró con su mamá y su hermano una indemnización de unos 250 mil pesos/dólares debido a que el atentado fue incluido en la Ley 24.411, promulgada por Carlos Menem el 3 de enero de 1995, que estableció una indemnización para los parientes de personas desaparecidas o asesinadas por “el accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar” durante la dictadura militar.
Claudia Rucci replicó que hace 10 años nadie sabía quién había matado a su padre, ni siquiera la Justicia, pero que ahora, luego de la aparición de mi libro Operación Traviata, ¿quién mató a Rucci?, estaba convencida de que su padre había sido asesinado por un grupo montonero, que podría haber contado incluso con el respaldo de algunos funcionarios del aparato estatal. Y que la Justicia, que reabrió la investigación archivada desde hacía casi 20 años, tendrá la última palabra.
En realidad, tanto el ministro como la candidata parecen tener razón. Como explico en la página 15 de ese libro, los funcionarios del gobierno de Menem elaboraron un dictamen a medida, acorde con la decisión política de pagarles a los Rucci una indemnización por la muerte del ex secretario general de la CGT. Estuvo basado en otro dictamen, del procurador general del Tesoro, que acababa de estirar los plazos de la Ley 24.411 para abarcar también a las víctimas de la Triple A al beneficiar a los herederos del diputado peronista de izquierda Rodolfo Ortega Peña, asesinado el 31 de julio de 1974, durante el gobierno de Isabel Perón.
Según el dictamen sobre la muerte de Rucci, del análisis de la investigación judicial sobre el asesinato “surgiría con mayor fuerza la posible autoría de la denominada Triple A” o de “una organización de tipo militar” que contó con “la suficiente cobertura del aparato estatal, sin el cual habría sido imposible perpetrar el atentado”.
Pero en aquel momento, la Triple A todavía no existía: recién se presentaría en sociedad dos meses después con el atentado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. Es decir, tras el terrible enojo de Perón por la muerte de su leal Rucci.
Más allá de eso, si la Justicia llega a la conclusión de que los autores fueron montoneros que contaron con algún respaldo en el aparato estatal, la onda expansiva de ese descubrimiento, por ahora sólo una hipótesis, sería tan amplia que volvería irrelevante esta discusión: entrarían a tallar otros asuntos y otros reclamos, más pesados aún.
*Editor jefe del diario PERFIL.
