El kirchnerismo construyó su poder, desde la economía, en base a un manejo centralizado y discrecional de la caja pública y de los marcos regulatorios y normativos.
Con la caja disciplinó a la política y con las regulaciones y normas, repartió negocios y edificó un inédito, por su magnitud, capitalismo de amigos.
Ese manejo de la caja pública se basó, por el lado de los ingresos, en un esquema impositivo altamente distorsivo, pero muy eficiente en la recaudación, al que le sumó, en los últimos años, primero la expropiación de los fondos de pensión y, más aquí, el uso intensivo de las reservas del Banco Central y del impuesto inflacionario. El “mecanismo” central para lograr la discrecionalidad consistió, ya desde los tiempos de Lavagna, en subestimar los ingresos presupuestarios, para después disponer del “excedente” libremente.
Por el lado del gasto, se generó una gran maraña de subsidios diversos, la mayoría de ellos, fuertemente regresivos, en el sentido de que favorecen más a los sectores medios y altos, en detrimento de los pobres y se repartieron recursos a través de obra pública e inversiones en función de lealtades políticas o buscando réditos electorales, alimentando, a su vez, a ese capitalismo de amigos mencionado.
En otras palabras, el kirchnerismo entiende la política y el poder a partir de acumular recursos en el Estado y repartirlos discrecionalmente, comprando voluntades, lealtades y votos, cuando se puede.
Frente a este “paisaje” resulta casi una consecuencia natural que el arco opositor, en su enfrentamiento con los K y con vistas a las elecciones presidenciales del año próximo, esté intentando erosionar ese poder desde el mismo enfoque “de la caja” .
Es así que, por el lado de los ingresos, la oposición en el Congreso está intentando recuperar potestades delegadas, reducir impuestos a la exportación y redefinir en forma más automática el reparto de recursos nación-provincias. Y, desde el punto de vista del gasto, el objetivo de dicha oposición es orientar “políticamente” el excedente automático surgido de la subestimación de los ingresos, con propuestas como la del 82% del salario mínimo, para el piso de las jubilaciones que, seguramente, será vetado, pero que obligará a algún incremento adicional de estos pagos, al estilo del subsidio universal a la niñez.
Pero que sea “explicable” este campo de batalla en torno a ingresos y gastos, no implica que sea lo mejor para el país.
La Argentina necesita, sin dudas, dejar atrás este esquema fiscal surgido de la particular manera de hacer política de los Kirchner. Pero ese “dejar atrás” exige un replanteo integral tanto de su sistema impositivo, incluyendo las atribuciones fiscales de la nación y las provincias, como de su reparto.
Y por el lado del gasto, no sólo de la estructura del mismo, los subsidios y las prioridades de la inversión pública, sino también de los salarios y el empleo y de su variación para adelante, teniendo en cuenta, en especial, la particular relación entre tipo de cambio real, competitividad y gasto público. Si se quiere evitar un shock devaluatorio en el mediano plazo.
Los parches y las nuevas distorsiones que podrían surgir del intento político de limitar la capacidad de gasto de los Kirchner en su última etapa de gobierno, podrían convertirse, mal instrumentados, en una especie de boomerang para cualquier nueva administración.
No hay que olvidar, además, que sin el control del Congreso, los recursos de caja del Gobierno se concentran en el Banco Central y en el sistema financiero público y privado.
Y si el populismo desembarca con desesperación y sin moderación sobre esas playas el costo para la sociedad argentina, mirando al futuro, puede ser demasiado alto.
En síntesis, es cierto que la construcción presupuestaria del kirchnerismo tiene que ser revisada, corregida y reformada.
Es cierto, también, que tenemos que dejar atrás años de discrecionalidad, autoritarismo, centralismo y “regresismo” en materia de ingresos y gasto público.
Pero no es menos cierto que si ese desarme del poder económico K se hace sin una visión de largo plazo, sin objetivos que vayan más allá del próximo año, y sin una responsabilidad de “políticas de Estado”, se corre el riesgo de solucionar un gran problema generando un problema mayor.
