Mauricio Macri dejó al país en un estado de default encubierto. En mayo de 2018 esa hubiera sido la situación de no ser por la intervención del FMI que incrementó la deuda contraída por la gestión macrista de US$ 100 mil millones a casi US$ 150 mil millones. Casi un año y medio después, lejos haber resuelto la crisis, el entonces ministro Lacunza anunció el reperfilamiento de la deuda de corto plazo en moneda local. La inestabilidad cambiaria que se arrastraba hacía más de un año se hubiera incrementado todavía más en caso de concretar el pago mediante emisión de pesos. Finalmente, se resolvió el desdoblamiento cambiario para frenar la salida acelerada de dólares que venía ocurriendo más de dos años consecutivos.
Frente a estos condicionamientos de origen, ¿qué alternativas enfrenta la actual gestión económica? En el contexto de crisis financiera y de deuda resulta racional que el Gobierno esté concentrado en la reestructuración de la deuda pública como primera prioridad. El diagnóstico está centrado en la problemática del endeudamiento externo como determinante de la economía. Mientras tanto, la economía real continúa en recesión y el propio ministro reconoció en numerosas oportunidades que no cuenta con recursos suficientes para emprender un proceso de reactivación y al mismo tiempo una renegociación ordenada. Reactivar es incrementar el consumo, ya que explica el 80% del producto. Pero el riesgo asociado es que el incremento de las importaciones que esto conlleva presione sobre el superávit comercial y dificulte cumplir con los compromisos generando mayor inestabilidad. Mientras tanto el objetivo es contener a los sectores sociales más vulnerables y que la economía detenga la caída. Una solución que atiende a las limitaciones presentes, pero que no puede extenderse demasiado en el tiempo.
El problema de la deuda no es menor ni fácilmente resoluble: según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso el perfil de vencimientos es muy exigido. En todo 2020, excluyendo la deuda intra sector público, hay vencimientos en dólares por un total de US$ 19,2 mil millones (US$ 17,2 mil millones para lo que queda de 2020), lo cual supera el superávit comercial de 2019 en más US$ 4 mil millones. Sin acceso al mercado de capitales, como se encuentra el país desde mayo de 2018 cuando Macri y Peña informan la decisión de acudir al FMI, no es posible renovar los vencimientos (lo que técnicamente se conoce como rollear). Al menos, sin comprometer seriamente la sustentabilidad económica en el corto y mediano plazo. A esto se le suma un total de US$ 28,8 mil millones de deuda en moneda local a la cotización actual. Su pago mediante emisión de pesos generaría una gran inestabilidad cambiaria que ampliaría la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
En el corto plazo hay dos escenarios posibles: que la renegociación se resuelva en los próximos meses o bien que se extienda durante mucho más tiempo. En el primer caso el camino seguido resulta mucho más favorable y hay un horizonte de crecimiento. Aunque este no queda exento de problemas a solucionar, como el alto grado de endeudamiento de empresas y familias, la inflación y el desorden de precios relativos, el Gobierno contaría con muchos más grados de libertad que en la actualidad para enfrentarlos. En el segundo escenario, el Gobierno deberá tomar una decisión: extender indefinidamente la situación actual con un progresivo empobrecimiento económico y corriendo el riesgo de una desestabilización económica y política o bien cambiar el orden de prioridades entre renegociación y reactivación.
A diferencia de lo que los funcionarios macristas afirmaron para justificar sus decisiones, en economía (como en la vida en general) siempre hay plan B. Lo difícil consiste en tomar la decisión de cambiar en el momento adecuado. En este caso, consiste en utilizar los recursos disponibles para fomentar el consumo y la producción y luego ofrecer a los acreedores una parte de los resultados de ese crecimiento solo en la medida que estos vayan apareciendo. El plan B implica enfrentarse a las consecuencias de un default generalizado, lo que no deja de tener costos asociados tanto económicos como políticos, y por eso no fue la primera opción. Sin embargo, desde una perspectiva realista es crucial entender que el plan B es mucho más deseable que extender infinitamente la situación actual. En definitiva: el Gobierno apuesta a resolver rápidamente la deuda, el resto de la economía queda pendiente de esta definición.
