Julio Strassera es un prócer argentino pero su estatua no va a tener caballo ni sable. El escultor tendrá que representar sus armas: la verdad y la ley. Entre 1983 y 1985 Argentina construyó los cimientos de la democracia y en ese momento clave Julio Strassera hizo una contribución fundamental, representó a toda una sociedad harta de crímenes y abusos de poder que había votado por investigar el pasado y hacer justicia.
El 11 de septiembre de 1985 en el marco solemne que proveía la sala de audiencias de la Cámara Federal con sus enormes ventanas con vitraux y sus bancos de iglesia estaban por primera vez todos los ex comandantes. Comenzaba la etapa final del juicio a las juntas, el momento de analizar las pruebas reunidas y pedir las condenas. La expectativa era enorme, la sala estaba abarrotada, había periodistas de todo el mundo y yo estaba sentado al lado de Julio Strassera.
Todos nos pusimos de pie cuando entraron los seis jueces. El presidente del Tribunal Dr. Arslanian dio por abierto el acto y le dio la palabra a Julio Strassera que comenzó explicando a quiénes estaba representando: “Señores jueces: la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. No estoy solo en esta empresa. Me acompañan el reclamo de más de nueve mil desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo, pero no por ello menos elocuente testimonio”.
Durante tres días los ex comandantes vivieron su peor pesadilla. Sentados en un banco tuvieron que escuchar los detalles de lo ocurrido a centenares de personas que representaban a sus miles de víctimas.
La exhortación final de Julio Strassera a un “nunca más” produjo una ovación y un aplauso cerrado en la Sala de Audiencias que resonó en todo el mundo.
Menos de un año antes, en octubre de 1984 Julio me había recibido en su despacho en la planta baja del antiguo edificio de Tribunales de la calle Talcahuano. Era un momento especial: la Cámara había decidido quitarle al fuero militar el “juicio a las juntas” y Julio era el fiscal. Quería armar un equipo especial para llevar ese caso y que su secretario y el resto de sus empleados se ocuparan de los casos ordinarios. Había que investigar miles de casos y no confiaba en la policía o los servicios de inteligencia que habían actuado bajo el comando operacional de las juntas. Su amigo Jorge Medici que era mi jefe en la Procuración General de la Nación le había hablado bien de mí. Yo nunca había actuado como fiscal y a Julio le pareció que eso era una ventaja. El tenía toda la experiencia, pero necesitábamos ideas nuevas que respetaran el derecho de los acusados y al mismo tiempo juntar todas las pruebas en un tiempo récord. Finalmente Julio tomó dos decisiones inéditas en el sistema judicial argentino. Primero, la Fiscalía iba a liderar la búsqueda de pruebas. Eso rompió la tradición de que fueran los jueces los que investigaban. Segundo, íbamos a seleccionar sólo los casos que se pudieran probar en ese momento, y de esa forma acreditar el plan ilegal aprobado por los comandantes. El iba a aprobar la estrategia y yo tenía que instrumentarla. Ese encuentro cambió mi vida.
Durante los siguientes tres años Julio fue mi mentor. Yo dirigía la investigación y Julio le ponía el pecho a todas las presiones externas. Trabajamos literalmente codo a codo, Julio puso un escritorio enfrente del suyo y compartíamos el despacho.
Nuestro equipo de investigación estaba integrado por dos estudiantes de derecho, ocho jóvenes empleados de Tribunales y dos jóvenes abogadas que habían recibido denuncias en la Conadep. Trabajaban amontonados en los restantes dos de los tres cuartos que ocupaba la Fiscalía. Ellos hablaban con las víctimas y buscaban las pruebas imparciales que pudieran corroborar lo ocurrido. No se habían creado ni los teléfonos celulares ni internet y la computadora personal era un invento reciente fuera de nuestro alcance, así que una caja de zapatos con fichas de dos colores nos servía para cruzar la información. La tarea era enorme y trabajamos contrarreloj.
Necesitábamos que la gente confiara en nosotros y Julio que había hecho toda su carrera en Tribunales fue la persona que les dio confianza. Hizo un reportaje donde afirmaba “tengo las pruebas contra los comandantes”. Eso le valió muchas críticas entre sus colegas, pero hizo que la gente acudiera cuando los llamábamos. Me acuerdo que los diarios anunciaron que dos jóvenes investigadores de Strassera iban a Tucumán a buscar testigos y se llenó una plaza de personas dispuestas a declarar.
Su rol protagónico fue la clave de que en solo seis meses juntáramos el nombre de dos mil testigos y miles de documentos que corroboraban lo que decían.
Julio era brillante y apasionado. Dejaba salir sus emociones, su furia y su alegría y luego se reía de ellas. Nos íbamos a almorzar a un bodegón de la calle Talcahuano y Julio nos repetía el cuento del café de Zapata.
Zapata que era el ordenanza de la Fiscalía le había ofrecido un café que estaba frío. Julio se enojó y gritando, le dijo: “Zapata, usted tiene que traer el café caliente. Y si no sabe cómo, ponga el dedo dentro para probar si la temperatura está bien”. Al rato, Zapata volvió diciendo: “le traigo el café nuevo. Está probado”.
Julio podía haber estado sin dormir toda la noche, pero cuando llegaba a la Sala de Audiencias renacía. Mientras fumaba sus tres cajas de cigarrillos hacía comentarios sobre lo que ocurría y vapuleaba a los defensores que se ponían insolentes.
A fines del 87, Julio se fue a Ginebra y yo lo reemplacé. La vida nos fue llevando por distintos caminos. La tragedia lo golpeó a Julio, su hija murió en Suiza. Yo me fui a La Haya. Pero hace pocos meses nos juntamos con todos los miembros del equipo de la Fiscalía. Fuimos a Edelweiss, que era el restaurante donde íbamos en las ocasiones especiales. Julio estaba indignado por el caso Hooft, un juez de Mar del Plata que había sido acusado por su actuación durante el gobierno militar, mientras que Julio consideraba que era todo lo contrario, que Hooft había intentado cumplir con su deber. Como siempre se tomaba todo el tiempo en explicar su punto de vista, con pasión. Yo no conocía el caso del juez Hooft, pero lo escuchaba. Cuando a Julio no le gustaba algo lo decía y en los últimos años estaba muy molesto. Igual seguía gozando de la ópera, disfrutando de una mesa de café y explicando el mundo.
La última vez que lo vi fue en un encuentro en el Cabildo de Buenos Aires, lo llevé a su casa en mi auto y me dijo que teníamos que vernos. Me dijo que estaba preocupado porque se estaba peleando mucho, y le pregunté con quién. El problema, me dijo, es que ahora me estoy peleando conmigo mismo. Lo vamos a extrañar, pero podemos seguir aprendiendo de él, tenemos que llevar el pacto democrático del 83 un poco más lejos. El juicio a las juntas se constituyó en una masiva campaña educativa del pasado violento y también del funcionamiento de las instituciones en democracia. Deslegitimizó el régimen de las juntas militares y le dio legitimidad al sistema democrático: enseñó el respeto a la verdad, a las víctimas, al derecho de los acusados a defenderse; en suma, el respeto por la Ley.
Esa transformación de la política argentina fue el cambio más profundo de nuestra transición. Los líderes empresarios y la élite argentina habían utilizado a los militares para derrocar a Hipólito Yrigoyen, derrocar y proscribir al peronismo e interrumpir los gobiernos de Frondizi e Illia. Los partidos políticos discutían con las Fuerzas Armadas como si fueran un poder autónomo y no un organismo del Estado. Hasta el Partido Comunista soñaba con llegar al poder en una alianza cívico-militar.
Los análisis actuales pierden de vista el impacto del juicio en ese reordenamiento del poder. No recuerdan que en 1985 una buena parte de nuestra élite todavía demostraba solidaridad con los acusados y que otra parte no se atrevía a cuestionarlos. Que investigábamos a los que habían dado un golpe de Estado en un país con cincuenta años de golpes de Estado. Que identificábamos a los grupos de tareas sin saber si nos podían poner una bomba o secuestrarnos. Que Pinochet todavía gobernaba en Chile y que la mayoría de Latinoamérica estaba bajo regímenes dictatoriales o semidictatoriales.
La transición democrática argentina fue una victoria de la libertad en su eterno conflicto con la tiranía y el poder absoluto. El juicio a las juntas fue sólo una parte de un proceso social, que incluyó las elecciones de 1983, las decisiones del Congreso y del Poder Ejecutivo y el accionar de la Conadep. La combinación de esa demanda social, política y el accionar de la verdad y la justicia marcó la derrota final del poder de las minorías que desde 1930 habían usado a los militares para imponer su voluntad en la Argentina. Tenemos que recoger el legado de Julio Strassera y lograr que nuestra clase política se ponga de acuerdo y lidere, no ya para establecer la democracia, sino para asegurar la vigencia de la ley. No creo que eso sea más difícil ahora que en 1983.
