El tema del espionaje tiene muchas aristas y merece un debate entre quienes defendemos una democracia abierta. Hasta el siglo pasado, la mayoría de los países occidentales tenía en su horizonte alguna guerra, y la inteligencia proporcionaba la información necesaria para afrontarla. En América Latina se debilitaron las supersticiones nacionalistas y es poco probable que tengamos nuevas guerras entre nuestros países. Se necesita repensar el papel de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia en este nuevo contexto: ¿pasados los enfrentamientos externos, estas fuerzas deberían dedicarse ahora a los problemas internos? ¿Es bueno para la democracia que el Ejército forme parte de un partido político y persiga a estudiantes y disidentes, como ocurre en Venezuela? ¿Los servicios de inteligencia deben servir al gobierno de turno para perseguir a la oposición, como ha sucedido en Argentina a lo largo de todo el período democrático? Desde la teoría política, usar las instituciones del Estado para impedir la alternancia no es democrático.
A propósito de la muerte del fiscal Nisman y del sistemático encubrimiento de los autores del atentado en contra de la AMIA, se abrió en el país una discusión acerca de cómo reformar la antigua SIDE, comparándola con la CIA y los servicios de inteligencia de otros países, buscando un modelo para los cambios. En un momento así, es bueno ir a los conceptos. En ningún país democrático existe algo como la ex SIDE, no existen organismos de inteligencia dedicados a perseguir a opositores. Si en Estados Unidos el Tea Party dice que va a copar la CIA con cientos de militantes, y se sabe que el presidente está revisando la lista de amigos de su hijo para nombrar un nuevo director, no se daría una discusión política, sino un debate siquiátrico. El manejo de la SIDE ha terminado en este escándalo que asombra al mundo, no sólo por lo que hizo el actual gobierno, sino porque durante el período democrático todos los políticos emplearon a la SIDE para eso. Los presidentes nombraron al frente del organismo a personas de su más estrecha confianza política y lo usaron para la lucha facciosa. Tendemos a sentir la política, no a pensarla, y cuando se produce un problema grave, buscamos sacrificar un chivo expiatorio, permitiendo que todo siga igual. Los culpables de que se haya desarrollado la inteligencia como arma partidista no son sólo los ex presidentes de la Nación, los directores de la SIDE o los agentes, sino todos los miembros de la sociedad que aceptaron esas normas de juego. Cuando en el año 2005 armaron los servicios, fabricaron una acusación para desprestigiar a una persona honorable como Enrique Olivera, no pasó nada cuando se supo que era una patraña. Nadie fue castigado. Lo mismo pasó cuando un agente de inteligencia llamó por teléfono a un miembro del séquito presidencial para iniciar las maniobras que culminaron con el juicio de las escuchas en contra de Mauricio Macri, cuando calumniaron a Francisco de Narváez con el tema de la efedrina en 2009, cuando un mediocre implantó con cuatro agentes de la SIDE materiales falsos para iniciar una causa para argumentar que lo habían perjudicado con una campaña sucia. En todos los casos los agentes, cuando fueron identificados, quedaron a salvo porque revelar su identidad era poner en riesgo la seguridad de la patria. Lo peor es que incluso políticos y periodistas respetables atacaron a Macri porque estaba “procesado”, y defendieron las actuaciones de jueces que fueron cómplices de estas operaciones de la SIDE. No menciono casos de escuchas ilegales, sino de situaciones en que se cometieron delitos para desviar la actuación de la Justicia.
La democracia es un sistema de gobierno en el que gobiernan las mayorías, pero dando garantías a las minorías. No se puede usar las instituciones del Estado, que son permanentes, para defender a los políticos de un partido que está temporalmente al frente de un gobierno. Si queremos que se desarrolle la democracia, necesitamos que ninguna organización de inteligencia espíe a ningún ciudadano, a menos que sea sospechoso de delitos claramente establecidos. Debe tipificarse como delito el uso del aparato del Estado para hacer operaciones ilegales con el fin de perseguir a los ciudadanos por razones ideológicas, religiosas o de opinión. Quienes procedan de esta manera no podrían invocar la “obediencia debida” y deberían ser juzgados, al igual que sus superiores y los miembros de cualquier poder del Estado que haga uso de este material ilegal. Es un momento en que hay que tomar medidas drásticas para impedir el uso faccioso de la Fuerzas Armadas, la AFIP, el Indec. Sólo así tendremos República.
*Profesor de la George Washington University. Miembrodel Club Político Argentino.
