Más allá de cómo termine el “caso Moyano” (se invirtieron los roles del ’74. ¿Se animará Cristina a “echar de la plaza” a los sindicalistas?), lo que sigue saliendo a la superficie, en estos días, es la particular relación entre cierto sindicalismo y ciertos negocios. Entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Entre algunos intendentes y algunos “trabajadores”.
Funciona en la Argentina un “sistema” que permite que algunos señores se enriquezcan financiados con fondos públicos o de recaudación obligatoria.
Las sospechas en torno al enriquecimiento poco claro de algunos sindicalistas se basan, en primer lugar, en la administración que realizan de los dineros que los afiliados a sus gremios aportan para recibir, como contraprestación, un seguro de salud brindado a través de su obra social respectiva.
Debería quedar claro, entonces, que si el sistema de obras sociales sindicales facilita que sus directivos manejen dineros de terceros, como si fueran propios, y se “lleven” directamente –o a través de testaferros o intermediarios– ese dinero a sus casas, o a Suiza, ese sistema funciona mal o está mal diseñado. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es cambiar o rediseñar el sistema, para que lo que hoy pasa no pueda pasar, o no pueda pasar con la frecuencia y magnitud que ocurre ahora.
La responsabilidad del Gobierno en esta materia no es menor. O es una víctima o es un socio pero, seguramente, es “partícipe necesario” de la estafa.
El gasto en salud crece al ritmo de los avances tecnológicos y otras cuestiones, aquí y en el resto del mundo. Por ello, los sistemas de salud están en crisis y son replanteados.
Este replanteo implica, entre otras cosas, nuevos esquemas administrativos más transparentes y públicos; controles cruzados y de auditorías, incluyendo mayor información y poder para el “cliente final”.
En este aspecto, en el sector de las obras sociales, la Argentina va a contramano. La administración del sector, en donde el programa de prestaciones especiales –marco en el que surgieron los troqueles truchos y los remedios falsos– es sólo una pequeña parte, se ha vuelto más discrecional, menos transparente, con menos información a los afiliados, con sociedades prestadoras encabezadas por familiares de los sindicalistas que los contratan, etc.
Paralelamente, en el caso particular de Hugo Moyano, la Justicia suiza investiga el posible lavado de dinero de una empresa a la que se lo vincula. Dicha empresa presta servicios de recolección de residuos en diversas zonas del Gran Buenos Aires. Otra vez, hay un “sistema” en donde, al parecer, no hay competencia ni transparencia en los contratos que se celebran en uno de los rubros de gasto más importantes de los municipios.
Los sindicatos vinculados a Hugo Moyano decretaron un paro de actividades (luego suspendido) en repudio al pedido de informes que la Justicia helvética ha realizado a la Justicia argentina en torno a causas que lo involucran. Esto es, quizás, lo más grave del “sistema”, porque el paro pone de manifiesto que un hombre muy conocedor de los pasillos del poder, un socio, confirma todas nuestras sospechas de que la Justicia en la Argentina, al menos cierta parte de ella, responde a las “órdenes” del Poder Ejecutivo. Moyano no amenaza con un paro a la Confederación Helvética; le hace un paro al Gobierno argentino que –según él– podría influir sobre la Justicia argentina para que no se brinde la información solicitada por Suiza. A su vez, el “sistema” admite el uso del derecho de huelga para “defender” a sindicalistas acusados por la Justicia y no a trabajadores afectados en sus legítimos intereses.
En síntesis, el “caso Moyano” es un buen ejemplo de la situación institucional de la Argentina de hoy.
Un gobierno que mantiene vigente un sistema que lo convierte, como mínimo, en partícipe necesario de estafas y atentados a la salud de la población.
Un Poder Judicial influido y dominado, al menos en alguno de sus fueros, por el Poder Ejecutivo, y con la existencia de jueces poco confiables. Sindicalistas que utilizan el derecho de huelga para mantenerse libres de la eventual acción de la Justicia, mientras atacan a los medios de comunicación y extorsionan a sus socios del poder.
