Sobre el impuesto a los pobres y el caso Aerolíneas

Mal que le pese a Moreno, la elevada tasa de inflación se ha constituido en el principal problema macroeconómico de la Argentina. Explicar las consecuencias de una tasa de inflación rondando el 20-25% anual a un compatriota, que no pertenezca al entorno kirchnerista, es un ejercicio innecesario. Sin embargo, a veces se pierde de vista que la inflación es un síntoma, un reflejo de un problema de fondo y no un ente autónomo que se mueve por su cuenta.
Para el Gobierno, como más de una vez lo ha manifestado la pareja presidencial, la inflación es el reflejo de mercados no competitivos con empresarios “egoístas y poco solidarios” y expectativas manejadas por medios de comunicación y consultores “dominados” por sus intereses particulares. La solución, entonces, controles de costos y rentabilidades, por un lado, y manipulación de los índices de precios, por el otro. Pero si éste es el diagnóstico y la solución aplicada, evidentemente algo se está haciendo mal, dado que la tasa de inflación, en términos anuales, se ha venido, sistemáticamente, duplicando, desde el año 2005, pasando del 6% al 12%, y al 25% actual. Pese a la maraña de subsidios y retenciones a la exportación que han mantenido, relativamente contenidos, los precios de la energía, el transporte urbano, y algunos alimentos. Como expresó el viernes en el Congreso el secretario de Comercio, lo que ha fallado no es el diagnóstico sino la dificultad en rearmar la capacidad del Estado para controlar costos y precios. Medios de comunicación díscolos a los que, todavía, no se ha podido dominar y consultores “que no saben nada” y que inventan cifras, según quién les paga.
Dejando de lado el capítulo medios de comunicación y consultores –me competen las generales de la ley–, mercados poco competitivos pueden explicar por qué los precios de un país son sistemáticamente más elevados que en otros países, pero no explican aumentos de la tasa de inflación. En 2006 había en el país la misma cantidad de “monopolios” que en 2008, y desde entonces la inflación se triplicó.
La explicación está en otro lado, principalmente en la política fiscal. La inflación es un impuesto a los tenedores de pesos, del cual, según las circunstancias, se apropia, por un lado el sistema financiero –captando depósitos a tasa negativa– para subsidiar, en parte, el crédito. Y, fundamentalmente, el Gobierno, mientras pueda “controlar” los sueldos de los empleados públicos y las jubilaciones. En ese sentido, la inflación es un modo de “licuar” gastos y aumentar nominalmente los ingresos. Pero, como todo impuesto, algunos lo pueden evadir o eludir, y otros no. Los sectores con mayores recursos lo eluden comprando bienes durables o propiedades, o ahorrando en otras monedas o en instrumentos financieros indexados. (Difícil hoy, en medio de la crisis financiera mundial, la debilidad del dólar y la destrucción de la indexación, por la manipulación del IPC).
Los sectores de menores recursos, asalariados y jubilados no pueden eludirlo. Por lo tanto, la inflación es un mal impuesto, porque reduce el poder de compra de los sectores más débiles de la población.
En contextos de pleno empleo, o cercanos a él, los sindicalistas se “defienden” de este impuesto, tratando de conseguir ajustes salariales periódicos que compensen la caída real de los ingresos, dando origen a un círculo vicioso: aumentos de salarios, aumentos de precios, aumentos de salarios. Esa máquina destructiva ya se ha puesto en marcha. Los aumentos salariales del 1° trimestre del año “cerraron” en cerca del 20% anual, y los del 2°, cerca del 30% anual.
El flamante Consejo Directivo de la CGT ya ha solicitado un incremento de los salarios mínimos y una reducción de los impuestos sobre el salario. Pero un aumento del mínimo piramida sobre el resto de la escala salarial. Y menores impuestos, si bien permiten que se alivie el costo laboral de las empresas, ya que se trata de un aumento de salarios privado “pagado” con recursos públicos, termina afectando los recursos fiscales, obligando a recaudar más de otros impuestos, incluyendo la inflación.
La solución, entonces, difícilmente pase por intentar “convivir” con alta inflación, y mucho menos con mentir en el índice, controlar a los medios de comunicación, o “manejar” los costos y rentabilidades empresarias. La solución es atacar el problema de fondo: una política fiscal incompatible con la economía privada argentina.
Lamentablemente, el Gobierno insiste por otros caminos. Y no sólo por lo explicado el jueves por el secretario de Comercio Interior.
El “caso” Aerolíneas va también en el sentido equivocado. En lugar de aumentar las tarifas aéreas para financiar los problemas de Aerolíneas, independientemente de su dueño, se ha decidido financiar con subsidios públicos el pago de salarios y el combustible. Pero eso significa que pobres, que nunca se subirán a un avión en su vida, financiarán, con el pago de sus impuestos –incluida la inflación– a quienes sí viajan en avión que, por lo general, tienen mayores recursos.
En síntesis, el progresismo argentino en todo su esplendor.