Soja y distribución del ingreso

Después de una relación de convivencia con el Gobierno, sin mayores tensiones, el campo y en especial el sector sojero ha entrado en una crisis con repercusiones políticas de magnitud que aparentemente se están encausando. Pareciera que el Gobierno tensó la cuerda más de la cuenta al subir la tasa de un impuesto distorsivo (retenciones) que hemos utilizado durante muchas décadas en el país. Con el sistema de retenciones móviles el Gobierno aspira a conseguir un aporte significativo para el fisco. Se ha vuelto a la carga con la elevación de las alícuotas para llegar a un superávit primario de cuatro puntos del PBI.
Desde el triunfo de Néstor Kirchner en 2003 las retenciones agrícolas suman US$ 30.000 millones de ingreso fiscal. Pareciera, por otro lado, que no siempre es claro dónde van esos recursos.
El Gobierno pretende efectos distributivos con estas medidas pero cabe recordar que la asignación adecuada del gasto a grupos más vulnerables es más efectiva en el terreno de la redistribución que la aplicación de impuestos progresivos a los supuestos ganadores del sistema capitalista.
En los 90, la producción agropecuaria sufrió importantes transformaciones. El paradigma de la eficiencia y la incorporación tecnológica en la soja facilitó el desplazamiento de la frontera agrícola con este cultivo. La sojización es un fenómeno consecuencia natural de la mayor rentabilidad relativa de la soja respecto al resto de las alternativas agropecuarias. Las medidas tratan también de revertir dicho proceso estructural de sojización.

La historia reciente. La intervención estatal para regular los precios de los productos de la canasta básica alimentaria de la población data de muchos años atrás. Durante la primera mitad del siglo XIX los consumidores de los centros urbanos se veían afectados por las constantes oscilaciones del precio del trigo, lo que obligaba al gobierno a una regulación para satisfacer la demanda de pan. Desde entonces, en varias otras oportunidades el Estado recurrió a las retenciones o regulaciones de precios para evitar la inflación de productos sensibles. Distintos gobiernos utilizaron las retenciones desde 1940. En la soja no porque no integran la canasta básica de consumo.

A favor y en contra. Las retenciones básicamente implican una reducción en el precio de venta que percibe el productor agropecuario, el cual ve afectada directamente su rentabilidad y en consecuencia pierde competitividad en relación a productores de otros países. Las razones que se utilizan para defender las retenciones son de política económica, principalmente de índole fiscal, y se destacan las siguientes:
Constituye un impuesto contra cíclico. 
Facilita la redistribución del ingreso de los sectores más beneficiados, en especial si hubo una gran devaluación, hacia los más perjudicados. 
Contribuye a la estabilidad de precios. 
Es de sencilla implementación y de difícil evasión. 
Realiza una importante contribución sobre la recaudación y aporta al equilibrio fiscal nacional.
Por otra parte, los argumentos frecuentemente utilizados para rechazar la implementación de las retenciones pueden resumirse en los siguientes: 
Perjudica la rentabilidad del exportador. 
Tienen un elevado costo de eficiencia. 
Desincentivan la exportación y provocan la pérdida de mercados internacionales. 
Implican una redistribución regional del ingreso que puede resultar injusta.

Agflation. El aumento de los precios de los alimentos es un fenómeno mundial que repercute en el nivel de la inflación y que se lo conoce con el nombre de “agflation”. Las principales causas de este nuevo escenario mundial son la mayor demanda impulsada por el crecimiento económico de China e India y la menor oferta por la utilización en algunos países de tierras para producir energía (ej.: biocombustibles).
Sólo en el último año, en Latinoamérica y en los principales países del mundo, la inflación del sector alimentos se duplicó. Asimismo, el aumento de los principales commodities duplican y algunos casos triplican el de los demás bienes y servicios. Es importante destacar que en la mayoría de los países, el rubro alimentos representa aproximadamente el 35% de la canasta básica, siendo este porcentaje aún mayor en los países en desarrollo.
Bajo este contexto internacional, de elevada inflación en alimentos, el esquema de retenciones móviles busca imponer bandas a la inflación originada principalmente en el aumento de los precios de los commodities.
Entre los principales argumentos del gobierno para defender el nuevo sistema anunciado días atrás se destacan el desacople de los precios internos y de los precios internacionales, la mayor previsibilidad en el largo plazo para el sector, la detención del proceso de sojización en favor de otros productos como trigo, maíz y ganado y finalmente, al ampliar la brecha de las retenciones entre los productos primarios y el resto se argumenta que se estimula la generación de valor agregado.
Sin embargo, desde el sector agropecuario responde el titular de Aapresid, por ejemplo, que tener precios fijos de ninguna manera da mayor previsibilidad. “Los precios suben o bajan compensando de alguna manera los altibajos en la producción. Si se fijan los precios, el sector quedaría expuesto a las variaciones de la producción sin la oportunidad de que los precios reaccionen”.

Consideraciones finales. La Argentina ha favorecido un proceso de especialización agropecuaria, centrado en la soja, que se ha expandido a importantes regiones del país. Los buenos precios internacionales y los bajos costos de la soja transgénica, han facilitado un proceso de producción, altamente dependiente del precio del commodity a nivel mundial. Esta dependencia facilitó el desplazamiento de otras producciones en favor de la soja.
El conflicto que estamos viviendo es el clásico entre eficiencia y distribución. Quizás la Argentina esté en estos momentos reeditando un error histórico vinculado al sesgo de la política pública en contra del campo con medidas proclives a explotar a la gallina de los huevos de oro. Adolfo Sturzenegger tiene trabajos interesantes para entender precisamente aquella Argentina que no fue, en buena medida porque quitó incentivos al sector con ventaja competitiva. La medida cortoplacista de obtener 0,4 % del PBI adicionales para alcanzar un superávit de caja mayor no ha tenido buena repercusión en el sector y el rechazo se ha trasladado a la clase media urbana. Por otra parte este tipo de medidas refuerzan las distorsiones de la coparticipación federal, la misma que el ministro defendió en su libro sobre federalismo fiscal.
La historia sigue y pareciera que el precio de la soja acompaña a partir del espectacular consumo chino. Estamos en una discusión en el marco de la abundancia y se plantea una vez más el dilema maldición-bendición del agro que siempre comentaba el ingenierio Diamand. Brasil antes renuente a apoyar al agro, quizás subestimado en comparación con la industria, ha realizado desde los 90 un giro de política y camina hacia el liderazgo mundial agropecuario. Para emular y tomar nota.
Tanto la teoría económica como razones de negocios y de distribución regional del ingreso avalan la necesidad de la supresión paulatina de los derechos de exportación. En la actual coyuntura sectorial y macroeconómica el Gobierno debería idealmente iniciar la discusión sobre un esquema creíble para su eliminación y reemplazo por un impuesto a las ganancias que esté encaminado a mitigar el enorme conflicto distributivo existente en nuestro país agravado por la devaluación del 2002.