A este caso le hace falta un arrepentido.” Esta fue la frase con la que el ex defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino graficó la clave de la que puede depender el futuro de la causa abierta por el presunto pago de coimas para la venta de maquinaria agrícola de la Argentina a Venezuela.
El contundente testimonio del ex embajador argentino en Caracas Eduardo Sadous conmocionó al Gobierno, que puso a funcionar todo su aparato a fin de desmentir lo expresado por el diplomático. Por eso fue que el mismísimo ministro de Planificación, Julio De Vido, salió a negar y a amenazar con cartas documento a quienes hablaron del tema e implicaron directamente a su ministerio. Junto con esto hubo una maniobra informativa buscando descolocar al embajador, atribuyéndole una relación de afinidad con sectores del antichavismo y hasta alguna conexión con el fallido golpe de Estado del 9 de abril de 2002, que intentó desplazar a Hugo Chávez del poder. Sobre esto mismo insistió De Vido el viernes pasado. Los dichos del ministro, quien equivocadamente se refirió al golpe de Estado “de 2001”, fueron demolidos por la fuerza de los hechos, ya que Sadous fue destinado a Caracas varios meses después de ocurrida la citada asonada y su relación con el gobierno de Venezuela fue muy buena. Tan buena fue que, insólitamente y contra los usos de estilo, el embajador fue condecorado por Hugo Chávez cuando el entonces presidente Néstor Kirchner decidió removerlo de apuro. La causa de esa remoción fue la denuncia que hizo Sadous acerca del faltante de dinero en el fideicomiso que fondeó las operaciones comerciales hoy bajo investigación.
El fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, está trabajando intensamente en la búsqueda de pruebas que den sustento a la acusación. “La estructura jurídica de toda la operación es fuerte”, reconoce alguien que viene siguiendo el caso desde hace algún tiempo. Una de las búsquedas tiene que ver con uno de los nombres que dio el Dr. Sadous. Se trata de Eduardo Kavana. En las horas posteriores a conocerse la denuncia del embajador, salió a hablar por varios medios un ganadero de nombre Eduardo Cabana desmintiendo su participación en los hechos de marras. Tanto Sadous como Pollicita saben que este Cabana no es el Kavana mencionado en la causa.
Otro de los testimonios que el fiscal está buscando es el del embajador Adrián Nador, quien, como ya se señaló en esta columna, tuvo a su cargo la coordinación del grupo de exportadores de la Cancillería, cargo del que, con insistencia, pidió ser removido ante las presiones que recibía de diversos sectores del Gobierno vinculados con el Ministerio de Planificación. En estos días, hablar con el embajador Nador se ha transformado en un imposible. En los pasillos del Ministerio de Relaciones Exteriores el temor a decir algo conectado con el tema se palpa a cada paso. “El clima está muy espeso. Ni siquiera nos animamos a hablar en off. Por favor no llame más”, es la respuesta que se escucha de integrantes del cuerpo diplomático.
Por su parte, las autoridades de la Cámara de Maquinaria Agrícola han salido a desmentir la denuncia. “Este 15% era una comisión que se pagaba voluntariamente como parte del costo de la operación”, expresó el presidente de la Cámara, José María Alustiza. Sin embargo, desde el mismo sector, y también en estricto y desesperado off, quienes no aceptaron pagar la comisión coinciden: “Llamaban desde el Ministerio de Planificación y pedían el 15%, sí o sí. El que no pagaba se quedaba afuera”, afirma con indignación alguien que no pagó.
Una fuente que conoce bien todo lo que pasaba por ese tiempo narra con detalle este dato anecdótico: “Claudio Uberti viajaba a Caracas más o menos dos veces por mes. En los primeros viajes lucía ropa bien barata. En los sucesivos viajes las cosas fueron cambiando. A la ropa barata le siguieron prendas de confección y el infaltable Rolex. Cuando el que viajaba era De Vido, el mal trato al que era sometido Uberti era notable”.
La mismísima Alicia Castro, ya como embajadora en Caracas, aspiró a poner bajo su égida el control de todas las operaciones comerciales entre los dos países. Fracasó rotundamente.
En medio del sinsabor, la semana le deparó al Gobierno dos victorias: una fue la de hacer fracasar la sesión de la Cámara de Diputados en la que se iban a tratar la modificación de la Ley del Cheque y la Ley de Matrimonio Homosexual; la otra fue la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo obligando a Julio Cobos a reponer a la senadora Beatriz Rojkes de Alperovich en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
Dos reflexiones al respecto de estos hechos: en el primer caso, gran parte de la responsabilidad es de la oposición, que sigue empeñada en fragmentarse y debilitarse cada vez más. Es, al fin y al cabo, una disputa por la nada que el Gobierno aprovecha con precisión y contundencia. La consecuencia peor de todo esto es el desprestigio institucional que afecta al Congreso. En el segundo caso, es notable corroborar que cada vez que la Justicia falla a su favor, a la Presidenta no se la escucha hablar del “Partido Judicial”. Eso se aplica sólo cuando los jueces dictaminan contrariando sus deseos.
A propósito de causas judiciales, un frente de tormenta se avecina sobre la administración de Mauricio Macri y sobre él mismo en relación con la causa por las escuchas En su entorno están convencidos de que el juez Norberto Oyarbide lo procesará al igual que al ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y a su ex colega de Educación Mariano Narodowski. “Macri está muy tranquilo. Al juez nadie le cree”, comentan alegremente y con sorprendente calma en su entorno. En cambio, desde el mismo PRO, hay muchos que ven las cosas diferentes y afirman no sólo que “en esta causa Mauricio no tiene idea de dónde está parado” sino que también son críticos de su gestión. Unos y otros recuerdan cómo y cuánto le insistieron al jefe de Gobierno para que retirara la designación del comisario Jorge “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana. “A Palacios le atribuían una fuerte disputa con sectores de la Federal por el negocio de las escuchas”, confiesa alguien que presenció algunas de las reuniones en las que se hablaba del tema. “La Federal nos va a tirar un muerto”, se escuchó en varios de esos encuentros. Nadie imaginó que sería Ciro James.
En las cercanías de Macri creen que van a poder manejar los efectos políticos colaterales del eventual procesamiento del juez Oyarbide. Lo que nadie quiere ni se atreve a pensar es qué pasará si el fallo de Oyarbide es confirmado por la Cámara de Apelaciones. La respuesta, sin embargo, es simple: la permanencia del jefe de Gobierno en su cargo sería insostenible.
Producción periodística: Guido Baistrocchi con la contribución de Santiago Serra.
