En cualquier país democrático respetuoso de sus propias leyes, que el Estado se ocupe de poner a salvo una gran empresa privada que da trabajo a miles de personas y es de gran peso en la economía nacional, no genera mayores discusiones, salvo formales, sea cual sea el color del gobierno de turno.
Para citar dos ejemplos, entre varios en estos tiempos de pandemia y agravamiento de una crisis mundial ya vigente, la compañía aérea Lufthansa recibió del Estado alemán 9 mil millones de euros para afrontar la situación. A cambio, el Estado pasará a tener el 20% de participación en el capital y dos asientos en el consejo de supervisión de la compañía, privatizada desde 1997.
El Estado francés, por su parte, aportará 8 mil millones de euros para salvar al sector automotriz, entre ellos a Renault, de la que es principal accionista. Renault lleva adelante negociaciones para ampliar su fusión con Nissan hacia otras empresas. De concretarse, el Estado reduciría su participación accionaria actual.
Todo, tanto en Alemania, Francia u otros países, dentro de las normas que indican las leyes, que cuando son de algún modo violadas, generan discusión pública e inmediata intervención de los poderes judicial y legislativo.
No estamos idealizando aquí a ningún país o sistema; simplemente señalando algunos que funcionan mejor. El agravamiento de la crisis generado por la pandemia llevará a extremos la intervención de los Estados en la ayuda o salvataje de empresas privadas y/o mixtas, ya sea en forma de créditos, prórroga o anulación de deudas, participación accionaria e incluso estatización ¿Quién otro que el Estado, en las actuales circunstancias?
Pero entre nosotros, lo lógico y necesario pasa a ser objeto de turbios objetivos y manejos gubernamentales; de disputas políticas y sociales que poco o nada tienen que ver con la lógica y la necesidad. El caso de la empresa Vicentin es el de hoy, pero pueden citarse otros, como la privatización y luego reestatización de YPF. En ambos casos bajo gobiernos peronistas, las operaciones fueron turbias y tanto durante la gestión privada como la estatal se generaron grandes caídas en las reservas de la compañía, hasta la pérdida de soberanía energética, durante el mandato de Cristina Kirchner. (https://bit.ly/soberaniaenergetica).
Es solo un ejemplo, ya que pueden citarse entre otros el “caso Greco” en Mendoza, hace más de 40 años, o el “caso CAT” en Tucumán, en 1966. Todos, al cabo de distintos gobiernos, “siguen generando juicios en contra del Estado por supuestas responsabilidades, iniciados por los ex accionistas, y multitudes de honorarios, que todavía siguen poblando nuestros tribunales” (https://bit.ly/vicentingestordecrisis).
Por no hablar de los reclamos jurídicos internacionales, como el que generó la “nacionalización” de YPF.
Estos ejemplos ponen al desnudo nuestra ineficacia y corrupción política e institucional; el “partidismo”, que oscurece y patetiza el debate de ideas; que impide el “análisis concreto de situaciones concretas”, como quería don Karl. Desde hace décadas, ningún argentino puede confiar en cualquiera de los tres poderes del Estado, todos involucrados en graves acusaciones de corrupción. Y aquí también, una vez más, el “partidismo”. El gobierno actual votó en el Congreso a favor de investigar al gobierno anterior y en contra de prolongar la investigación hasta los que le precedieron (https://bit.ly/paroleopiniongabetta).
Los ineptos y supuestos o probados delincuentes que se alternan al mando se “salvan” acusándose entre sí, mientras el grueso de la sociedad abre los ojos cuando el acusado es “el otro” y los cierra cuando golpean en puerta propia.
De seguir así, vaya uno a saber qué será de Vicentin. Y del país…
*Periodista y escritor.
