En la tarde de ayer, después de haber terminado las deliberaciones de las XX Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina en El Calafate, un grupo de jueces intentaba hacer trekking sobre el glaciar Perito Moreno. En eso estaban, cuando el guía que los conducía por sobre esa superficie escabrosa y difícil simuló recibir una llamada. Los intrépidos hombres de la Justicia detuvieron, entonces, su marcha. Sobrevino, pues, un simulacro de conversación telefónica en la que el guía respondía a su supuesto interlocutor con una serie de sí, para finalmente cerrar la comunicación diciéndole: “Quédese tranquila, Sra. Presidenta, que de aquí ninguno de estos sale vivo”. Allí todos cayeron en la cuenta de la broma que les estaba gastando el guía en cuestión –sin duda bien al tanto de la realidad nacional– y comenzaron a reír a carcajadas. Claro que la real situación de tensión entre el Gobierno y la Justicia lejos está de promover la risa.
La marcha a Tribunales del martes pasado, a fin de presionar a la Corte con el objetivo de evitar un pronunciamiento adverso a los intereses del Gobierno en lo referente al artículo 161 de la Ley de Medios –el artículo que da un plazo de un año para llevar adelante la cláusula de desinversión por la que, principalmente, el Grupo Clarín deberá vender varios de sus medios, cuya tenencia fue prorrogada por Néstor Kirchner poco antes de dejar la presidencia– convocada a través de la pantalla de Canal 7 durante las transmisiones de los partidos de fútbol, así como también las brutales expresiones de Hebe de Bonafini, tratando de “turros” a los jueces y amenazando con tomar el Palacio de Justicia –expresiones a las que el matrimonio presidencial respondió con un sonoro silencio cómplice– han tensado al máximo las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Dos hechos más han agregado tensión a la ya existente: una es el pedido de juicio político al juez de La Plata Elvio Sagarra por haber ordenado la suspensión del cambio de grilla de los canales de televisión; la otra es la decisión de no otorgar la extradición al ciudadano chileno Garvarino Sergio Apablaza Guerra, sospechado de haber participado en el asesinato del senador transandino Javier Guzmán en plena democracia.
Esta última determinación del Gobierno tiene su historia y ya está teniendo sus consecuencias. Es una extradición que ha sido pedida por todos los gobiernos chilenos anteriores al actual. Hay que recordar que dichos gobiernos fueron encabezados por los líderes socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
Durante todo ese tiempo, el Gobierno argentino se escudó en que no podía dar curso a ese pedido hasta que la Corte no se expidiera. Tal vez la Presidenta supuso, equivocadamente, que la Corte iría a denegar ese requerimiento. El fallo del alto tribunal fue adverso a los deseos de Apablaza y del Gobierno. Fue, además, contundente: expresó que no había elementos para considerar al crimen del senador Guzmán como “delito político”.
La Dra. Fernández de Kirchner había tomado la decisión de no otorgar la extradición de Apablaza antes de partir hacia la ciudad de Nueva York para asistir a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Pero, consciente de las consecuencias negativas que ello traería en la relación entre la Argentina y Chile, decidió postergar la oficialización de su determinación hasta su regreso del periplo norteamericano. Lejos imaginó, entonces, que el destino le depararía una de esas carambolas que la pondría en una situación particularmente incómoda. Pero eso fue lo que, al final, ocurrió: la opinión de la Comisión Nacional de Refugiados emitió su recomendación contraria a la extradición de Apablaza el mismo día en que, debido al intento de golpe de Estado que puso en jaque al gobierno del presidente Rafael Correa de Ecuador, los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se dieron cita en Buenos Aires a fin de condenar esa asonada.
La negativa de la Presidenta a cumplir con la sentencia de la Corte, ordenando la extradición de Apablaza, ha complicado al gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, que está analizando tomar una serie de medidas para demostrar, en forma concreta, su disgusto por esta situación. A estas horas se consideraban tres posibilidades, a saber:
Una fuerte declaración de protesta y una presentación ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El llamado a consulta del embajador de Chile en la Argentina.
El retiro en la ONU del voto de apoyo a los reclamos reivindicatorios de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.
Otros de los efectos colaterales de esta postura del matrimonio Kirchner es el de debilitar los reclamos en pos de lograr que el gobierno de Irán acepte llevar a juicio a los ciudadanos de su país sospechados de haber participado en el brutal, y hasta hoy impune, atentado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994.
El Gobierno sufrió esta semana dos derrotas significativas: una fue la votación en la CTA; la otra, en el Senado, cuando con votos de algunos de sus legisladores, entre ellos el del jefe del bloque del Frente para la Victoria Miguel Angel Pichetto, se aprobó la Ley de Glaciares que una vez supo vetar la Presidenta. La otra alternativa inquietante para el oficialismo fue la aprobación en comisiones de la Cámara Alta del proyecto de ley para otorgar el 82% móvil a las jubilaciones mínimas. Esto ha encendido las alarmas en la Babel de Olivos.
Mientras tanto, el impacto social del asesinato de Matías Berardi ha complicado, una vez más, a la administración de Daniel Scioli. Como siempre sucede en estas circunstancias, el Gobierno nacional ha brillado por su ausencia. Estos casos cobran un relieve aún mayor cuando se producen en el marco de afirmaciones como las del ministro de Seguridad y Justicia de la Nación, Julio Alak, quien dijo que el delito había bajado en la Argentina, expresiones que fueron luego desmentidas por su propio ministerio.
La Dra. Fernández de Kirchner habló, en las últimas horas, de los efectos desestabilizadores de la mentira. La Presidenta tiene toda la razón de fastidiarse ante informaciones que no reflejen la verdad. El problema es que no parece mostrar el mismo fastidio cuando los que falsean la realidad son los organismos y/o los funcionarios oficiales.
Producción periodística:
Guido Baistrocchi
