A lo largo de la historia, gran parte de la elite política argentina ha recurrido a la militarización como una salida frente al “desborde de la criminalidad”. En nuestro país, al igual que en otros lugares de América Latina, la coyuntura electoral se presenta como el escenario ideal para avanzar en este tipo de iniciativas. No resulta sorprendente, entonces, que los principales candidatos presidenciales en Argentina hayan manifestado la necesidad de revisar el rol de las Fuerzas Armadas.
La intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior fue prohibida por la Ley 23.554 de Defensa Nacional, la Ley 24.059 de Seguridad Interior y la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional. A pesar de la existencia de un amplio marco regulatorio que limita las áreas de defensa nacional y seguridad interior, los intentos por militarizar la seguridad doméstica han estado siempre latentes.
Durante los 80, los esfuerzos militarizantes encontraron sustento en la amenaza de grupos “ultraizquierdistas”, según admitió el propio Alfonsín. Los decretos 83/89 y 327/89, ambos sancionados al final del gobierno radical, revirtieron parcialmente el espíritu de la Ley de Defensa Nacional, al posibilitar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en determinados asuntos de seguridad interior. En los 90, con el peligro de la sublevación militar prácticamente controlado, el foco de atención se trasladó a las “nuevas amenazas”. Si bien el Decreto 392/90 intentó dar respuesta a situaciones de “conmoción social”, Menem terminaría por fundamentar la intervención castrense como la única respuesta frente a “los fundamentalismos, la depredación de los recursos naturales, el narcotráfico y el terrorismo internacional”. Ya en el nuevo milenio, las iniciativas militarizantes se darían de forma solapada. Los operativos Escudo Norte y Fortín, mediante los cuales se habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, constituyen los ejemplos más representativos de esta tendencia durante los gobiernos del Frente para la Victoria.
Al igual que en el pasado, las posibilidades de avanzar en la militarización de la seguridad interior siguen presentes. Efectivamente, los tres candidatos principales han manifestado su intención de utilizar, de forma directa o indirecta, las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El puntapié inicial estuvo a cargo de Daniel Scioli, quien afirmó que “en algún momento habrá que ver un poco, por las características que toma el narcotráfico, el rol de las Fuerzas Armadas, porque evidentemente es un tema de seguridad interior”. Mauricio Macri, por su parte, coincidió con el gobernador bonaerense al reconocer que “el documento [elaborado junto con miembros de la oposición tiempo atrás] consta de muchas cosas, pero hay que agregarle la colaboración de las Fuerzas Armadas por los niveles de violencia que propone la problemática”. Una posición aún más radical fue lanzada por Sergio Massa, quien propuso “que los hombres del Ejército tomen el control de los barrios tomados por organizaciones criminales”.
Al igual que en el pasado, sin embargo, las posibilidades reales de que estas propuestas finalmente prosperen son escasas. Si bien un eventual incremento en las tasas de criminalidad podría fortalecer los clamores en favor de “mano dura”, los obstáculos frente a este tipo de iniciativas no son para nada desdeñables. Al marco normativo e institucional vigente, se suma la férrea oposición de vastos sectores políticos, los organismos defensores de derechos humanos y la comunidad epistémica. Quizá más relevante aún, la militarización no cuenta con un sustento empírico contundente, ya que la experiencia en América Latina sugiere que el involucramiento de las Fuerzas Armadas ha tenido un impacto minúsculo en los índices de delito.
*Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Rioja.
