No es novedad: contra lo que muchos creen, enero es un mes intenso en la vida política de la Argentina. Parecería ser el fruto de una verdadera dinámica inercial que nunca se detiene. Y hay veces en que lo intenso deriva en algo trágico: esta semana se cumplirán tres años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, un magnicidio institucional.
El impacto del aumento de las tarifas de los servicios públicos pegó fuerte en el índice de inflación de diciembre. Se entiende por qué Mauricio Macri quiere terminar con este proceso de ajuste, a más tardar, en junio de este año. Es tan cierto que el 24,8% de inflación anual de 2017 quedó muy por debajo del 41% del año 2016, como también lo es que superó con holgura el 17% vociferado a los cuatro vientos durante muchos meses por varios funcionarios, entre ellos el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
Habrá que ver qué pasa a fin de este año con el presupuestado 15% del que hablaron tanto el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como su par de Finanzas, Luis Caputo, en la conferencia del jueves 28 de diciembre pasado. Al Gobierno le ha quedado claro que hasta que este proceso de reacomodamiento de tarifas y de reducción del déficit fiscal no termine, la posibilidad de disminuir la inflación a un dígito será un imposible.
Planes. El consiguiente impacto negativo sobre la imagen presidencial generó en ese ámbito dos reflexiones: la primera –dicha por el mismo Macri–, que el capital político que le dio el resultado electoral de octubre último hay que usarlo ahora para ir adelante con estas medidas claramente antipopulares; la otra, la constatación de que esto había que comenzarlo ya y terminarlo antes de junio, a los efectos de no tener más sobresaltos de cara a 2019, año de la elección presidencial en el que Macri buscará su segundo mandato.
Mientras tanto, una encuesta aparecida el jueves de la consultora Synopsis, que predijo con notable exactitud el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires –en un sondeo de mitad de septiembre anticipó que Esteban Bullrich le ganaría a CFK por 39,1 a 34,3– muestra que la imagen negativa del Gobierno es del 41,4% contra el 38% de imagen positiva. Más claro, agua.
Hablando de imágenes y percepciones: la llamativa y veloz ganancia obtenida por las empresas de la familia del Presidente en la venta del parque eólico que inauguró en Chubut pusieron otra vez en el centro de la escena las cuestiones grises que hacen a la relación del jefe de Estado con los negocios de su parentela. Ya hay denuncias. Por esto y por otros casos notorios concernientes a las investigaciones por corrupción que involucran a varios altos ex funcionarios en los doce años del kirchnerato, el receso tampoco se ha sentido en el ámbito judicial. Lo novedoso de este enero es el avance de causas que complican a varios dirigentes sindicales. Ahí parece haber terminado una larga siesta de algunos magistrados.
¿Casualidad? Por lo que se ve y se escucha, la preocupación –que es grande– ha llegado a esas orillas. Las declaraciones siempre altisonantes de Luis Barrionuevo –“a los sindicatos los atacaron los militares, Alfonsín y De la Rúa, y terminaron mal”. (Se olvidó de Cristina Fernández de Kirchner, quien a los líderes de los sindicatos que no le gustaban los maltrató a más no poder). Lo que no dijo Barrionuevo fue que Saúl Ubaldini terminó pidiéndole disculpas a Alfonsín por los 13 paros generales que le hizo.
Más allá del impactante caso Balcedo –de poco peso político–, viene despuntando en el horizonte otro de envergadura: el de Hugo Moyano. En el medio de ellos están las idas y vueltas de la relación entre el Presidente y el líder de los camioneros y presidente de Independiente, que son parte de una trama que comenzó a tejerse cuando Macri asumió como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que derivó en una relación que, a modo de auténtica sorpresa, estuvo lejos de los ámbitos de borrasca que muchos auguraban. De hecho, en uno de los últimos actos de la campaña electoral de 2015 –la inauguración de la poco reconocible estatua del general Perón–, ambos compartieron el escenario. En la semana, incluso, el Presidente le tendió a Moyano la hoja de olivo cuando autorizó la presencia del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el acto de inauguración del sanatorio de los camioneros –ex Antártida–. A pesar de eso, el piso tiembla: se suman allí acusaciones de lavado de dinero en el manejo de las cuentas de Independiente, más el caso OCA, más otras denuncias que piensa reflotar la diputada por Cambiemos Graciela Ocaña.
El kirchnerismo, que anda a la búsqueda de aliados con desesperación, ha visto en esto la posibilidad de intentar un acercamiento con Moyano en particular y la CGT en general.
La libertad del ex vicepresidente Amado Boudou y su ex socio, José María Núñez Carmona, representa una diferencia de criterio importante entre la Sala I y la Sala II de la Cámara Federal Porteña en lo penal. Lo que es fundamental es lo que pase con las causas que incriminan a Boudou, porque lo importante es que haya un juicio y un veredicto en tiempo y forma.
Hay que recordar que en el caso del auto con documentación adulterada fue sobreseído porque la causa había prescripto. Este es el desafío para la Justicia: avanzar con las causas, llevar adelante los juicios y dictar sentencias en tiempo y forma. El caso del ex presidente Carlos Menem muestra lo inútiles que son las condenas cuando se producen veinte años después de los hechos: el impacto en la opinión pública es prácticamente nulo y eso permite que ninguna de ellas se cumpla. Ya se ha dicho: la justicia lenta no es justicia.
Producción periodística: Santiago Serra.
