Peligrosa atracción es la que ejerce un título de impacto sobre el editor, llevándolo a navegar en los límites mismos del mar del buen periodismo y la búsqueda de credibilidad, hasta el punto de hacer equilibrio entre las decisiones correctas y las que llevan a un peligroso ejercicio negativo de la profesión.
Esta semana, fue un fuerte atractivo el conocimiento de la noticia de los allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio en busca de información sobre propiedades inmobiliarias de la empresa Los Sauces SA, cuyos socios son la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos. El título fue casi el mismo en los programas radiales de la mañana del viernes (los operativos policiales ocurrieron en la noche del jueves y las primeras horas de anteayer), coberturas televisivas y medios gráficos publicados ayer: simplificando, los títulos coincidieron en afirmar: “Allanaron los departamentos de Cristina Kirchner en Puerto Madero”. Y más allá: que el juez debió ordenar que, ante la negativa a aceptar los procedimientos, se violentaran las puertas de acceso.
Durante horas, incluso hasta ayer, ese título tan vendedor se mantuvo en buena parte de los portales de noticias (incluyendo el de esta editorial), aun cuando ya se sabía que contenía un grueso error de información: los allanamientos no fueron practicados en los departamentos (ver foto) sino en las administraciones de los consorcios a los que esos inmuebles pertenecen. Claro está que no “vende” igual el afirmar que los operativos afectaron de manera directa los departamentos, aunque ello no fuera cierto. Lo llamativo, molesto y tramposo es que no hubo –salvo excepciones, escasas– rectificación clara y enfática a lo dicho en un primer momento.
Tampoco fue muy afortunado el título de ayer en la página 3 de PERFIL: “Bonadio tuvo que ordenar que tiraran abajo las puertas de los consorcios de Los Sauces”. Por partes: el juez no ordenó que tiraran abajo las puertas, claro, sino que los policías emplearan los recursos necesarios para acceder a las oficinas y allanarlas en busca de documentación que pudiera comprometer, en alguna medida a la empresa propietaria de los departamentos. Oficinas que, es preciso aclararlo, no son de los consorcios sino de sus administraciones.
Hay un sitio en internet, Spundge –recomendado como una buena herramienta de curaduría de contenidos– que permite diferenciar entre buenos y malos instrumentos informativos tanto en los medios digitales como en redes sociales que suelen dar origen a materiales periodísticos. Según consigna el sitio clasesdeperiodismo.com, el editor de Spundge, Craig Silverman, afirma que “todo comienza con un amplio compromiso de reconocer e incluso dar a conocer los errores”. En una entrevista para American Press Institute, Silverman indicó algunas buenas prácticas que deben ser tenidas en cuenta no sólo pensando en el periodismo “sino en el público, que es el más afectado”. Entre esas recomendaciones, el especialista señala que “el medio debe ser una escuela (…) Si un periodista falla, entonces los usuarios seguro también lo harán”. En definitiva, lo que Silverman recomienda es que una “nota de corrección”, “nota del editor” o “disculpas” deben ser respuesta a este tipo de hechos ante un error, ya sea de información o redacción; si hay un error tipográfico u otro tipo de desliz que genere un error general, o una confusión para el público; y si hay información retirada o añadida a una historia como consecuencia de una aclaración, la crítica, asuntos legales o cuestiones éticas.
En noviembre de 2013, el por entonces Defensor del Lector del diario El País de Madrid, Tomàs Delclós, escribía: “Un antiguo director de Los Angeles Times, John Carroll, comparó hace años los errores periodísticos con la polución industrial. Y, admitiendo que cometerlos es inevitable, defendía que ‘un buen periódico se limpia a sí mismo’ reconociéndolos y reparándolos. Una encuesta de 2009 de Pew (un think tank con sede en Wasghinton) entre lectores de prensa estadounidense reflejaba que el 63% creía que las noticias eran ‘a menudo’ inexactas, pero era mucho peor otro porcentaje: apenas el 21% estaba convencido de que las organizaciones periodísticas estaban dispuestas a admitir sus errores”.
En definitiva, lo que pretende enfatizar este ombudsman es que no importa cuán grueso es el error, sino que es preciso actuar rápidamente para que sea subsanado, aclarado, expuesto ante los lectores (u oyentes, televidentes, usuarios de instrumentos digitales) porque la credibilidad de un medio crece cuando sus editores son tan capaces de administrar buena información como de reconocer equivocaciones propias o adquiridas.
