Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay 216 personas curadas que podrían reinsertarse gradualmente
en la sociedad, pero que siguen internadas en los hospitales neuropsiquiátricos porque no tienen
dónde ir. Esta situación desnuda el drama de la falta de “casas de medio camino” u
“hogares de convivencia”, instituciones que puedan rehabilitar a quienes ya no tienen
graves problemas mentales pero todavía requieren algún grado de asistencia. El Gobierno porteño
planea habilitar ese tipo de instituciones mientras los médicos y enfermeros se quejan de la falta
de presupuesto.
Son los grises para algunos psiquiatras, y los borderlines para el común de la gente. Se trata, en realidad, de personas que afrontan problemas de salud mental y están compensados y estables, pero que por causas sociales o sanitarias todavía no pueden reinsertarse en la sociedad. Es el drama de cientos de argentinos, que aún recuperados de sus trastornos de esquizofrenia, psicosis o bipolaridad, no encuentran una alternativa en el sistema de salud para volver a sus vidas normales.
Muchos, aun sanos y con posibilidades de trabajar y vivir por sí solos, siguen por estas horas encerrados en alguno de los neuropsiquiátricos públicos, mientras que en el interior son derivados a otras provincias por falta de camas o centros especializados. El tema preocupa a la Justicia, a psiquiatras y a sanitaristas, quienes en diálogo con PERFIL recomendaron la apertura de casas de medio camino.
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El encierro de personas sanas fue confirmado a este diario por el titular de la Asesoría Tutelar 1 de la Ciudad, Gustavo Moreno, quien tras una investigación próxima a ser difundida aseguró que 216 personas están internadas en forma indebida en los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y Alvear, los cuatro de la órbita porteña. La asesoría suma cuatro amparos judiciales para “liberarlos” y favorecer su reinserción, pero especialistas aseguran que hay una “escasez total” de casas para enfermos compensados.
“Están en condiciones de salir unos 80 hombres internados en el Borda, 126 mujeres en el Moyano, y diez niños en el Tobar García y en el Alvear. La cifra ha venido bajando –en 2005 eran más de 500–, pero queda claro que la salud mental no es una prioridad política”, denunció Moreno a PERFIL.
Diego Friedman, médico del Tobar García, como sus colegas del Borda y del Alvear, recomendó los hogares intermedios: “Las casas de medio camino aceleran la reinserción, las personas sin recursos podrían ir a casas de convivencia subsidiadas por el Estado, porque es una cuestión social”.
Los hogares de rehabilitación se encuentran en los planes del macrismo como opción para descomprimir los hospitales, “en cuyos pasillos es posible encontrar gente que está internada desde hace 30 o 40 años”, dice Moreno. Los artículos 14 y 15 de la Ley de Salud Mental prevén su apertura, aunque fueron los privados quienes tomaron la iniciativa.
El hostal La Casa es una de ellas. Su directora, Patricia Dota, explicó a PERFIL que alojan “pacientes compensados”, que no pueden estar solos, pero no requieren una internación. “Es como una casa de familia, con asistencia permanente”.
El inconveniente, según Dota, es que las obras sociales y prepagas “no tienen el servicio arancelado” y sólo cubren el servicio cuando se inicia un “juicio por incapacidad”. Esto, según los especialistas, suele traer más inconvenientes que beneficios para los pacientes, “ya que les costará aún más conseguir un empleo”.
Desde el Centro Aranguren, una de las casas de medio camino más antiguas, la doctora Mónica Fernández Bruno asegura que en los últimos años “se nota una mayor apertura por parte de las obras sociales”.
En efecto, una de las prepagas con más afiliados, que solicitó reserva, aseguró a PERFIL que utiliza las casas, ya que es “más costosa una internación permanente que una recuperación en estos hogares”. La estadía promedio varía entre 3 y 18 meses, y el precio es de entre 4 mil y 8 mil pesos por mes.
El inconveniente, dicen en la prepaga, es que “no hay lugar, los centros de este tipo se cuentan con una mano”. La codirectora de La Casa, Virginia Martínez, lo confirma: “No hay camas disponibles en Capital y lo mismo pasa en otras ciudades”. Todos coinciden en que es el Estado quien debe promoverlos (ver recuadro).
Además de padecer de esquizofrenia, trastornos de personalidad, abuso de sustancias, bipolaridad, psicosis o depresión, los casos grises deben afrontar algo aún más angustiante: el estigma social. Según Fernández Bruno, “pueden estar en talleres protegidos, pero cuando salen son muy pocas las empresas que los toman, les tienen miedo”.
“No sólo los gobiernos los excluyen –añade Moreno– ni siquiera para la sociedad son una prioridad, es que la locura parece que no se puede ver... y los locos no votan”.
