Una vez más en la historia reciente, un hecho de significativa connotación política y social pone en evidencia una trama de corrupción y abuso en la que los administradores del poder utilizan a las instituciones del Estado para su propio beneficio, aun a costa de la seguridad de la población. Una vez más, el gobierno de turno anuncia cambios para dar cuenta de la crisis tan “drásticos” y “estructurales” como las circunstancias que lo promueven. Una vez más, la política esconde sus culpas cargando todas las tintas en las instituciones de las que abusaba hasta desatada la crisis. Una vez más, todo seguirá igual… o peor.
En efecto, los cambios que se implementarán en Inteligencia replican el error fatal que condujo al sistema vigente a la crisis, esto es, confundir la inteligencia nacional con la investigación compleja. La inteligencia nacional consiste en la reunión y el análisis de información vinculada a los intereses nacionales de modo que el presidente anticipe riesgos u oportunidades para nuestra nación, y tome decisiones que mitiguen aquellos y aprovechen éstas.
La investigación criminal, por más compleja que sea, no requiere secreto y su función es reunir evidencia que pueda ser utilizada para acusar a un sospechoso. Por eso, sus actividades tienen que funcionar dentro del marco de la ley, de modo que no invalide procesalmente a la acusación. Las acciones encubiertas o secretas de la inteligencia criminal se dan en el marco de una causa judicial, y por tanto por un período acotado de tiempo. Nada tienen que ver con la inteligencia nacional.
Es tan sensible esta última función que algunas democracias le prohíben al organismo de inteligencia llevar a cabo actividades dentro del territorio nacional. Por ejemplo, la CIA –organismo de espionaje– tiene vedado el accionar dentro de los EE.UU., donde sólo el FBI –una policía de investigaciones complejas, pero no secreta– lleva adelante las tareas de contrainteligencia y contraterrorismo. Más allá de que todo modelo requiere adaptación, es dable resaltar que el principio de división de funciones (investigaciones/inteligencia) y especialización por jurisdicción (interior/exterior), si está bien coordinado en el nivel de la conducción política, tiene la ventaja de mitigar los riesgos de abuso de estas estructuras, a las que necesitamos fortalecer, pero también controlar.
Pero también la forma en la que se producen los cambios propuestos es seriamente cuestionable. Junto con las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, la Ley de Inteligencia Nacional es una de las normas fundamentales de la democracia argentina, que debiera reflejar los acuerdos básicos a los que los distintos sectores políticos arriban para manejar una función tan importante como peligrosa. Aun con sus falencias –algunas graves–, la ley de inteligencia vigente tenía la hoy rara virtud de haber surgido del consenso. La que se aprobará, por el contrario, nace herida de muerte, y tendrá una vida tan larga como el período que le resta a este gobierno.
Finalmente, la sospecha de que estructuras de inteligencia militar son utilizadas para el espionaje político aumenta exponencialmente el desaguisado que deja este gobierno. Es cierto que el ciberespacio se convirtió en un nuevo teatro de operaciones y, por tanto, debemos prepararnos. Pero usar eso como excusa para que las FF.AA. desarrollen tareas de espionaje político sería de una gravedad inusitada. Después de la dramática experiencia de los 70, ¿otra vez la política les abre la puerta de los asuntos domésticos a las FF.AA., y otra vez las FF.AA. entran? ¿Qué más tiene que suceder para que la dirigencia no repita horrores tan groseros? ¿No ha servido la guerra fratricida a la que nos condujeron hace apenas cuarenta años para aprender –al menos– lo que no hay que hacer? ¿Otra vez, dentro de unos años, veremos a oficiales militares condenados en los tribunales, esta vez no por crímenes de lesa humanidad sino por espionaje político? Este gobierno –que, aunque autoproclamado “progresista”, les abrió la puerta trasera de la política a los militares– cargará con el sambenito.
*Politólogo. Ex vice ministro de Seguridad bonaerense.
