México es un país fascinante y que da miedo, al mismo tiempo. A finales de enero de 2009, el ejército mexicano detuvo en el hotel Baja Season, en Ensenada (Baja California), a Sergio Meza, el Pozolero, del cartel de los Arellano Félix.
En 1996, Meza había empezado a trabajar para los narcos que operan en la frontera con los Estados Unidos. Teodoro García Simental, su jefe, lo introdujo en lo que sería su trabajo desde entonces hasta su detención: disolver los cadáveres de las víctimas de los narcos en soda caústica y arrojarlos luego a fosas comunes o sumideros en las casas francas de los alrededores de Tijuana. Si bien Meza reconoció haber disuelto más de trescientos cadáveres (algo así, porque no los contó) en soda cáustica (los cadáveres llegaban en pipas de agua, ocho horas de hervor necesitaban, lo más difícil de disolver eran los dientes, se sumergían ristras de ajo en la solución para disimular el olor nauseabundo), invocó su inocencia diciendo que él no secuestró ni mató a nadie, sólo se encargó de los cadáveres.
Aparentemente, la legislación mexicana le daba la razón porque, según sus códigos, el Pozolero no había cometido ningún delito grave (apenas una violación de las leyes de inhumaciones y exhumaciones).
En marzo de 2011, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicó una reforma promovida por Jesús Gerardo Cortez Mendoza para modificar el artículo 280 del Código Penal Federal, que aumentaba las penas de 4 a 15 años para delitos de esa índole.
Para un argentino medio, para el cual las figuras de la “desaparición de personas” y la “asociación ilícita” constituyen figuras penales de circulación cotidiana, un titubeo jurídico como ése suena a cuento de hadas o, mejor dicho, a cuento chino. Meza está a punto de recuperar la libertad. El arzobispo de Tijuana declaró que si el arrepentimiento del Pozolero era auténtico, el perdón de Dios estaba a su alcance.
