—Che, ayer Alberto recibió a los laboratorios extranjeros y hoy salieron dos compras directas para ellos en el Boletín Oficial. ¿Qué pasó?
—No te hagas la cabeza. No es nada. Son compras aprobadas en 2019 y por exclusividad. Vos sabés que yo no voy a defender a las multis, pero esos productos solo los hacen ellos.
El llamado telefónico el miércoles al mediodía de un lobbista de la cámara de los laboratorios nacionales Cilfa a uno de los socios revela la sensibilidad de los popes farmacéuticos ante un posible negocio en tiempos de la pandemia. Es algo que ocurre en todo el mundo con la carrera por el hallazgo de una vacuna contra el coronavirus o para lograr los testeos más veloces y precisos, que tiene en llamas a las principales corporaciones. Y que acá se manifiesta cuando se publica una contratación jugosa del Estado y se prenden las alarmas de todo el sector en modo “qué me estoy perdiendo”.
Hablaban de las compras directas de 3 millones de unidades del antirretroviral raltegravir por $ 37 millones a Merck Sharp & Dohme (MSD) y de las 6 mil ampollas por $ 234 millones del anticuerpo monoclonal palivizumab a Abbvie, operaciones que venían demoradas desde el año pasado y se concretaron después del encuentro de los representantes del sello de laboratorios extranjeros Caeme con el jefe de Estado. Allí estuvieron los número uno en el país de Glaxo Smith Kline (GSK), Pfizer y también de la mencionada MSD, liderados por Flavio Devoto, justamente el titular de Abbvie y presidente de la entidad.
En ese marco, también, anunciaron la provisión de materiales e insumos para dos hospitales de PAMI en el Gran Buenos Aires, en un contexto donde hay como una carrera de donaciones. Incluye desde la entrega que hizo Sanofi de hidroxicloroquina, el medicamento antipalúdico que ahora concita más rechazos que aprobaciones para tratar los efectos del Covid-19, hasta los 170 mil kits de testeos rápidos que donó la firma Petroquímica Cuyo, propiedad de la familia de Lilia Neumann de Sielecki, socios de Hugo Sigman en los laboratorios del grupo Insud, donde se fabrica desde alcohol en gel hasta las vacunas antigripales que compra el Ministerio de Salud.
Se trata sin dudas de contribuciones valiosas para combatir una emergencia sanitaria inédita, pero también forman parte de lo que algunos veteranos de la industria describen como la más grosa implementación del “primero te lo regalo y el segundo lo charlamos” que rige el mundo de la salud y que abre interrogantes sobre licitaciones y compras futuras que tenga que hacer el Estado apurado por la crisis. Ya hemos visto cómo funcionan los mecanismos de contratación pública de comida o barbijos tanto en el gobierno nacional como en la Ciudad de Buenos Aires. Así que guarda cuando convergen la urgencia de las sociedades con miedo con la efervescencia de un sector que huele nuevos negocios a escala planetaria.
Lo que dé. Todos estos, igual, son white people problems al lado del panorama de la economía, cada vez más delicado. Hay mil formas de apreciar el derrumbe sin precedentes de la actividad: se ve en que las operaciones con tarjeta de crédito cayeron 50% en la cuarentena o en que el consumo de cerveza (que venía bajando 25% en marzo) se hunde otro 47% en abril. Pero hay una sola variable que se parece al escozor previo a que pase algo feo. La cotización de los dólares sin cepo jugó en la semana entre los $ 110 y los $ 120, y se separó por primera vez más de un 70% respecto del oficial. Tranqui.
Dos descripciones de un integrante de la mesa de decisiones valen para entender el bardo en el que estamos. Una: “La emergencia es infinita, no hay forma de dejar de emitir”. Dos: “Esto es un tsunami y estamos en un bote de goma”. Es loco, porque aunque habla de niveles exagerados de asistencia, el paquete de rescate argento es de los más cautos del mundo, en línea con un país sin crédito y con recaudación en picada, como el de quien viene ya de crisis de antes.
Tras las medidas adoptadas para contener el blue, ya bautizado “dólar Rappi” porque dicen que tiene incorporado el costo del delivery, hay cambios más drásticos en estudio. Algunos quieren volver a masificar la inversión en los instrumentos que emite el Banco Central, como las Leliq, que con tasas al 38% podrían atraer a los que hoy compran bonos y acciones en pesos para conseguir divisas en la Bolsa. Otros hablan directamente de eliminarlas y generar nuevas alternativas en pesos. Alguna vez existieron los “bonos YPF”, en la época de Cristina, pero hoy sería un chiste en un mundo que no sabe dónde meterse el petróleo.
Como sea, hay dos lecturas sobre la política económica en esta etapa. Una, que este temblor financiero era un “daño colateral” inevitable al tratar de salvar la economía como lo están haciendo en todo el mundo, imprimiendo moneda, pero con nuestro plus que nunca falla. Pero la otra es que al mismo tiempo hay una profunda mala praxis, que llevó a querer salvar con créditos a pymes que no pueden facturar y se terminó con tasas tan bajas que los plazos fijos fluyeron a fondos de inversión que buscaron un rayo dolarizador.
Y mientras tanto ahí va Martín Guzmán, un ministro de Economía que dedicó su vida a estudiar renegociaciones de deuda, como se puede ver en libros como Demasiado poco, demasiado tarde (que vale US$ 41 en su versión Kindle) encarando una reestructuración con final abierto. Puede haber una sorpresiva adhesión sin ningún endulzante, tal vez si los acreedores notan que asumir alguna pérdida con la Argentina puede estar mal, pero no tan mal entre tantos números rojos en medio de la pandemia; puede haber algún pequeño guiño del Gobierno que termine de acercar las posiciones, porque en definitiva “la diferencia son 20 guitas”, como dijo el economista Emmanuel Alvarez Agis en varios Zoom con inversores esta semana; o puede haber, como empieza a correrse la bola, un acuerdo parcial, con una parte de los acreedores adentro y el resto afuera, rumbo a la Justicia en Nueva York. Bueno, cuando abra.
