En el último año, Alemania, la llamada troika –el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y la Comisión Europea– y los sectores privados (bancos de inversión, calificadoras de riesgo) impusieron un único método de salida de la crisis en Europa: fuerte ajuste fiscal –con despidos y reducción de salarios– y reformas estructurales pro mercado, como privatizaciones. El objetivo es, dicen, reducir la carga de la deuda pública en las economías afectadas y así volver al crecimiento.
Hace un tiempo traté en este panorama la estremecedora visión de la señora Christine Lagarde, directora gerenta del FMI. Con una crudeza a la cual creen tener derecho ciertas personas con poder, Lagarde había afirmado que los viejos y sus jubilaciones se convertían en un problema para los equilibrios presupuestarios, como resultado del aumento de la esperanza de vida. Largas vidas, prolongadas jubilaciones eran, en breve, una manera de derrochar recursos.
La sinceridad malthusiana de Lagarde se produjo la misma semana en que el jubilado griego Dimitris Christoulas se suicidaba con un tiro en la sien frente al Parlamento de su país. Había dejado una carta en la que decía que con la disminución de su ingreso ya no podría vivir y que no quería ser una carga para sus hijos.
La declaración de lesa humanidad de la jefa del FMI y el suicidio de Christoulas no evitaron que en Europa continuaran el ajuste. La situación, lejos de resolverse, en muchos casos, empeora. La observación y la lectura de algunos datos confirman que el plan de ajuste resulta ser una medicina amarga e ineficaz.
Curiosamente, el FMI acaba de publicar un documento donde dos de sus economistas cuestionan los efectos positivos de los ajustes que la misma organización promueve. Luc Eyraud y Anke Weber sostienen una tesis mayor: durante los primeros seis años, el ajuste (pensado para reequilibrar los presupuestos) en las economías avanzadas tiene la misma consecuencia sobre la disminución de la deuda pública que aquella que se habría logrado sin ajuste.
Peor aún. En el tiempo que va desde el inicio del ajuste hasta el sexto año, los efectos no son neutros, sino negativos para el equilibrio de los presupuestos. Si esto es cierto, las políticas promovidas son, además de crueles, inútiles para la mayoría de la sociedad.
Una afirmación de esta importancia merece algunas precisiones. Los autores sostienen que el ajuste lleva a un aumento de la deuda pública durante los primeros años (entre seis y siete años) en los casos en los que la deuda se sitúa arriba del 60% del PIB. Solamente luego de ese período se podrían ver efectos positivos del ajuste en la reducción de la deuda. Este trabajo se puede consultar en http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1367.pdf .
Paul Krugman trabajó en un ejercicio de simulación con el modelo propuesto y comprobó que “algo alarmante sucede. En lugar de caer, la relación de la deuda respecto del producto bruto parece aumentar durante años”.
Por cierto, no es necesario subrayar la contradicción que sea el mismo FMI el maestro impulsor de los ajustes y el que pone el pie de imprenta al documento que comento. Evidentemente, la señora Lagarde no lee lo que hacen sus subordinados o las políticas que impulsa no tienen que ver con la lógica económica.
Por tanto, más allá del debate técnico, debemos ingresar en el análisis político de lo que sucede. Lo cierto es que los países de la Unión Europea entraron en un estrecho corredor. El margen para alternativas al ajuste fue casi nulo. Cierto, algunos países, en particular Francia, promovieron la idea de que los planes de ajuste debían coexistir con un fuerte impulso al crecimiento. Por ahora, el presidente francés, François Hollande, ha aplicado un ajuste alternativo, con mayores impuestos a los más ricos.
Buena parte de las opiniones públicas se dividió en torno a la opción del ajuste. Los pro sostenían que era un paso prioritario e inevitable; lo que estaban en contra mostraban los costos sociales que su aplicación produciría (y su eventual inviabilidad). Curiosamente, el debate casi no consideró las alternativas sobre quiénes podrían ser los que asumieran el costo principal del ajuste.
Es difícil, en el actual estado de organización de nuestras sociedades, negar que los equilibrios macroeconómicos básicos son indispensables. No obstante, eso no significa que los costos y sacrificios deban ser pagados por los sectores de menores ingresos. Una cosa es el equilibrio, otra quién lo paga. Al ignorar este segundo aspecto del debate, se torna casi imposible plantear alternativas al ajuste ortodoxo.
Según los datos de la Comisión Europea y de la OCDE, los resultados de las políticas de ajuste no son alentadores. La economía cayó de 0,5% en 2012. El mercado de trabajo está peor (precarización, caída del empleo). Hay 26 millones de desocupados. En 2011, la pobreza alcanzó al 24,2% de la población de la Unión (en 2010 era 16,4%). Diversos informes describen una caída evidente desde 2007 en la calidad de vida, en particular “El Informe Europeo sobre la calidad de vida”.
En el último informe de la Comisión Europea sobre la situación social se lee: “Los grupos más afectados son los adultos trabajadores […], como consecuencia, la situación de los niños también se deterioró en la mayoría de los Estados miembros. La proporción de la población de UE que informa que en sus hogares experimentan ahogos financieros ha aumentado rápidamente en los últimos meses. […] Durante el último año esta situación financiera ha sido particularmente aguda en Italia, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Portugal y España”.
El fracaso del ajuste promovido por los apóstoles del mercado ha llevado a la paradoja –que hemos conocido en la Argentina– de que por primera vez en la Unión Europea esté en discusión la garantía de los depósitos bancarios. En Chipre, la troika exige como condición de un rescate la aprobación de una ley sobre una quita a los depósitos, proyecto que fue rechazado por el Parlamento el pasado martes. Sin embargo, ante la reacción de miles de ahorristas que fueron a retirar su dinero, las autoridades chipriotas prohibieron a los bancos las transferencias y otras operaciones. Así, continúa la fuga hacia adelante –bajo el lema “no hay otra solución posible”–, y en nombre del ajuste se violan hasta principios básicos de una economía de mercado.
En Grecia, la situación sigue extremadamente grave. Lector, usted recordará que durante el gobierno Papandreu, antes de la crisis, las cifras del déficit público habían sido alteradas para mostrar una situación menos grave ante la UE y el FMI. Ahora sabemos que el fraude no se detuvo allí. Cuando se revisaron las cuentas, el jefe de las estadísticas griegas, el señor Georgiou, apoyado por la Comisión Europea, también las cambió para que el desastre pareciera mayor y, por lo tanto, sus necesidades de ayuda imperiosas y los espacios de negociación, casi nulos. Esta ayuda a la política de Berlín, que llevó el déficit fiscal a 15% del PBI, le costará al señor Georgiou al menos cinco años de prisión.
De este modo, sobre la base de políticas sin justificación técnica y maniobras fraudulentas, los titiriteros del ajuste llevan a Europa a abandonar la sociedad de bienestar creada durante los últimos cincuenta años y que permitió durante esas décadas un período excepcional en la antigua historia de esa región de paz, prosperidad y democracia.
