Cuando un tema crece en intensidad por la acción de los medios y personajes influyentes, suele darse una situación paradojal: en una alta proporción, quienes tienen la responsabilidad de bieninformar a la opinión pública se quedan con lo superficial y enfatizan un punto –sólo uno– de la cuestión por razones diversas: por desconocimiento, por una hipócrita utilización del tema o por una coyuntura que puede favorecer a uno u otro sector político o de pensamiento. El castigado por tales posiciones es, siempre, el ciudadano de a pie.
Este ombudsman quiere proponer a los lectores de PERFIL un ejercicio: sumergirnos, juntos, en el debate acerca del sistema penal para niños y adolescentes, que ha quedado subsumido por el ruido mediático y de las redes sociales a la baja o no de la edad de imputabilidad para quienes cometen delitos. El punto de partida que se les propone a los lectores de PERFIL es distinto del que ha capturado páginas, minutos de televisión y radio, espacios en portales de noticias y abundantes posteos y comentarios en las redes sociales.
El sistema actual deja a los chicos en estado de total indefensión, fuera del régimen jurídico, sin derecho a procesos penales democráticos y menos a una defensa adecuada. Rige aún, desde 1980, el Decreto Ley 22.278 que firmó el dictador Jorge Rafael Videla, un engendro que deja en manos de jueces de menores la decisión arbitraria de punir o no, liberar o no, internar o no a los niños y adolescentes en instituciones supuestamente destinadas a su rehabilitación. El meollo de la cuestión está en esta suerte de sistema medieval, tutelar, sin derechos para víctimas o victimarios, basado en la mayestática decisión de un magistrado.
Desde que la democracia rige en la Argentina (no olvidemos: 33 años y poco), todo intento por poner en marcha un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil ha sido frustrado por decisiones políticas coyunturales, oportunismo o desidia. En noviembre de 2009, el Senado de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que sintetizó las inquietudes e iniciativas de varios legisladores de diversos orígenes políticos: María Perceval (peronista de Salta), Sonia Escudero (Frente para la Victoria) y Gerardo Morales (UCR) fueron los firmantes, entre otros, del nuevo régimen penal para menores. El sistema planteaba que la privación de la libertad para los menores de 18 años infractores de la ley seríá “la excepción y el último recurso”, y liberaba de responsabilidad penal a quienes tuvieran menos de 14 años. En su amplio articulado, la iniciativa recogía propuestas del ex ministro de la Corte Suprema Raul Zaffaroni y de la académica de la Universidad de Buenos Aires Lucía Larrandart. Todo parecía encaminarse a una rápida resolución –aun con debate– en la Cámara de Diputados, considerando que por esos días la presidenta Cristina Fernández y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, pronunciaron sendos discursos en los que parecían bendecir el proyecto aprobado. Sin embargo, esto no sucedió: seis años después, la iniciativa quedó como entonces y nunca fue tratada por la Cámara baja.
Lo curioso en este caso actual es que poco o nada se habla del régimen penal juvenil y demasiado de uno de sus aspectos, cual es el de la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una cuestión meramente instrumental. ¿Cuál es el derecho vulnerado de los niños y adolescentes? El derecho a ser considerados sujetos jurídicos con todos los atributos de un adulto (defensa en juicio, análisis caso por caso, decisión no arbitrara de un juez).
Ayer, en la página 31 de este diario, se publicaron artículos de dos columnistas que plantearon posturas disímiles. Artemio López, consultor histórico del kirchnerismo, hablaba de la edad mínima de imputabilidad a los 14 años como “disparate”, llevaba la cuestión a las desigualdades sociales por todos conocidas y concluía elogiando la tarea que hizo hasta 2015 el sociólogo y experto en niñez Alberto Morlachetti. Laura Mussa y Sebastián Vázquez, de la Fundación Sur, fueron más al hueso y enfatizaron que “Argentina no tiene un sistema de responsabilidad y se constituye en el único país de América Latina que no lo tiene”. Agregaron, críticamente: “En el contexto actual, hablar de la baja de la edad de imputabilidad es una mera retórica, puesto que el decreto vigente habilita la disposición plena y sin límite de edad respecto del niño, pues el juez penal de menores puede disponer discrecionalmente del ‘menor’, lo cual se traduce en la facultad de privarlo ilegítimamente de la libertad. Es ilegítima y anticonstitucional, ya que nunca se lo sometió a un proceso penal en el cual se demostrara su culpabilidad y se determinara una condena aplicable”. Para este ombudsman, ahí está el centro de la cuestión.
Este defensor de los lectores sugiere a sus destinatarios que profundicen en este tema tan sensible y marginen el oportunismo de medios, personajes mediáticos y habituales opinadores en las redes sociales.
