El país se enfrenta a una situación sin precedentes en su historia política desde la sanción de la primera Constitución en 1853. Por primera vez un presidente será elegido en una segunda ronda electoral. El sistema de doble vuelta fue adoptado en la reforma de 1994, pero tuvo como precedentes las dos elecciones presidenciales celebradas en 1973 bajo el imperio del Estatuto Fundamental de 1972, impuesto por el gobierno militar y no impugnado por las fuerzas civiles que se presentaron a ambas elecciones. En la mayoría de los casos no se aplicó porque los hábitos políticos de los argentinos indican que casi siempre un candidato cuenta con un fuerte apoyo popular.
La historia de las presidencias electivas registra muy pocos casos de presidentes con menos del 40% de los votos emitidos: Agustín P. Justo (38%), Arturo H. Illia (25%), Néstor Kirchner (22%), cada uno con circunstancias y leyes electorales diferentes.
Casi el 64% del electorado eligió fórmulas opositoras al oficialismo, que concluye su tercer mandato consecutivo, al que debe añadirse el año y medio de la presidencia de Eduardo Duhalde, de la cual Néstor Kirchner fue su continuador, más allá de sus confrontaciones posteriores.
Si triunfa Cambiemos, el gran desafío de su gobierno no será sólo económico y social, sino cultural. Desde el golpe de 1943 que llevó a la formación del peronismo, la política argentina se ha desarrollado bajo el imperio de los mitos. Ha reemplazado la adhesión conceptual al ideario de un partido o alianza, la confianza personal en los candidatos que la encarnan, por la adhesión a verdades reveladas y, por tanto, insusceptibles de ser cuestionadas y la simpatía por los dirigentes políticos por el culto a la personalidad. Los líderes son dioses sin defectos, que se inmolan por el bien del pueblo. La confrontación política se expresa con la lógica de los ejércitos, el lenguaje se impregna de expresiones militares.
A esta forma de vivir la política y contar la historia han contribuido los oficialistas y una muda población que no adhiere, pero tampoco disiente fuera del ámbito privado y una minoría opositora, que expresa su rechazo en forma superficial y recalcitrante, excepto muy honrosas excepciones.
El gran desafío es cultural porque para que pueda consolidarse una auténtica democracia del siglo XXI hay que convertir los mitos en conceptos, los relatos en hechos susceptibles de diferentes interpretaciones, la aceptación del disenso en un hábito social de convivencia. La política no debe ser un campo de batalla, sino la civilizada confrontación parlamentaria.
Esto se realiza mediante un sistema de información pública estatal y no gubernamental, la enseñanza de la historia en sus hechos integrales y en la diversidad de sus interpretaciones, el uso de las instituciones culturales públicas y del fomento estatal de las artes abiertas a toda forma de expresión temática y estética, la admisión del debate como el motor del enriquecimiento expresivo de la sociedad.
La existencia de una democracia hoy no se verifica sólo por la elección de sus gobernantes, sino por el respeto a la diversidad cultural, signo de la época. Cuanto más respeto reciban los grupos minoritarios, cuanto más libertad se le reconozca al individuo para expresar su interioridad, cuando el Gobierno no quiera imponer un modelo hegemónico de pensamiento e interpretación histórica, más cerca se estará del ideal democrático que, más que un régimen político es un sistema de organización de la vida social.
El principal documento que la Unesco ha adoptado en ese siglo es la Convención por la Diversidad de las Expresiones Culturales. Nuestro país lo ha ratificado. Sólo queda buscar los modos efectivos para que tenga cumplimiento.
*Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Culturales.
