Nuestro sistema jurídico es claro. La propiedad es inviolable y nadie puede ser privado de ella, sino en virtud de una sentencia fundada en ley. Así lo establece el artículo 17 de la Constitución Nacional (CN). Por cierto ese derecho no es absoluto. La misma norma constitucional contempla la expropiación por causa de utilidad pública, que debe ser dispuesta por ley y ser previamente indemnizada.
La usurpación, es decir, el hecho de despojar a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble mediante violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad, es un delito sancionado por el Código Penal. Ocurre cuando el despojo se produce invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.
En paralelo, la Constitución, en su artículo 14 bis, asegura el acceso a todas las personas a una vivienda digna. No se trata de una expresión de deseos sino de una garantía constitucional, de lo que la Justicia ha definido como una cláusula operativa, es decir, de un derecho efectivo de cada ser humano.
En estos días vuelve a salir a la luz que ninguna de esas normas se cumple plenamente. Hay numerosas usurpaciones que afectan el derecho de propiedad de los dueños de los predios y hay millones de personas que no acceden –en la Argentina y en el mundo– a una vivienda digna.
Vemos que el marco jurídico es claro:
- La propiedad privada debe ser respetada y solo puede modificarse su titularidad por sentencia judicial.
- Compete al Estado garantizar la efectiva vigencia de los derechos reconocidos por la CN entre los cuales se encuentra el acceso a una vivienda digna.
Sin embargo, la cuestión dista de ser simple, no solo porque en nuestro país la existencia de normas no asegura en absoluto su cumplimiento sino porque la polarización, cada día más nefasta y extrema, lleva a planteos binarios y facilistas que ignoran la complejidad y magnitud de los problemas.
Concretamente, hay quienes eligen ver exclusivamente –o, al menos priorizar– las violaciones del derecho de propiedad sin interesarse demasiado por la imposibilidad de acceder a una vivienda que, en todo caso, consideran como algo a cuya resolución son ajenos.
En la otra vereda, hay quienes ponen foco solo en el derecho a una vivienda y se despreocupan del de propiedad y, en supuestos extremos, lo desconocen o minimizan.
Por supuesto, existen muchas posturas intermedias, propuestas prudentes de pensar en términos más razonables y constructivos, pero, rápidamente, son descalificadas por el vendaval que –de ambos lados– fogonea la grieta.
Ahora bien, sabemos que no hay modo de reparar una injusticia sino dentro del marco legal. Cualquier otra alternativa conduce a la anarquía, al sálvese quien pueda y, a la larga, al dominio del más poderoso con grave perjuicio de los sectores excluidos, algo especialmente grave en un país con tan altos niveles de pobreza e indigencia y donde además, hace décadas, imperan la anomia y el desprecio por la ley.
No es una cuestión moral ni ética sino una necesidad para la vigencia del Estado de Derecho democrático. La historia nos demuestra que, como dijo en su momento Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno, pero solo si se descartan todos los demás.
Claro que la vigencia de las instituciones requiere que los derechos se gocen de una manera real y efectiva. De lo contrario se plantea un brutal contraste entre la letra legal y la realidad que afecta la credibilidad del sistema y la paz social.
Por eso, aunque sea cierto que la garantía de acceso a la vivienda digna no pueda ni deba ser resuelto más que por el Estado, y que tras muchas de las usurpaciones se escondan mafias o intereses de sectores que las estimulan o aprovechan, es un hecho tangible que millones de argentinos carecen de vivienda y ese drama tiene consecuencias inevitables para el conjunto de la sociedad.
Al mismo tiempo, la privación de vivienda no puede justificar el despojo de la propiedad de otras personas ni el desprecio por un derecho esencial dentro del sistema democrático, cuya violación reiterada también causa serios daños al presente y al futuro colectivo.
La Argentina lleva décadas de patético retroceso y una de sus causas fundamentales es la falta de reglas claras, de respeto a la ley y a la Justicia, sin perjuicio de destacar las también grandes y graves falencias de esta última. Otra razón significativa de nuestras crisis recurrentes es la ya señalada polarización extrema, las miradas facilistas que descartan los matices y el análisis profundo.
No habrá modo de superar el abismo en que nos encontramos ya cayendo a ritmo acelerado sin acuerdos serios, amplios y sustentables que lleven a políticas de Estado. Para eso es básico escucharnos y reconocernos como sujetos de derecho que cada uno de nosotros es.
*/**Abogados.
