Los libros tienen vida propia, se separan de sus autores y suelen provocar en los lectores sensaciones y reflexiones que ni siquiera habían sido experimentadas o imaginadas por quienes los escribieron. A veces, los aportes de lectores atentos pueden precisar y completar algunos contenidos. Me ocurrió con un cálculo incluido en mi libro Operación Primicia, sobre uno de los temas que más preguntas provoca en entrevistas y presentaciones: el tratamiento desigual por parte del Estado de los guerrilleros y los soldados muertos en el ataque de Montoneros a un cuartel miliar en Formosa, el 5 de octubre de 1975, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón.
Aquel domingo por la tarde, los montoneros intentaron copar el Regimiento de Infantería de Monte 29, a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, una operación que incluyó el secuestro de un moderno avión de Aerolíneas Argentinas, con más de cien pasajeros a bordo. Los guerrilleros pensaban que los soldados, que a los 21 años cumplían el servicio militar obligatorio, se rendirían, pero no fue así: el combate duró treinta minutos y hubo veinticuatro muertos, doce guerrilleros y doce defensores del cuartel, entre ellos diez conscriptos o “colimbas” (corre, limpia, baila).
La mayoría de los guerrilleros muertos en Formosa figuraba en 2006 en los nuevos listados del Nunca más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Esa “actualización” del Nunca más, en el gobierno de Néstor Kirchner, derivó en la incorporación de más de mil muertos o desaparecidos antes del golpe del 24 de marzo de 1976, entre ellas 526 “víctimas de ejecución sumaria”, la calificación que tenían en 2006 ocho de los doce guerrilleros caídos en Formosa. La fuente de esa información, según los datos oficiales, era el Redefa, el Registro de Fallecidos de la Ley 24.411, que en 1994 estableció el pago de una indemnización a los parientes de los desaparecidos y muertos antes de la recuperación de la democracia.
En marzo de este año, esa indemnización era de 620.919 pesos (cien veces el sueldo más alto de la administración pública nacional); en aquel momento, los padres de cada uno de los colimbas muertos en Formosa cobraba una pensión mensual de 842 pesos. Estos jóvenes eran los más pobres, los que no tenían dinero para viajar a sus casas y se habían quedado de guardia. En mi libro, dividí esas sumas y llegué a la conclusión de que, por ejemplo, los padres de Marcelino Torales deberían cobrar esa pensión todos los meses durante más de sesenta y un años para llegar al dinero ya percibido por los parientes de cada uno de los guerrilleros caídos a metros de distancia de sus hijos, sólo que en el otro bando.
Un lector especializado me comentó que el cálculo era correcto, pero que una comparación mucho más precisa resultaría de obtener el valor presente de esa pensión mensual debido a que el pago realizado por el Estado a los herederos de los guerrilleros ya se había concretado en su totalidad. Para eso, había que tomar como base la pensión mensual y multiplicarla por doce, con el fin de obtener un valor anual sobre el cual efectuar los cálculos. Con la destreza de sus antepasados suizo-alemanes, este lector me advirtió que todo dependía de la tasa de descuento elegida.
“Creo que hay que tomar una tasa del 10 por ciento, que es lo que podríamos obtener como renta para un capital invertido en un plazo fijo. Claro que no representa el riesgo de invertir en pesos en la Argentina, puesto que no compensa siguiera la inflación”, sostuvo.
Con esas tasas, el resultado es que, para el Estado, la vida de un guerrillero vale igual a las vidas de seis soldados. Una conclusión aún más dura que la mía. Una última advertencia de este lector: “Asumo que la pensión que reciben se ajustará por inflación todos los años; si este supuesto no se cumpliera, habría que usar una tasa de descuento más cercana al 20 por ciento y entonces el valor presente de esa pensión sería mucho menor, con lo cual la vida de sus hijos valdría aún menos, comparativamente hablando”.
