Philip Morris, la multinacional norteamericana dueña en Argentina de Massalin particulares, ha declarado unos beneficios de 2.319 millones de dólares, solamente en el segundo trimestre de este año, un 5,5% más que en el mismo período de 2018. El imperio Philip Morris-Massalin es la mayor empresa tabacalera del mundo, con una facturación anual de unos US$ 80 mil millones y unos beneficios de más de US$ 7.500 millones para este año.
Su capacidad de lobby (grupo de presión con capacidad para presionar sobre un gobierno, especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas) es vox populi en todas las instituciones argentinas. Hace 18 meses demostraron todo su poder en el Parlamento argentino y en el gobierno actual de Mauricio Macri, consiguiendo una rebaja impositiva para la industria tabacalera del 5% con la llamada, por todos los legisladores, “reforma Massalin”. Todo un negocio multimillonario, sobre todo cuando su cuota de mercado supera el 75%, un cuasimonopolio, que según trascendidos oficiales le reporta más de 8 mil millones de pesos de ahorro fiscal, que presumiblemente irá destinado a beneficios de su casa matriz en Suiza.
Es más, desde la otra multinacional radicada en Argentina, British American Tobacco (BAT), ex Nobleza Piccardo, se acusó abiertamente, a través de su vocero, Santiago Pezzati, al propio gobierno de “beneficiar a la líder del mercado, Massalin, con estas modificaciones impositivas, concentrando más el mercado e incrementando el comercio ilegal y el contrabando”.
Desde las pymes tabacaleras argentinas se confirma que el actual sistema impositivo impuesto desde el Gobierno y abanderado por AFIP tiene un único beneficiario, las multinacionales, encabezadas por Philip Morris. Massalin “diseñó” una ley a medida para concentrar la totalidad del mercado. Eliminar toda competencia, sobre todo, de la industria local, las pymes argentinas, imponiendo un impuesto mínimo abusivo. Toda empresa nacional, pymes del tabaco, están condenadas a desaparecer en Argentina si no hay un marco legal que las ampare en su realidad empresarial y no precisamente con una regulación hecha, según pareciera, por y a medida de Massalin, confiscatoria e inconstitucional.
La falta de controles gubernamentales y la actual legislación del tabaco han hecho que proliferen en todo el país fábricas semiclandestinas, que sin control alguno, falsificando marcas y sin pagar impuestos ya “venden” en Argentina más de 3.500 millones de cigarrillos anualmente. Si a esto sumamos los casi 3 mil millones de cigarrillos más, de contrabando, llegados desde la triple frontera ilegalmente, se estima que el comercio ilegal ya hace perder al fisco argentino más de 15 mil millones por año.
El Estado argentino ya “perdonó” por acción, omisión, falta de controles o incapacidad más de 30 mil millones de impuestos en el último año y medio.
Es reconocida por los expertos la denominada ruta del contrabando Paraguay-Rosario. Hace tan solo unas semanas el diputado Héctor Cavallero realizaba un pedido de informes, sobre dos cargamentos de tabaco ilegales interceptados por Gendarmería, cuando eran transportados hacia Rosario. De su trabajo minucioso surge que la única fábrica de cigarrillos que podía procesarlos en la provincia de Santa Fe es Bronway SA, empresa ligada a Mario Roberto Segovia, mas conocido como “el rey de la efedrina”. Aún se está esperando el resultado de los informes solicitados.
Ahora el factor más preocupante son los nuevos fumadores de entre 12 y 15 años a los que se está insertando nuevos dispositivos de tabaco, como los cigarrillos electrónicos y “vapeadores” que son ofrecidos como opciones más saludables, más “cool”, sobre todo a través de las redes, de manera engañosa y fraudulenta. Argentina no cuenta con regulación al respecto, no se permite, por ahora, su comercialización, pero se tolera su consumo y publicidad. Es habitual ver en locales y lugares de trabajo a gente fumando con estos aparatos y “vapeando”.
*Gerente de Relaciones Empresariales de Grupo Madero Sur (G.M.S).
