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Un mandato pendiente

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Una de las asignaturas pendientes de la institucionalidad argentina es el cumplimiento efectivo del mandato de probidad y transparencia que debe regir todos los actos del Estado.
Algunos países de la región han avanzando de modo decidido en la implementación de mecanismos de control y de transparencia de los actos del Estado en la última década. Chile es un ejemplo positivo.
Argentina tiene en esta materia una enorme deuda pendiente, que impacta de modo directo en el otro gran fenómeno que preocupa a los argentinos: la corrupción.
Donde no hay transparencia y probidad administrativa, donde este mandato fundamental se desdibuja, la corrupción se expande, porque encuentra nichos donde la Justicia –y la sociedad toda, que tiene las manos atadas por la falta de acceso a determinadas decisiones o informaciones que debieran ser públicas y controlables– no llega. Se desdibuja el derecho
a la información. Cumplir con el mandato de probidad y transparencia supone, en primer término, un cambio cultural y político: es inaceptable que la Argentina carezca, en los albores del siglo XXI; de una Ley de Transparencia, como la que tiene por ejemplo un país vecino, como es Chile, que ha hecho de la probidad de la administración uno de los pilares básicos de la modernización del Estado. La OEA produjo una “Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa” que debiera ser replicada por cada uno de los estados de la región.
Un Estado corrupto no puede ser nunca un Estado moderno. Este es un primer postulado. Un Estado donde cunde la corrupción y no la transparencia es un Estado que es preso –como se afirma en la literatura económica– de la “captura” de parte de distintos sectores (empresarios, que utilizan el Estado a favor de sus intereses sectoriales, desviándolo del bien común, o de los propios partidos políticos, que mezclan las prioridades de Gobierno con las del Estado mismo, generando una relación endógena, de clientelismo, tan negativa para la vida civil y democrática, menguando la igualdad y la autonomía). Luchar contra estas “capturas” sectoriales (defender el rol interventor del Estado en la economía es inseparable de la defensa de la probidad de la Administración que lleva adelante esas y otras intervenciones) del Estado por parte de corporaciones económicas o políticas, es fundamental para modernizar el Estado, y existe una sola forma de alcanzar ese objetivo: con la transparencia. La corrupción esconde siempre que el Estado es presa de pujas sectoriales, sobornos, tráficos de influencias, que lo desvían –y desvían sus recursos– de su misión esencial, que es el interés colectivo.
Pero la lucha contra la corrupción, tan esencial en una democracia, no es una lucha voluntarista ni es de corto plazo. Implica cambiar dispositivos institucionales, que le den a la sociedad toda, y a la Justicia en particular, herramientas concretas para auditar las decisiones públicas, que tienen impacto en toda la sociedad. Y el primer paso para alcanzar ese objetivo –la probidad y la transparencia como norma de los actos del Estado, lo cual no implica en modo alguno suplantar a la Administración en su discrecionalidad básica– es darle forma a una Ley de Transparencia, ley que, como se dijo, a diferencia de países como Chile, nuestro país aún no tiene.
Y es importante preguntarse por qué la Argentina carece aún hoy de una Ley de Transparencia. Quiénes y por qué se oponen (legisladores, políticos, pero también otros sectores con enorme poder) a que la Argentina tenga finalmente una ley semejante, que permita dar pasos en concreto en aras de la tan necesaria modernización del Estado. La modernización no va a llegar con un Estado corrupto. La transparencia puede mejorar la calidad de nuestra vida en democracia. Y puede permitir que los argentinos tomen al Estado como un agente positivo de mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo de toda la sociedad.

*UBA. Conicet. Becario de la OEA. Profesor visitante de la Freie Universität, Berlín.