Como decía Benedetto Croce, “toda historia es historia contemporánea”.
A principios de 2007, el presidente Kirchner y su por entonces todopoderoso secretario de Comercio, Guillermo Moreno, llegaron a la conclusión de que había sido un error entregar, como parte del canje de deuda de 2005, bonos en pesos ajustables por la evolución del índice de precios al consumidor (IPC).
El argumento para hacerlo era algo así como: “¿Por qué va a aumentar nuestra deuda si sube el precio del tomate?”. Más allá de que esa cuestión se debía haber pensado antes de la oferta del canje, lo cierto es que, considerando el razonamiento aceptable, se podía haber hecho una oferta voluntaria de canje de esos bonos por otros con otro ajuste que pudiera interesarle al acreedor. En cambio, el Gobierno optó por destruir el prestigio del Indec, falsear el IPC y, por lo tanto, defaultear parcialmente los bonos que el propio Gobierno había emitido.
Ese fue “el principio del fin” de la colocación voluntaria de deuda en el mercado financiero global. El mundo llegó a la conclusión de que “los kirchneristas son capaces de cualquier cosa”. A partir de allí, sólo tuvimos un acreedor internacional dispuesto a recibir, en cantidad, bonos emitidos por la Argentina: el amigo Chávez. El venezolano, a la vez, se daba vuelta y vendía rápidamente esos bonos, en un turbio negocio con ciertos bancos. Tan burda fue la maniobra que la tasa implícita de esta “bicicleta” llegó a casi el 15% en dólares y obligó al gobierno argentino a dejar de emitir deuda y a buscar alternativas de financiamiento, expropiando los fondos de pensión y tomando por asalto las reservas del BCRA.
Paradójicamente, el kirchnerismo sólo logró volver al mercado voluntario de deuda, y por montos bajos y tasas muy altas, ahora que los acreedores suponen que se van y que quienes los sucedan serán más “civilizados” en su relación con el mundo.
Como subproducto de este default parcial de la deuda en pesos, los argentinos nos quedamos sin datos estadísticos oficiales confiables. No sólo en el IPC, sino en todos los índices que, de alguna manera, tienen la variación de los precios como insumo. El producto bruto interno, la pobreza, etc. Por lo tanto, sin datos oficiales confiables, y con una tasa de inflación elevada, toda negociación en torno a contratos de largo plazo se dificulta. A no olvidar que el problema no es el IPC sino la elevada tasa de inflación (si la inflación fuera del 2% anual, no estaríamos discutiendo si es 1,5% o 2,2%. Más allá de lo grave que resulta, en sí, que un gobierno falsee sus estadísticas).
Pero sucede que, como consecuencia de seguir pisando los precios regulados de las tarifas públicas y algunos servicios privados, atrasando el tipo de cambio y con cierta moderación en la expansión monetaria durante los últimos meses del año pasado, la tasa de inflación se ha desacelerado, aunque no baja del 2% mensual.
Y aquí es donde está ahora la discusión. El ministro de Economía pretende que los acuerdos salariales se hagan sobre la base de la inflación proyectada, mientras que los sindicalistas pretenden recomponer los salarios reales que perdieron respecto de la más elevada inflación pasada. Y aquí se presentan dos problemas. El primero es el que surge de “la historia contemporánea”. Un gobierno que mintió con la tasa de inflación no puede influir positivamente sobre expectativas de inflación futura.
El segundo problema es que la inflación proyectada se basa en que las condiciones de atraso cambiario, tarifario y de moderación de la tasa de emisión monetaria se mantengan. En otras palabras, la inflación proyectada no se fija “desde afuera”, es consecuencia de lo que se haga. Y el mismo gobierno que quiere convencernos de que la tasa de inflación se reducirá es el que está, nuevamente, aumentando la tasa de emisión monetaria y que promete “aflojar” el racionamiento de dólares, para que haya una fiestita de consumo antes de las elecciones. Fiestita que, si se produce, aumentará los precios de aquellos que puedan o de los que tratarán de protegerse contra el aumento del tipo de cambio que se producirá, más temprano que tarde, para corregir el problema cambiario que está creando el propio Gobierno.
En síntesis, un gobierno mentiroso, continuando con malas políticas, poco puede hacer para torcer el rumbo de estancamiento actual.
