En 1991, Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Con una tasa de 381 homicidios por cada 100 mil habitantes, ese año hubo 6.500 muertes violentas sólo en esa ciudad de Colombia. Ocurrían unos 18 homicidios por día, y en los últimos veinte años había habido unos 70 mil asesinatos aproximadamente.
La violencia se daba en un escenario de una profunda desigualdad social, con una gran deuda social histórica, crimen organizado, una poderosísima red de narcotráfico y el miedo profundamente instalado en la sociedad. La infracción a la ley y la corrupción habían perdido toda condena social.
Al finalizar el mandato Sergio Fajardo, alcalde de Medellín 2004-2007, la tasa de homicidios había bajado a 26 homicidios cada 100 mil habitantes, con un total de 630 muertes anuales.
Antes de analizar la experiencia, debemos tener en cuenta dos premisas importantes: en materia de seguridad ciudadana, la situación no cambia de un día para el otro sino que las mejoras se ven lentamente y sólo con políticas públicas contenidas en un plan integral mantenido en el tiempo. Luego, que el problema del delito no se puede solucionar por completo; si se quiere contar con una política de seguridad realista, es necesario reconocer que el delito es producto de la vida en sociedad y de su conflictividad inherente.
Lo primero que se hizo en Medellín fue realizar un vasto estudio de la situación existente, que llegó a una conclusión esperable: la violencia y la desigualdad social tenían una estrecha relación, por lo que una de las primeras decisiones estratégicas fue realizar un abordaje conjunto tratándolas de manera simultánea.
Atento a ello, se llevaron a cabo intervenciones concretas en el territorio para disminuir la violencia, que inmediatamente después se completaban con intervenciones sociales. La idea-fuerza que regía estas acciones concretas, en palabras de Fajardo, era: “Sacar la violencia y poner oportunidades”.
En otras palabras, el abordaje y el combate contra la violencia no se hicieron mediante represión permanente, sino que, además de la intervención de la Policía, luego se avanzaba con programas de reinserción con el objetivo de que las personas que estaban cometiendo delitos no volvieran a hacerlo; por último, se puso el acento en la generación de una cultura ciudadana basada en la participación y el encuentro social.
Los programas de reinserción se realizaban mediante un abordaje personalizado e incluían atención y seguimiento psicológico y social, a la vez que se formaba a los jóvenes en capacidades para que se pudieran desarrollar y obtuvieran un trabajo o desempeñaran un oficio. Este programa, Jóvenes con Futuro, se ocupó de quienes se encontraban en conflicto con la ley penal, así como de los jóvenes que pertenecían a grupos sociales vulnerables; su objetivo era doble: que quienes habían cometido delitos no reincidieran, y que no ingresaran más jóvenes en el mundo del delito.
La generación de oportunidades fue fundamental, y se hizo mediante readaptación en sentido amplio, con educación pública y cultura, generando espacios para el conocimiento que redundaran en la dignidad de cada individuo. Todo esto fue acompañado por un proyecto de urbanización integral y recuperación del espacio público que priorizó el desarrollo de las zonas más pobres, poniendo a disposición de quienes menos tenían los mejores edificios e instalaciones. Así, en materia de infraestructura, se construyeron nuevos colegios, bibliotecas, parques y espacios para hacer deporte, y se remodelaron los existentes. El propio Fajardo explica que se trata de brindar “las cosas más bellas para los más humildes”.
¿Qué nos enseña la experiencia de Medellín?
El plan de Fajardo, en resumen, tuvo distintas etapas: primero, la aceptación y la asunción del problema en su real magnitud, el conocimiento profundo del terreno, de las distintas zonas, con sus características y necesidades particulares; luego, el análisis de casos similares en otras latitudes, construyendo a partir de analogías un mapa de planes y posibilidades lo más realistas posibles. Tras esto, la aplicación estricta de la ley compensada con importantes cambios en infraestructura y sociales en general, con la educación y la identificación cultural como marcas distintivas.
En definitiva, esta visión integral implica analizar, hacerse cargo y generar propuestas con un doble juego entre la prevención policial, la investigación y la persecución penal; y por el otro lado la recuperación del espacio público, la inversión y el desarrollo reduciendo las desigualdades sociales. Donde un día había una casa tomada por narcotraficantes que vendían droga, luego de su expulsión y detención, al día siguiente se comenzaba a construir un centro deportivo comunitario.
*Coordinador del área de justicia y derechos humanos, Fundación Pensar.
