Hace un mes, la Oficina Anticorrupción de Jujuy lanzó el Consejo para la Consolidación del Estado de Derecho. Se trata de un grupo multidisciplinario formado por intelectuales de diferentes universidades argentinas. Su objetivo es producir un informe independiente sobre la calidad de las instituciones en Jujuy y proponer reformas que afiancen el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos.
Por razones de público conocimiento, es imposible llevar adelante la tarea del Consejo sin una investigación profunda de los vínculos que el gobierno anterior mantuvo con la organización Tupac Amaru. La conclusión provisional en esta materia es que el enfoque que los medios y los políticos han adoptado no refleja lo que vivió el pueblo jujeño y no captura la gravedad de lo que realmente sucedió.
Tal enfoque consiste en tomar a la Tupac Amaru como un simple grupo de particulares que habrían incurrido en ilícitos graves, por los cuales merecen ser juzgados. La Tupac Amaru era, según este enfoque, más parecida a esas bandas que se dedican a asaltar bancos y que podemos ver en la sección Policiales de cualquier noticiero. Delitos graves y violentos, por supuesto, pero nada muy alejado de lo que leemos todos los días en los diarios.
La realidad jujeña era completamente diferente. La Tupac Amaru se había apoderado de gran parte de las instituciones. Tenía el respaldo de varios jueces, fiscales y políticos. Y quienes no la respaldaban no pudieron hacer mucho para remediar la situación, dado que el propio gobierno local colaboró activamente para que este régimen de facto floreciera. El aparato delictivo montado en Jujuy fue, de hecho, convalidado directamente por la Casa Rosada, que giraba cheques para mantener en funcionamiento la maquinaria.
Los jujeños de a pie cuentan cómo todo esto dio lugar a que el grupo de Milagro Sala operara como un actor cuasi estatal: manejaban a discreción fondos públicos en sumas millonarias, distribuían beneficios según criterios autónomos y contaban con “fuerzas de seguridad” propias que impartían “justicia” sin control. Todo esto con amparo gubernamental. Es difícil pensar en algo más parecido a un Estado paralelo. O peor aún, a un Estado actuando a través de actores no oficiales para eludir el orden republicano.
La situación fue especialmente grave respecto de los sectores más vulnerables, que fueron los que más sufrieron durante este régimen. La evidencia indica que la Tupac Amaru instauró un sistema de vasallaje feudal en pleno siglo XXI. Muchas víctimas relatan con angustia los múltiples abusos físicos y psicológicos a los que se vieron sometidas. Algunas, por ejemplo, lloran a familiares muertos. Otras fueron desplazadas de sus hogares a punta de pistola. Estos y otros atropellos eran moneda corriente en la realidad jujeña. Hoy las víctimas viven con miedo por las amenazas que reciben.
En suma, cualquier estudio serio sobre el tema debería partir de una premisa que muchos se niegan a aceptar: lo que ocurrió en Jujuy fue un caso de usurpación de los resortes del Estado con violaciones sistemáticas de derechos humanos. La normativa internacional exige que las víctimas reciban protección y remedio, y que los responsables sean sometidos a la acción de la Justicia. Dada la compleja trama de complicidades oficiales que permitieron los abusos, la investigación no puede detenerse en el accionar de matones y caciques locales, sino que debe indagar con rigor la participación de decenas de funcionarios que en el plano provincial y nacional hicieron posible esta pesadilla. Sólo así podremos honrar nuestras obligaciones bajo el derecho internacional y tendremos la certeza de que esto no volverá a suceder nunca más.
*Miembros del Consejo para la Consolidación del Estado de Derecho en Jujuy.
