Todo indica que el gobierno que asuma en diciembre de 2015 tendrá que corregir importantes desequilibrios, algunos de ellos con costo político inevitable. La presumible unificación del mercado de cambios implicará una devaluación en el segmento oficial; las tarifas de servicios públicos tendrán un ajuste importante, todo en un contexto de urgencias sociales y laborales, ya que para ese momento se habrán acumulado cuatro años de virtual estancamiento de la economía, con una inflación que difícilmente haya abandonado el andarivel del 30% anual. Bajo esas condiciones, no será recomendable que el próximo Ejecutivo comience a estudiar medidas y buscar acuerdos después de asumir, porque en ese caso puede llegar a perder un año antes de lograr algún resultado. La salida más lógica sería que, después de las internas (las PASO) de mediados del próximo año, los principales candidatos se comprometan con políticas de Estado que permitan que la inversión privada, tanto la local como la extranjera, pase a ser la locomotora que la economía necesita. La fragmentación actual anticipa que el próximo presidente no tendrá mayoría parlamentaria, por lo que la realización de pactos previos a las elecciones definitivas será de interés de cada uno de los potenciales ganadores, tal como ocurrió recientemente en México.
Para la campaña agrícola 2015/16, el campo sembrará bajo las reglas de juego del gobierno saliente, pero la cosecha se hará en el arranque de la nueva gestión. La producción viene estancada desde hace cinco años por la convergencia de cuatro factores: excesivos impuestos, cupos a la exportación, pérdida de rentabilidad y cuellos de botella de la infraestructura. Sin embargo, removiendo esas trabas podría llegarse a 150 millones de toneladas en un período razonable, según el consenso de los especialistas. De modo que el próximo gobierno podría apostar a un salto inicial de –digamos– 10 millones de toneladas en la producción de granos a cosechar en 2016, objetivo factible si el tiempo acompaña. Este nuevo escalón podría aportar hasta 8 mil millones de dólares adicionales, en caso de que los nuevos cultivos sean industrializados (aceites y derivados) y también se apliquen al engorde de animales (pollos, cerdos y vacunos). No se trata sólo de divisas, ya que ese plus de producción estaría generando varias decenas de miles de nuevos puestos de trabajo.
Es posible que las expectativas predispongan a los chacareros a incrementar la siembra para entonces, más si comienza a descontarse la unificación del mercado de cambios. Pero esta meta podría asegurarse si los presidenciables se comprometieran a comenzar a remover los cuatro factores mencionados, con medidas que deberían entrar en vigencia en diciembre de 2015.
El caso de la agroindustria es peculiar en cuanto al potencial existente y a la velocidad de reacción de los chacareros. Pero seguramente existen muchos otros sectores en los que puede darse un comportamiento análogo, aunque quizá con un efecto macroeconómico más acotado.
Por las implicancias que tiene sobre el frente externo y sobre el funcionamiento del resto de las actividades, el energético es otro de los sectores sobre los que los presidenciables de 2015 deberían trabajar antes de conocerse los resultados definitivos. No hay que hacerse ilusiones respecto de resultados inmediatos, ya que habrá que convivir con la pérdida del autoabastecimiento por bastante tiempo más. Pero una tendencia firme en las inversiones, que ya se insinúa en 2014 y que debería poder acentuarse en 2015, es clave para las industrias intensivas en gas y electricidad.
Tanto para ponerles un límite a los cortes de suministro en los picos de consumo, como para que comiencen a desempolvar proyectos de inversión que han quedado congelados a la espera de un horizonte más claro en materia energética. Una buena noticia en ese sentido es el acuerdo que se está intentando alcanzar entre Nación y provincias hidrocarburíferas, que parece recoger algunas de las líneas del proyecto de ley presentado a fin de 2013 por los legisladores Estenssoro, Sanz y Montero. Sin embargo, para un despegue más intenso de las inversiones, aparte del perfeccionamiento del andamiaje legal, se requiere superar la segmentación actual del mercado del gas, llevando a 7,5 dólares por millón de BTU el precio para todos los productores locales (actualmente, ese valor rige sólo para la oferta incremental).
Del resto de los sectores de la economía, cabe por razones de espacio mencionar el caso de la industria. A diferencia de la agroindustria y de la energía, las manufacturas dependen mucho más de la demanda interna, por lo que un manejo adecuado de la transición es sumamente importante. Esquivar el escenario del default como derivación del juicio de los holdouts es clave en ese sentido.
Sin embargo, pensar en medidas exclusivamente coyunturales para la industria sería desperdiciar una gran oportunidad, a la luz de la experiencia de los últimos años. Se advirtió en un artículo anterior que los problemas de competitividad del sector manufacturero harían más cruento el ajuste, y cada vez quedan menos dudas al respecto. La Argentina debería aspirar a tener una “industria malbec”, es decir, que los productos que elabore tengan demanda tanto en el mercado interno como en el externo. Si fuera así, una recesión local sería menos traumática, porque de inmediato las ventas podrían reorientarse hacia otros países, y el empleo no se vería afectado.
Para avanzar en esa dirección, la estrategia de crecimiento deberá desplazar el centro de gravedad hacia una integración mucho más firme y efectiva del país con el mundo y con la región. ¿Habrá consenso entre los presidenciables?
Una restricción en este sentido es la forma en que viene operando el Mercosur. Quizá las elecciones del próximo octubre en Brasil puedan ayudar a la dirigencia de la Argentina a salir del statu quo. Independientemente de si Dilma logra o no la reelección, la insatisfacción actual por la sucesión de pibinhos empuja a favor de reformas estructurales, incluida una mayor apertura de sus actividades industriales.
Obsérvese lo que ha ocurrido con la industria automotriz. Motorizado por los países asiáticos, el market share de los emergentes en la producción del sector pasó de 19,5% a 54,5% del total mundial en los últimos quince años. Sin embargo, cuando se mide la significación de Brasil dentro del universo de los emergentes, se tiene una merma de 15,6% a 7,9% en ese período. Para la Argentina, las cosas no fueron mejores, ya que su participación se achicó de 4,5% a 1,7%. No hay dudas de que recuperar parte de ese terreno perdido será más sencillo si los socios del Mercosur buscan potenciarse mutuamente para atraer inversiones de punta. Pero no lo lograrán si insisten en cerrarse cada vez más dentro de sus fronteras.
Por supuesto que este tipo de desafíos incluyen como prerrequisitos volver a un escenario de inflación local en línea con la internacional, bajar algunos de los impuestos más distorsivos y mejorar dramáticamente la infraestructura y la capacitación de los recursos humanos.
Pero más allá de estas cuestiones de mediano y largo plazo, también es relevante el sendero que se elige para llegar a esos objetivos. En nuestro país, se ha vuelto a sugerir la conveniencia de recrear un pacto social. Sin embargo, si se acepta que lograr crecimiento sustentable de aquí en más demanda reorganizar la economía en función de lograr una mayor y más fructífera inserción en el mercado global y regional, entonces los instrumentos deberían ser distintos. La idea original de aquellos pactos tenía que ver con moderar las pujas distributivas. En su lugar, podría pensarse en un pacto de competitividad, que sirva para canalizar esas pujas distributivas en un programa duradero, en el que la estabilidad será necesaria para no perder terreno frente a otros competidores, y se cumplirá el objetivo de empleos de mejor calidad porque lo más dinámico pasará a ser la inversión ligada a la última tecnología, produciendo bienes y servicios con demanda en cualquier lugar del mundo, incluido el mercado interno. Como el malbec.
// Investigador Jefe IERAL
