Los hechos del fin de año de 2010 bien reflejan, a manera de postal, la contrastante realidad de la Argentina. Por un lado, un boom de consumo, un nivel de crecimiento de la economía franco, éxodo de turistas, aumento de las reservas del Banco Central; por el otro, los cortes de energía eléctrica, la falta de combustible y de billetes en los bancos y la emergencia de reclamos sociales de sectores postergados motorizados, en muchos casos, por organizaciones quasi mafiosas que hacen de la pobreza un negocio fenomenal. Esta es, al fin y al cabo, la radiografía de un país en donde todo se ata a la coyuntura y casi nada se hace a fin de atacar la raíz de los problemas. Y este es un defecto no sólo de este gobierno. Justo es decir que tampoco abundan en las otras fuerzas políticas las evidencias de una aproximación diferente a los grandes desafíos del país. Basta con escuchar lo que dicen y hacen muchos de sus dirigentes para confirmar este aserto.
La decisión del Gobierno de prorrogar por decreto la vigencia del Presupuesto 2010 tiene un significado de indiscutible gravedad institucional. La facultad de aprobar el Presupuesto corresponde, desde siempre, al Congreso. La posibilidad de evitarlo deviene del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera aprobada en los lejanos días de Domingo Cavallo como ministro de Economía durante el apogeo del menemismo. Curiosa paradoja pues –una más– la de este gobierno de verba progresista que echa mano de recursos y procedimientos de aquellos que representan la flor y nata de los denostados años noventa. La fundamentación expuesta desde el oficialismo para proceder así, es que el Presupuesto debe ser aprobado por el Congreso a libro cerrado, procedimiento que tiene más que ver con un concepto monárquico que con un sistema republicano que consagra la división de poderes. La consecuencia de este desatino institucional es bien concreta: la falta de control sobre el manejo de los recursos públicos que hace el Poder Ejecutivo. En un país que nada en un mar de subsidios, la dimensión del descontrol es inconmensurable, como cada tanto se encarga de señalarlo la Auditoría General de la Nación (AGN). Este libre albedrío que se otorga a sí mismo el Gobierno para manejar tamaño volumen de fondos es útil, además, al sistema de premios y castigos de los que el kirchnerismo hace uso casi a diario. Por este mecanismo, aquellos gobernadores e intendentes que están alineados con el Gobierno reciben fondos con una “generosidad” de la que, al mismo tiempo, se ven privados los que no se resignan a decir amén a todo lo que se demanda desde la Quinta de Olivos.
La última movida política del año de CFK fue la incorporación de Juan José Mussi como secretario de Medio Ambiente en reemplazo de Homero Bibiloni. La designación del ex intendente de Berazategui tiene varias lecturas: en primer lugar, suena a premio personal, ya que Mussi fue el primero que, en aquella reunión del martes 2 de noviembre de 2010 organizada con los intendentes de la provincia por el gobernador Daniel Scioli, salió a pedir el apoyo a la candidatura de Cristina Fernández para su reelección presidencial; en segundo lugar, es un mensaje para el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires; en tercer lugar, es un mensaje para Daniel Scioli. En todos los casos el significado es el mismo: la candidata presidencial es Cristina Kirchner. En cuarto lugar, es un mensaje también para Hugo Moyano –un límite a su poder– a quien los intendentes del Conurbano quieren cada vez menos a causa de los problemas derivados de los voluminosos contratos para la recolección de la basura y por su injerencia en los asuntos gremiales municipales.
Uno de los castigados por la cuestión medioambiental es el senador Daniel Filmus. Al legislador porteño no se le perdona su desobediencia en el espinoso asunto de la Ley de Glaciares, a la que la Presidenta primero vetó para después, con gran disgusto, verse obligada a aprobar. A Filmus, autor de un proyecto consensuado con Miguel Bonasso, se lo recuerda por esa iniciativa que lejos estuvo de generar cariño en la Casa Rosada.
El castigo de Filmus se llama Amado Boudou. Su candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la bendición de Fernández de Kirchner. La postulación de Boudou los ha dejado tanto a Filmus como al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al garete. Más allá de su discurso de fe kirchnerista con rasgos propios de la sobreactuación de los conversos, Boudou nada tiene que ver con las raíces de los sectores progresistas que acompañan a Filmus. Hay que recordar que la formación de este verdadero niño mimado de la Presidenta proviene de la Universidad del CEMA, verdadero bastión de las políticas económicas en boga en la década del 90. Sobre el fin de año, Boudou pudo anunciar que el nivel de aceptación del plan canje de deuda lanzado después de la controvertida aprobación del pago con reservas del Banco Central llegó al 80%. Para el Gobierno fue un logro y para los que formaron parte de la operación, un negocio fenomenal.
Entre los gobernadores kirchneristas la candidatura de Boudou ha traído un cierto alivio. “Ya sabemos que será otra la persona que ocupará su cargo si Cristina es reelecta. Esa es una buen noticia porque entonces hará falta un ministro de jerarquía”, señala una voz del oficialismo que conoce el pensamiento de varios de los mandatarios provinciales K.
El año que comienza tendrá desafíos enormes para la oposición. Hay que decir que, hasta aquí, la mayoría de los opositores han defraudado las expectativas de aquella parte de la ciudadanía que los votó. La incapacidad para arribar a consensos de mínima ha sido el núcleo de este fracaso. Si no acuerdan proyectos comunes y persisten en la atomización, es altamente improbable que obtenga la masa crítica de votos que le augure a alguna de esas fuerzas una chance de triunfo que hoy se ve lejana. ¿Se darán cuenta?
Producción periodística: Guido Baistrocchi
