Cada tanto, me piden un artículo en alguna revista mexicana, colombiana o peruana. A veces son revistas de crónicas, revistas culturales, medio alternativas; otras veces, son revistas con desnudos femeninos pasteurizados, chicas latinas castañas de pechos operados y mirada lánguida, barajadas con publicidades de relojes caros y textos literaturosos de variadas plumas iberoamericanas. La cosa es que me ofrecen, por ejemplo, 300 dólares por un artículo bastante corto y que me divierte escribir sobre una crónica de viajes o alguna parte de la anatomía femenina, y unos meses después llega el momento de tratar de cobrar esa plata enviada en una transferencia. El banco, además de morder una parte de mi ganancia, me pide fotocopia del DNI, copia de la factura, y me interroga en una serie de formularios muy exactos sobre el origen del dinero y la categoría en la que se inscriben los derechos de autor, y los datos del transferente sospechoso. Cada vez tengo que presentar personalmente todos esos papeles en la sucursal y esperar que la sección Comercio Exterior analice y autorice la transferencia para que se acredite días después en mi cuenta. “¿Por qué tanta burocracia?”, le pregunté hace mucho a una empleada del banco y me dijo con solemnidad: “Son las nuevas normas para evitar el lavado de dinero”. Pensé que en todo este tiempo estarían atrapando lavadores de dinero a mansalva, pero esta semana leo un titular: “En 11 años hubo una sola condena por lavado de dinero: era un parrillero”. Es decir que toda esta burocracia de papelitos por transferencias de menos de 500 dólares, todo este control a los peces chicos, todo este minucioso rastrillaje, fue para terminar agarrando a un parrillero cordobés. Algo debe estar funcionando mal.
