El 13 de marzo de 1988, el Senado sancionaba la Ley 23.554, de Defensa Nacional. En la Cámara baja había concluido un largo debate: el bloque renovador del PJ había hecho prevalecer en la madrugada del 30 de diciembre de 1987 una iniciativa de avanzada. Llevaba la firma del diputado Miguel Angel Toma, secundado por el presidente de la Comisión de Defensa, el radical Balbino Zubiri, más siete justicialistas y dos radicales. ¿Qué aceleró la aprobación de esa ley que abolía la doctrina de seguridad nacional (DSN) y restablecía la misión republicana de las FF.AA. subordinándolas al poder civil y prohibiendo su intervención en política interna? A mediados de enero de 1988 había estallado la segunda sublevación carapintada (“Operativo Dignidad”, según Aldo Rico) que las fuerzas legalistas reprimirían con guante de seda. En la trastienda de aquel debate habían trabajado el abogado radical J. M. Ugarte y militares peronistas, como el teniente primero L. Tibiletti y el capitán M. Rossi. Pero en marzo de 2011 éstos sufrirían, junto a una veintena más retirados por la dictadura, un escrache del editorialista de Página/12 Horacio Verbitsky. A la sazón, Tibiletti, ex secretario de Seguridad de Néstor Kirchner, que era asesor de Garré y contrario a las ambiciones del general César Milani, sonaba como viceministro de Defensa. El presidente del CELS lo denunciaba por haberse escudado en su actuación antisubversiva en los 70 frente a los generales que igual lo echaron, junto a otros 32, por ser “nocivos a la cohesión espiritual del Ejército”, y ponía en la picota sus reivindicaciones del Occidente cristiano, de fe católica y vocación castrense, omitiendo sus manifestaciones contra la orientación política y económica-social de la dictadura. La información sólo podía provenir de la ex ministra Garré, que echó a Tibiletti, provista por el ex subjefe del EMGE y director de la Inteligencia militar Milani. El mismo ex subteniente acusado hoy de detenciones ilegales en La Rioja y en democracia arrestado por su ambigüedad frente a los alzados en armas contra el poder constitucional siendo teniente primero. ¿De qué fuentes? De los descargos que esos 33 oficiales habían hecho ante el Tribunal Superior de Justicia Militar tratando de evitar su baja obligatoria entre 1979/80. Lo inaudito es que, según la ley de Raúl Alfonsín que los compensó con ascensos sin reincorporarlos, esos sumarios debieron haber sido separados de sus legajos e incinerados.
Sorteadas las impugnaciones en el Senado para su ascenso a general de división en 2010, el doble espía Milani abriría sus gavetas secretas a sus ex enemigos, hoy sus jefes. Es que su conversión ideológica “nacional y popular” en camino a su ascenso a la cúpula castrense necesitaba pruebas de fuego: la entrega de la lista de sus colegas civiles y militares del Batallón 601 de Inteligencia y el “fusilamiento” mediático de esos oficiales echados por la dictadura –testigos de cargo de su camaleónica voltereta–. Ya había probado su complicidad en la negación de decenas de ascensos de subordinados a grados superiores por mera portación de apellido de jefes del Proceso y la expulsión de jóvenes oficiales por honrar a camaradas asesinados por la guerrilla; caso del capitán (R) J.C. Lucioni junto con otros cuatro en 2004, hijo de un mayor del Ejército víctima de un atentado terrorista en los 70. Un revival del retiro obligatorio del capitán Guillermo Cogorno, entre los echados por Videla, agravado por la portación del apellido de su padre, coronel fusilado en La Plata en junio de 1956. Con Milani o sin él, la Presidenta Cristina Kirchner debería explicar por qué quiere tornar lo que queda del Ejército en una dependencia de acción social –pilar de la DSN para captar población–; por qué no respeta el artículo 2 de la Ley de Defensa que la orienta a enfrentar agresiones armadas de origen externo para preservar territorio, vida y libertad de los argentinos, y no al espionaje interno; y por qué no funciona el Consejo de Defensa Nacional con seis legisladores para controlar el cumplimiento de esa ley.
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