América Latina es hoy un campo de disputas vinculadas a proyectos políticos en pugna. Proyectos inclusivos, redistributivos, que ampliaron derechos sociales y que propusieron paradigmas de convivencia respetuosos de la “diferencia”, se enfrentan hoy a discursos signados por el odio y la intolerancia que construyen la imagen de un territorio fragmentado, en conflicto, sin posibilidad de acuerdo.
El resurgimiento de un paradigma discursivo que convierte al “otro/a” en alguien que no puede ser aceptado, se traduce en prácticas y políticas de Estado que criminalizan y violentan la posibilidad de tener una vida digna. Junto a ello, el dispositivo mediático que acompaña, blinda y tergiversa la información contribuye en muchos casos a reforzar esa discursividad, avalando transformaciones impuestas “desde arriba” y bajo el imperativo del “bien común”.
Ello se refleja en las dinámicas que se articulan a nivel institucional. El renovado protagonismo de las Fuerzas Armadas y de importantes actores vinculados al poder económico y al capital transnacional, se liga a los intereses del gobierno de Washington que continúa interviniendo en decisiones ajenas a su soberanía. Así, América Latina sufre el avance fáctico de programas políticos conservadores, neoliberales y por lo tanto, excluyentes.
Esto no le gusta a los autoritarios
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El reciente Golpe de Estado vivido en Bolivia, al que parte de la comunidad internacional se resiste a reconocer como tal, evidencia que se han roto los consensos sobre los criterios mínimos que debe cumplir un gobierno para constituirse en una democracia. En este sentido, llama poderosamente la atención la emergencia de distintas figuras de los sistemas político-partidarios nacionales que se invisten con responsabilidades públicas y en posiciones de poder exentas de legitimidad popular. El apoyo que éstas mal llamadas “interrupciones institucionales” encuentran en aliados regionales, incluso actuando por omisión, expresa una preocupante reconfiguración de alianzas que impacta en la pérdida de las garantías mínimas que un Estado debe asegurar a sus ciudadanos para el ejercicio de sus derechos.
Las diversas demandas sociales que nutren las marchas masivas y huelgas generales, superan los marcos tradicionales de comunicación y protesta. Las respuestas ensayadas desde el poder político no evitan hacer uso de la violencia estatal y de otros mecanismos institucionalizados y represivos para la gestión del conflicto, con un creciente papel de la persecución judicial a dirigentes populares, funcionarios, ministros y presidentes. Por su parte, indígenas y militantes ambientales, estudiantes, migrantes, trabajadores y campesinos, mujeres y activistas de la comunidad Lgtbiq, entre muchos otros colectivos que han ganado voz y visibilidad pública en estos últimos años, reinventan sus repertorios de lucha y acción, poniendo el cuerpo en las calles, alterando cotidianidades e interpelando sentidos “comunes” sobre el modo en que vivimos. Asistimos entonces a un momento clave para nuestras sociedades latinoamericanas pues en él se juega la desnaturalización de los mecanismos de dominación impuestos y de aquellas prácticas de segregación que ya no pueden ser toleradas. Así, es deseable que los cambios políticos exigidos estén a la altura de las transformaciones sociales y culturales que ya se han cristalizado y que desde nuestros sistemas políticos se resisten a aceptar.
*Doctora en Historia (UNLP). Investigadora del Idaes-Unsam / Conicet.
