Han desaparecido a Santiago Maldonado y el desastre se vierte sobre todas nuestras acciones públicas. El reclamo es uno solo: tierra, justicia, verdad. Como una guerra pero hacia adentro, esta injusticia mal maquillada retrocede como un boomerang para volver a golpearnos en la cara.
La semana pasada me tocó especialmente –entre muchos otros– el caso de Soledad Suárez, la profesora de Filosofía a la que se intentó prohibir el debate del tema con sus alumnos de secundario, sujetos políticos por excelencia a la hora de querer arrastrarlos a las urnas, pero indefensas víctimas del supuesto adoctrinamiento docente cuando el tema no conviene nada al pensamiento conservador, infantiloide y peligrosísimo que pretende desvincular toda la penosa lista de antecedentes de violencia estatal que tiene este país y suponer que el presente no está aún herido de esas esquirlas que enferman el modo de vida democrático. En vano es esgrimir que lo que se pide es que se respete la ley: los contenidos de derechos humanos están, según las leyes que nos hemos dado, en el programa de todas las materias y un profesor no necesita permiso de sus directores o colegas para debatir la información y los conceptos que se desprendan de ella. Lo que pasa es que la información la dan los medios, adictos al dinero que los mueve, y es toda distorsiva. A un mes de la desaparición de Maldonado los testigos mapuches han tenido que venir hasta Buenos Aires (donde atiende Dios) a preguntar por qué no creyeron su versión y en cambio intentaron fabricar tantos otros argumentos distractivos, todos descartados vergonzosamente. Maldonado fue visto por última vez en manos de la Gendarmería. Ahora el propio Gobierno, que activó un 0800 para denunciar a docentes que trataran el tema, ofrece una recompensa a quien lo encuentre. ¿Quién pagará esos dos millones?
Yo también pienso que Patricia Bullrich debería al menos renunciar a su cargo. Por encubrimiento de los asesinos, como mínimo, pero también por distorsión de la tarea, por ineficacia a la hora de atender a las pruebas, por encarcelar y torturar al azar y mediante un asqueroso operativo represivo a los manifestantes del viernes pasado, turistas incluidos, y por incurrir en un costo enorme en perjuicio de las arcas del pueblo. Hay en este país voces muy chillonas que aman las paredes blancas mucho más que a las personas o a la aplicación de las leyes; incluso a esas voces creo que debería preocuparles que el Gobierno balbucee al respecto y monte operativos costosísimos para maquillar su falta de pericia y de sentido común.
Lamento haber extraviado una columna supuestamente literaria en aclarar lo que es obvio. Pero ése es el otro problema que sangra junto con Maldonado: su desaparición todo lo tiñe de sangre y marca las agendas de cualquier pensamiento, de cualquier asociación de palabras que pueda tenerse hoy en la Argentina.
