A la Ciudad de Buenos Aires parece no bastarle una década para resolver la licitación por el mobiliario urbano, como se conoce a la explotación de paradas de colectivos, pantallas verdes, chupetes publicitarios y señalización de las calles. Un negocio de 120 millones de pesos anuales y fuerte influencia política: los carteles son vistos por más de un tercio de los votantes de la Argentina.
Vencidos los contratos hace 13 u 8 años según el caso, la administración de Mauricio Macri adjudicó finalmente en marzo pasado a tres empresas la concesión del negocio, por la que las compañías mantienen el mobiliario y cobran la publicidad que se monta en él, y pagan a la comuna un canon superior a 5 millones de pesos.
Pero lo hizo en medio de una fuerte polémica y de denuncias cruzadas, que involucran a funcionarios porteños y a un legislador de PRO, a las compañías de publicidad que compitieron, a poderosos empresarios de los medios y el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur. También a la Justicia, donde por estos días se desarrolla el más reciente capítulo de esta historia, en una nueva etapa poco transparente ante los ojos de los porteños.
El núcleo de la batalla se encuentra en la Justicia criminal, donde en 2007 se radicó una denuncia contra los hermanos mendocinos Eduardo y Orlando Terranova, dueños de Publicidad Sarmiento SA, que había salido primera entre las tres empresas empresas que Macri dio por ganadoras. La acusación fue motorizada por las firmas que quedaron afuera Spinazzola SA y Viacart, a la que los competidores de esta empresa, y fuentes independientes, la vinculan con Daniel Hadad. También por otra de las victoriosas, Grupo Al Sur SA, de la familia de Albistur, quien esta semana fue citado a declarar ante la sospecha de que benefició a esta compañíasiendo funcionario.
La acusación afirma que los Terranova habría fraguado información para ganar la licitación porteña, lo que fue rechazado en dos oportunidades por el primer juez que recibió la causa, Facundo Cubas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 49. Sin embargo, en segunda instancia, el camarista Mario Filozof revocó el sobreseimiento y dirigió la causa a otro juez de primera instancia, Luis Rodríguez, quien en tiempo récord procesó a los Terranova y dictó una medida para evitar que se hagan cargo de la concesión.
Los ejecutivos de Publicidad Sarmiento, quienes tienen dividida su defensa, presentaron un recurso de casación señalando como “arbitrario” lo actuado por Filozof y pidiendo la nulidad de lo actuado por Rodríguez, al considerar que el nuevo juez fue designado fuera de la ley, supuestamente bajo la modalidad “forum-shopping”, una práctica irregular que permite a las partes “seleccionar” el juez del proceso.
La novedad del caso es la sorpresiva decisión del camarista Filozof de apartarse de la causa. Al justificar la designación de Rodríguez, sostuvo que “no existió ni pudo existir ningún interés moral” en su decisión.
Si bien no está previsto en la licitación, una eventual condena contra Publicidad Sarmiento podría dejar a la firma fuera del negocio; y eventualmente el cuarto oferente, en este caso Víacart, tendría intereses, tendría serias posibilidades de obtener el contrato.
La pelea judicial tiene su correlato político, con denuncias de la oposición contra funcionarios porteños por desconocer ordenes judiciales, firmar en forma “poco clara” un acuerdo de mantenimiento del mobiliario y otras “desprolijidades”.
La batalla de los empresarios por adjudicarse el contrato incluye a Albistur; a Spinazzola, que operó las paradas de colectivos hasta 2008; a los hermanos Terranova, fuertes en el interior y en Chile; y a Viacart. La guerra llegó a varios medios, algunos de ellos vinculados a Hadad, a Sergio Szpolski, al Grupo Vila-Manzano e incluso a los Terranova. Todos se dicen afectados por lo que el otro publica.
La pelea judicial. Desde 2000, las empresas y cámaras del sector eligieron la vía judicial como primer campo de batalla, lo que en la práctica postergó la licitación y benefició a quienes mantenían los contratos desde antaño.
Entre ellos, la firma Rainbow, propiedad de Albistur; y Wellon, cercana al empresario Carlos Avila, cuyos contratos de explotación de las pantallas verdes vencieron en 1996. Publicidad Sarmiento tenía en teoría hasta 2001 la concesión los llamados “chupetes”, aunque los mantuvo hasta 2008; al igual que Spinazzola y un grupo ligado a la alemana Siemens, que manejaban los refugios y paradas de colectivos.
La crisis de 2001 postergó la licitación, pese a que la Legislatura porteña aprobó dos normas para motorizar la compulsa.
Durante las gestiones de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman se redactaron los pliegos de licitación, que fueron modificados por reclamos de los competidores, y se iniciaron los debates sobre los diseños de las nuevas paradas y señalizaciones.
Según fuentes del mercado, entre 2001 y 2006 hubo al menos siete reclamos judiciales, de los cuales tres demoraron el trámite. Mientras tanto, se prorrogaban los contratos multimillonarios.
Los amparos y pedidos de no innovar fueron la “moda” durante los primeros años de la década, pero en los últimos 20 meses las denuncias cruzadas llegaron a los juzgados criminales y civiles. Hoy están procesados los Terranova y dos funcionarios de los municipios de Tucumán y Mendoza; y acusados seis funcionarios porteños, entre ellos Mauricio Macri y el legislador Patricio Di Stéfano.
Los cuestionamientos. La trifulca judicial comenzó en marzo de 2007, cuando Al Sur y luego Spinazzola presentaron la denuncia por presunta “adulteración de pruebas” contra los hermanos Terranova, cuya empresa Publicidad Sarmiento había quedado primera entre 8 concursantes tras la apertura del sobre 1 de la licitación, de ofertas técnicas.
La acusación decía que la firma mendocina había adulterado información sobre sus antecedentes de gestión de publicidad en la ciudades de Mendoza y San Miguel de Tucumán.
Allí fue cuando la acusación fue subestimada por Facundo Cubas, aunque luego la Cámara a cargo de Mario Filozof revocó el sobreseimiento; y obligó a volver a investigar, en mayo de 2008. En noviembre del año pasado, Cubas reiteró su rechazo a las imputaciones contra los hermanos Terranova, pero los camaristas volvieron a revocar el sobreseimiento, explicaron a PERFIL fuentes judiciales.
La polémica surgió cuando tras el fallo de segunda instancia de la Cámara y ante una licencia de Cubas, la Cámara ordenó seguir investigando el caso con el nuevo juez subrogante, Luis Rodríguez, quien en tiempo récord procesó a los ejecutivos de Publicidad Sarmiento y a dos funcionarios del interior.
Las decisiones del camarista Filozof y del juez Rodríguez fueron duramente cuestionadas por la defensa de los hermanos Eduardo y Orlando Terranova, que llevan adelante Joaquín Pedro Da Rocha y Mariano Cúneo Libarona, quienes interpusieron un pedido de recusación contra Filozof, y presentaron un recurso de casación contra el fallo de Rodríguez ratificado por la Cámara.
“Fue un fallo sin fundamento, sin competencia y sin contracautela... destruyendo a la empresa, ordenando al jefe de Gobierno abstenerse de ejecutar el contrato de licitación”, asegura la defensa en una de sus presentaciones.
En una entrevista con PERFIL, Orlando Terranova aseguró que todos los papeles presentados de sus antecedentes en Mendoza y Tucumán, que le habrían permitido ganar la licitación en marzo pasado, “son reales” e incluso mostró a este cronista los certificados de ambas comunas. Además restó importancia a tales certificados, ya que su presentación no era obligatoria. Por su parte, su defensor, Cúneo Libarona, afirmó que el desenlace judicial parece mostrar que “había que procesar a toda costa”.
En tanto, Da Rocha, representante de Eduardo Terranova, reclamó la nulidad de todo lo actuado por Rodríguez, como el procesamiento y el pedido de no innovar hacia la comuna, al argumentar que Filozof lo designó en “una elección arbitraria y parcial”, que “habilita la fundada sospecha” de que lo haya hecho con cierto interés. El juez Filozof finalmente pidió ser apartado de la cámara en los últimos días.
Desde la otra vereda, el ex juez Mariano Bergés, quien patrocina a Spinazzola, expresó a PERFIL que “lo único cierto es que la Justicia procesó a Publicidad Sarmiento y exigió al gobierno de Mauricio Macri a no habilitarle la licitación a esta empresa, cosa que no está cumpliendo”.
Spinazzola perdió la licitación y reclama también un resarcimiento en tribunales en lo civil. Sin embargo, no fue la única que quedó fuera de carrera que está interesada en el proceso contra Publicidad Sarmiento.
La batalla empresarial. Tres fuentes de la industria sugirieron a PERFIL que entre los principales interesados en el proceso judicial se encontrarían –además de Spinazzola– Viacart, la compañía que estaría vinculada a Hadad, dueño de los medios dueño del canal C5N, el portal Infobae y Radio 10.
Esta compañía quedó cuarta en la licitación y tenía serias posibilidades da quedarse con el negocio. Fue la responsable de apelar la sentencia que liberó de cargos a los Terranova y que derivó luego en los procesamientos a cargo del subrogante Rodríguez.
“La medida cautelar por la que el juez Rodríguez ordenó no innovar en la licitación estuvo a cargo de Viacart, no de Spinazzola. Primero fue Grupo al Sur, que tras ganar se desligó un poco de la causa. Pero luego estuvo Viacart, que fue aceptada como querellante. A partir de esa medida se ordenó suspender los términos de la relación entre Sarmiento y gobierno”, explicó el ex juez Bergés a PERFIL.
En realidad, según consta en la Inspección General de Justicia, no es Hadad el responsable de la firma, sino que la empresa está a cargo de Carlos Gaya y Alfredo Jacinto Díaz. En 1999, su director era José Luis Damato, quien hoy tiene acciones también, entre otras empresas, en Supergol SA, vinculada al periodista Marcelo Capurro, director de la revista Debate.
Sin embargo, “que Hadad está vinculado sale en todos lados, y nunca se encargó de desmentirlo”, señaló a este diario una fuente del sector, que no compitió en la contienda porteña.
En Publicidad Sarmiento también se vincula a sus rivales de Viacart con otro empresario de los medios, Sergio Szpolski, quien, en realidad, tampoco exhibe una relación directa con Viacart. “Las vinculaciones se arman por lo que publican los medios tanto de Szpolski como de Hadad”, dicen allegados a los hermanos Terranova. Aseguran que estos medios son utilizados para “tirar por una u otra empresa”.
Sobre este tema, la defensa de Terranova asegura que los empresarios son atacados en algunos medios, una estrategia que incluyó una acusación de “antisemita”.
Consultado por PERFIL, Szpolski negó tener vinculación con la empresa Viacart o intereses en la licitación por el mobiliario urbano porteño.
La trifulca por el mobiliario urbano, un negocio que supera los 120 millones de pesos por año de facturación, es además una estratégica fuente de influencia política. Será por eso que al secretario de Medios de la Nación le sigue interesando el tema. El funcionario consiguió nuevamente el contrato, esta vez con Grupo al Sur, que desde 2006 es propiedad de sus hijos y de su ex esposa, María de los Angeles Díaz.
Sobre esta empresa pesó en forma indirecta la denuncia del ex fiscal Anticorrupción Manuel Garrido, quien acusó a Albistur y a otros dos funcionarios de beneficiar a la compañía con publicidad oficial, por lo cual este funcionario fue citado esta semana a declarar a Tribunales. Al menos para el consejo de evaluación de la licitación, la acusación no tenía relevancia para el concurso.
Los Terranova fueron los principales ganadores de la licitación, y operan en mobiliario urbano de la Ciudad desde 1996. Tienen uno de los negocios más rentables, los llamados “chupetes”. Además mantienen la concesión en Mendoza, donde se encuentra su sede central, y operaron también en la ciudad de Tucumán (ver recuadro). Se hicieron públicamente conocidos gracias al hijo de uno de sus dueños, Orly Terranova, un destacado conductor del Rally París-Dakar y de la competencia que ahora se realiza en Argentina y Chile.
La puja política. El mobiliario urbano también se convirtió en los últimos meses en un tema de denuncias cruzadas entre diputados de la oposición y el gobierno encabezado por Mauricio Macri. La denuncia más grave es la que sostiene el “ibarrista” Eduardo Epszteyn, del bloque Diálogo por Buenos Aires. El legislador viene acusando a la comuna de haber otorgado a Publicidad Sarmiento el “mantenimiento” del mobiliario desde el 1º de enero de 2009, cuando Macri comenzó a hacerse cargo de las paradas de colectivos ante el vencimiento de las prórrogas de los contratos.
Contra el Gobierno pesan también otras acusaciones, que ahora son estudiadas por la Procuración de la Ciudad. Sucede que Macri habría incumplido la orden del juez Rodríguez de suspender el contrato con los Terranova hasta que haya sentencia firme.
Por la denuncia contra los Terranova también fueron acusados un ministro y otros tres funcionarios (ver recuadro). Mientras tanto, la comuna evita hablar de las “desprolijidades” y busca por estos días soluciones vía la Procuración.
También sigue comprometido el diputado Patricio Di Stéfano, quien habría firmado documentos relativos a la licitación como miembro del comité de evaluación cuando ya era diputado, lo cual es contrario a la ley porteña, explicó a PERFIL una letrada que asesora a Epszteyn en la Legislatura.
En la Justicia se debatirán en estos días los próximos capítulos de esta historia, quizá demasiado extensos y tediosos para los porteños, deseosos de al menos un buen reparo a la lluvia cuando esperan el colectivo.
