La semana última se conoció el alejamiento de la responsable de la Oficina de las Naciones Unidas encargada de la investigación y la lucha contra la corrupción dentro de esa organización.
Luego de cinco años de gestión, la sueca Inga-Britt Ahlenius se quejó de los recortes a la independencia de su oficina y de las dificultades a las que se vio sometida, en especial mediante la generación de estructuras paralelas y trabas a designaciones que promovió.
La funcionaria acusó al secretario general de la Organización, Ban Ki-moon, de ausencia de guía estratégica y de liderazgo y lo responsabilizó por un panorama que caracterizó como carente de transparencia, sin rendición de cuentas y sin signos de reforma a la vista.
El informe de Ahlenius, que constituye un mecanismo de evaluación y trabajo interno, llegó inusualmente a conocimiento público, poniendo en crisis la imagen del secretario general, quien al asumir había prometido que la transparencia y la rendición de cuentas serían la piedra angular de su gestión.
Entre sus críticas, la funcionaria, que ocupaba una alta jerarquía en la organización, atribuyó al secretario general lo que consideró una situación de decadencia y de deriva hacia la irrelevancia. Los voceros de Ban Ki-moon negaron las acusaciones, esgrimiendo el liderazgo desempeñado en terrenos como el cambio climático y el avance en los derechos de las mujeres.
En 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas creó esta oficina, conocida como OIOS por sus siglas en inglés, para que auditara los principales departamentos de la organización y condujera investigaciones sobre corrupción e irregularidades internas.
Si bien al constituirla se le garantizó “independencia operativa”, se la colocó bajo la autoridad del secretario general y se la sujetó a la dependencia administrativa y financiera de los departamentos que debía controlar.
En los últimos años la OIOS se habría enfrentado a órdenes superiores para no abrir determinados casos o para cerrar o cajonear investigaciones en curso.
Algunos de esos casos fueron promovidos originariamente por una unidad especial constituida entre 2006 y 2008 para investigar el célebre caso de corrupción en el programa Petróleo por Alimentos, diseñado por las Naciones Unidas en 1996 para aliviar a la población iraquí de las sanciones impuestas a su país por la invasión a Kuwait de 1990, que culminó con un escándalo generado por sobornos y abusos que involucraron a funcionarios y empresas de cuarenta países.
Entre otros aspectos que demuestran la falta de verdadero compromiso con el control interno, resulta llamativa la circunstancia de que el puesto de director de Investigaciones esté vacante desde 2006 y se encuentre cubierto por un funcionario interino cuestionado por integrantes de su propio equipo debido a la falta de profundidad en las investigaciones y por haber recortado el elenco de investigadores con experiencia en fraudes financieros y corrupción.
Ahlenius se retira sin que exista un reemplazante a la vista, pese a la recomendación formulada en ese sentido por la propia Asamblea General a fines de 2009. Existe preocupación por la posibilidad de que la OIOS languidezca y termine subordinada y sumida en la intrascendencia.
La experiencia dista de ser novedosa, ya que refleja problemas comunes a los órganos de control de la corrupción de todo el mundo, incluidos los acaecidos en nuestro país con ribetes que sorprenden por su semejanza.
El prestigio ganado por los líderes en otras áreas de políticas públicas no necesariamente se ve acompañado por una voluntad política genuina de avanzar en la lucha contra la corrupción y, muchas veces, las reformas son sólo cosméticas, arrastrando a aquellos que se involucran en esas experiencias a la frustración.
Mientras no se garanticen una real independencia y recursos suficientes para desarrollar investigaciones complejas y que lesionan intereses poderosos, la lucha eficaz contra la corrupción no dejará de ser una quimera y los sucesivos esfuerzos bienintencionados continuarán desvaneciéndose en el aire.
*Director de Justicia y Transparencia de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
