La primera puntada la dio con la toma de distancia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Fontevecchia. La segunda, con la aceptación de la prisión domiciliaria de un represor. Y ahora llegó el 2x1 para los delincuentes de lesa humanidad. Asusta y alerta la regresión de la Corte Suprema en temas que, como las violaciones a los derechos humanos, debieran formar parte de la cosa juzgada y no de marchas y contramarchas dolorosas.
Obviamente que hay una discusión jurídica (y no solamente) sobre si la ley debe ser igual para todos versus no todos los delitos son iguales. Una mayoría de la Corte abrazó la primera interpretación y la minoría la segunda, recordando que los convenios internacionales de derechos humanos a los que adhirió nuestro país a partir de la Constitución reformada en 1994 distingue a los delitos de lesa humanidad como permanentes e imprescriptibles, porque sus efectos continúan. Aquí, esto se traduce en que miles de argentinos no saben aún dónde están sus familiares desaparecidos o apropiados durante la dictadura.
El hecho de pensar en cruzarse por la calle a asesinos, torturadores y secuestradores es un retroceso ya padecido por estas latitudes. Los indultos de Menem, sin embargo, no fueron castigados por una sociedad sinuosa y frágil de valores.
La Corte, que llegó a este fallo en medio de una dura interna (como ya se relató semanas atrás: e.perfil.com/bombita-lorenzetti), deberá enfrentarse a la rebelión judicial que ya se expuso ayer en PERFIL. Tribunales orales, jueces y fiscales ya fallaron en oposición a la sentencia de los cortesanos. Y habrá más pronunciamientos en esa línea, con la idea de que sea la Corte la que se haga cargo de fallar en cada expediente. Pero también es de prever que ciertos sectores de la Justicia liberen más rápido que tarde a varios condenados. Más de 250 tendrían esa posibilidad según la Procuración.
Contra lo que algunos creen, en la Corte niegan que el Gobierno haya intentado influir en este tema. Es cierto que poco ayuda a Cambiemos que algunos funcionarios no hayan sido tajantes con la condena a la dictadura, con la estúpida discusión sobre el número de desaparecidos o con el respaldo que recibieron de personajes ultramontanos del planeta anti K. Tampoco que de los tres votos de la Corte, dos fueran de los jueces propuestos por el Gobierno. Y menos contribuye que funcionarios de peso demoraran hasta ayer para un rechazo claro del fallo de la Corte, hecho por boca del jefe de Gabinete. Probablemente sin buscarlo, la administración Macri se ha metido otra vez en un problema político del que, como lo demostró rápidamente, el kirchnerismo residual buscará sacar tajada.
Eso, igual, no es nada al lado del retroceso institucional, social y democrático que implica volver a discutir problemáticas que creíamos parte del pasado. Volvieron, tristemente.
